Es habitual escuchar que la culpa de la muy complicada situación financiera de las Administraciones Públicas deriva esencialmente del “rescate a la banca”. De hecho, la creciente reivindicación de una “auditoría ciudadana de la deuda” deriva de este presupuesto fáctico: las administraciones públicas carecen de margen para implementar “políticas sociales” porque están asfixiadas por los intereses ilegítimos de una deuda ilegítima que, consecuentemente, debería ser repudiada.

El mantra se ha extendido tanto que se ha convertido en una verdad completamente establecida e indisputable, pese a que de entrada parece una tesis escasamente verosímil: a finales de 2014, España tendrá aproximadamente 1,02 billones de euros de deuda pública, de los cuales apenas 60.000 millones (es decir, 0,06 billones) habrán sido emitidos para rescatar a la banca. No parece muy razonable sugerir que el 6% del total de deuda explica la gestación del 100%.

Acaso por ello, la tesis de que nos hemos endeudado para rescatar a la banca ha mutado parcialmente: por “rescate” a la banca ya no cabe entender únicamente la deuda emitida para inyectar capital en las entidades financieras, sino también los intereses “excesivos” que el Tesoro ha pagado por la deuda pública. Ya saben: el Banco Central Europeo les presta dinero a los bancos “gratis” y éstos compran deuda pública a altos tipos de interés, embolsándose la diferencia en forma de beneficios que, a la postre, sirven para reforzar sus posiciones de capital.

Dejando de lado que la mayoría de deuda pública española no está en poder de los bancos españoles (éstos no alcanzan a tener el 30% del total de deuda), la tesis sigue sin ser convincente: más del 85% de nuestra deuda actual no está vinculada ni con el rescate a la banca ni con los intereses “excesivos” que hayamos podido abonar.

Hagamos unos pocos números: supongamos que a partir del año 2009, el Banco Central Europeo nos hubiese refinanciado al 2% toda la deuda que iba venciendo así como las nuevas emisiones (el 2% es inferior al tipo de interés medio que hoy abona, por ejemplo, el Tesoro estadounidense, tan beneficiado por las compras de deuda de la Reserva Federal). Supongamos, además, que no hubiésemos rescatado a los bancos. Y supongamos, por último, que, al no tener que emitir deuda para financiar el pago de intereses por encima del 2% o para rescatar a la banca, en los sucesivos ejercicios tampoco hubiésemos pagado intereses por toda esa deuda no emitida. ¿Cuáles habrían sido nuestros déficits públicos desde el año 2009?

Como vemos, hasta el año 2011 prácticamente todo el déficit era “legítimo” (en el sentido de que no iba dirigido a rescatar bancos y apenas pagaba intereses excesivos sobre las nuevas emisiones de deuda). A partir de 2012, año de la recapitalización integral de las cajas españolas, la cosa ya cambia y crece la porción del déficit explicable o por las inyecciones de capital a la banca o por los intereses “excesivos” (y por los intereses pagados por la deuda emitida para financiar estas dos partidas). En el año 2014, aproximadamente un tercio del déficit podría ser tildado como “ilegítimo” bajo estos criterios: pero, aun así, seguía habiendo un déficit “legítimo” de 40.000 millones de euros tras todas las subidas de impuestos y todos los recortes del gasto vividos desde 2012.

De hecho, en absoluto puede sostenerse que los intereses excesivos estén a día de hoy devorando el presupuesto público e impidiendo la ejecución de políticas sociales mucho más ambiciosas. A simple vista es fácil comprobar que la cuantía de los intereses sigue siendo absolutamente irrelevante dentro del gasto público total de España.

Tampoco podrá afirmarse, como ya habíamos anticipado, que nuestra deuda pública actual derive de los intereses excesivos o del rescate a la banca: más del 85% de toda esta deuda no está relacionada ni con una ni contra partida.

En suma: no es cierto que la gigantesca deuda pública provenga en una parte significativa del rescate a la banca. Ni siquiera bajo los supuestos más favorables para los partidarios de una auditoría ciudadana de la deuda (ausencia de recapitalización bancaria e intereses medios del 2% para el conjunto de las emisiones) cabe afirmar que la causa última del déficit sea el rescate a la banca. Que la socialización de las pérdidas de las cajas de ahorro haya sido una canallada (y lo ha sido) no implica que el agujero de las Administraciones Públicas provenga de ahí: nuestros problemas siguen siendo que el Estado sigue gastando muchísimo más de lo que debería. Lejos de apuntar hacia la deuda ilegítima habría que señalar hacia el gasto público ilegítimo: ése es el auténtico enemigo de nuestra prosperidad y de la justicia social.