En el mundo se libra una verdadera guerra entre la libertad y el sometimiento. Los defensores de la primera, por desgracia, están en franca desventaja por una razón: enfrente no solo tienen a los poderes que, tras bambalinas, pretenden dirigir los destinos de la humanidad hacia donde les conviene, sino a sus agentes defensores: el Estado intervencionista. En esta gran guerra se libran batallas en múltiples frentes que, justo por estar ante nuestros ojos, para muchos pasan desapercibidas.

En el plano monetario, por ejemplo, el siglo pasado fue un “round” ganado por los enemigos de la libertad y el dinero real –el oro y la plata, a los que poco a poco lograron sacar de la escena para empoderar a una terrible bestia: el fraudulento dinero fíat, de papel, basado en la deuda. El rey de este esquema terminaría siendo nada menos que la divisa de la máxima potencia de esa centuria: el dólar estadounidense. Por eso, para quienes conocen tanto el trasfondo como los motivos de los titiriteros que manejan –intelectual y materialmente– a los intervencionistas, no es ninguna sorpresa que el resultado de sus malas acciones sea siempre el de crisis globales recurrentes. Es la estrategia. Y es que al empeorar cada vez más, se convierten en el pretexto perfecto, en una especie de ataque macroeconómico de “falsa bandera”, para justificar las restricciones que pretenden imponer a las libertades económicas de las personas. Sobra decir que todas las demás, en automático, también son violentadas. La cantaleta siempre es la misma: esto es culpa del mercado, urge la visible mano estatal. Por eso Ludwig von Mises advirtió en muchas ocasiones que nos dirigíamos hacia un peligroso dominio estatal sobre los habitantes de la Tierra.

Como si fuera poco el daño que le causa a la humanidad ese sistema de dinero fíat, el Estado intervencionista –como arma del gran poder detrás de la cortina, no se conforma, pues aspira a controlarlo todo. En vez individuos libres, pensantes, demanda buenos soldados que hagan lo que se les ordena y nada más. Es debido a ello que, como el “Gran Hermano” que es, quiere saber e  identificar los movimientos de sus ciudadanos, por supuesto, muy en especial lo que tenga que ver con su dinero. Cuánto ganan, cuánto tienen que pagar de tributo a su derrochador “rey” y en qué lo gastan, se vuelve información que el Estado y sus secuaces desean con avidez.

No es casualidad entonces que busque siempre formas de lograrlo. La complicidad entre intervencionistas y banqueros, por tanto, es fundamental. Los últimos, para allegarse en todo momento de recursos frescos y evitar la bancarrota –inevitable desenlace por cierto dentro de todo sistema de reserva fraccionaria como el actual, necesitan que por ellos, y solo a través de ellos fluya la absoluta la mayoría de crédito y en general, cualquier operación financiera. En otras palabras, no basta con castigar por medio de la inflación a los ahorradores que guardan su dinero “debajo del colchón”, sino que además, hay que obligarlos a que presten sus recursos al banco. Es un error grave considerar que el efectivo se “deposita” en dichas instituciones, pues bajo el esquema universal al que hemos aludido, en realidad lo que se hace es otorgar crédito a los banqueros, que nunca tienen suficiente para liquidar la totalidad de sus pasivos.

Claro está que para aquella coacción, los banqueros necesitan que sus cómplices en el Estado, vayan limitando cada día el uso de instrumentos que doten de privacidad a los entes económicos, como el efectivo. Es por esto que el uso de billetes está bajo ataque en todo el orbe, y ha dado como resultado que en las economías más importantes, existan  prohibiciones a su uso a partir de determinadas cantidades.

El órgano internacional encargado de operar estas acciones es el “Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero” (GAFI o FATF por sus siglas en inglés), cuyos objetivos según su portal de internet son: “establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operacionales para combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional” (énfasis agregado). La actividad del GAFI inicia con sus propios miembros, incluido México, pero monitorea también al resto de países para promover la adopción de sus recomendaciones.

Es decir, llegamos al punto en el cual cargar con “mucho” efectivo –a criterio de burócratas y/o legisladores que los establecen, se ha vuelto motivo suficiente para presumir la comisión de un delito al querer comprar, por ejemplo, joyas, autos o bienes raíces pagando con efectivo. Así que quienes antes buscaban evitar los peligros de una quiebra bancaria acumulando billetes o por mero deseo –gracias a que no desaparecen como sí puede ocurrir con sus “depósitos”, pasan de la categoría de disciplinados y conservadores ahorradores al de presunto delincuente. Bajo el pretexto del combate al crimen pagan justos por pecadores, y quienes se dedican a actividades ilícitas continúan trabajando de cualquier forma. Claro, lo anterior sin mencionar que el mismo papel moneda no da más garantía que la que reside en la confianza del público, respecto al banco central que los emite. Ante la crisis de divisas que vendrá, confianza en ellos es lo que menos habrá.

De manera que la sola posesión de “altas cantidades” de efectivo es sospechosa. Se presume pues nuestra culpabilidad en la comisión de un delito financiero, no la inocencia como debería ser. Un Estado policíaco. Esta situación es nuestra “nueva normal”, un abierto atentado contra la libertad y dignidad de las personas. Un paso adelante en su proceso de sometimiento que no debe pasar desapercibido, pues como parte de un todo, lo que no contribuye a la garantía de propiedad privada y al libre desarrollo de las capacidades empresariales, implica un retroceso en cuyo extremo, pone en riesgo la existencia misma de nuestra civilización.