Parece una decisión tomada y que genera consenso entre autoridades del gobierno federal y legisladores de los principales partidos: rescatar a los ahorradores defraudados por Ficrea, con dinero público. Preocupa porque en el fondo, es un hecho que se va a recurrir a toda clase de eufemismos para ocultar la innegable realidad: a final de cuentas seremos los contribuyentes los que tendremos que reparar el daño a un grupo de ahorradores privados, y no solo los presuntos responsables de la comisión del delito, como debería ser.

La posición de los defraudados es más que comprensible, pues se conocen historias estremecedoras de gente que puso en esta sociedad financiera los ahorros de toda una vida. Pese a ello, el fisco no tiene por qué ser el que pague los platos rotos. Que cada uno asuma su responsabilidad.

Ahora bien, el problema es sobre todo para quienes tenían en Ficrea fondos que sobrepasan el límite que la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), les establece como garantía gracias a su Fondo de Protección. Según el Artículo 105 de dicha ley, el Fondo cubrirá los depósitos hasta por un equivalente a 25 mil UDIS por persona física o moral, esto es, poco más de 131 mil pesos a la fecha en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le retiró la autorización para operar como Sofipo, hace un mes.

La prueba de que hay consenso para este “rescate” se consumó la semana pasada durante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, en la que participaron