El ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, revelaba en una reciente entrevista que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le ofreció ayudas estatales para reflotar su compañía, el Grupo Marsans, a cambio de que la CEOE apoyara la reforma laboral que el Ejecutivo socialista estaba promoviendo en 2009. Díaz Ferrán se queja amargamente en la entrevista de que su oposición a este cambio normativo le terminó costando la denegación de las ayudas públicas y, en última instancia, la supervivencia de su emporio empresarial.

Los habrá que vean en este caso el enésimo ejemplo de hipocresía y despotismo gubernamental de Zapatero, por cuanto este neorrepublicano mandatario no dudó en instrumentar el aparato estatal para dominar y arramblar con sus enemigos ideológicos. Otros, en cambio, lo tomarán como un ilustrativo referente de que la casta empresarial española sólo es capaz de sobrevivir y medrar a la sombra del poder. Tanto unos como otros acertarán en su diagnóstico, si bien el problema que pone de manifiesto esta más que verosímil narración de Díaz Ferrán es uno mucho más profundo: el desproporcionado poder que el Estado tiene sobre nuestras vidas y cómo, debido a ello, todos los lobbies tratan de parasitarlo y utilizarlo en su privativo beneficio.

O dicho de otra forma, si algo ilustra la anécdota de Díaz Ferrán son los continuos tejemanejes y las frecuentes negociaciones que nuestra casta política mantiene con nuestra casta empresarial (en la que no se incluyen, ni mucho menos, todos los empresarios españoles). Se trata de un más que obsceno do ut des: la casta política le concede privilegios regulatorios o dinero de los contribuyentes a los empresarios bien posicionados e incapaces de prosperar por sus propios medios en un mercado libre y competitivo; y, a cambio, esos empresarios le brindan su apoyo y simpatía al poder político. Idéntico mercadeo ilegítimo al que se produce entre políticos y funcionarios, políticos y medios de comunicación, políticos nacionales y políticos supranacionales, políticos y gremios, o políticos y grupos de electores organizados.

En todos los casos, el convidado de piedra en tales contubernios siempre es el ciudadano que deliberadamente se mantiene ajeno a la arena política y que opta por vivir de manera virtuosa dentro de la sociedad civil. No en vano, la política estatal es el arte de traficar con las libertades de los ciudadanos desorganizados para maximizar, por un lado, las probabilidades de permanencia en el poder de los políticos y, por otro, las prebendas de los grupos de presión que orbitan alrededor del Estado.

Imagino que pocas personas, tanto las partidarias del Estado gigantesco como los defensores del menor Estado posible, se negarán a reconocer que esta trama de corruptelas y de reparto de favores a costa del ciudadano constituye un problema básico para todo Estado. El punto de discrepancia será cómo lograr minimizar o erradicar estas perversas relaciones entre los políticos y sus clientes (sean estos o empresarios, o burócratas, o electores o grupos de comunicación). Para quienes poseen una fe infinita en el Estado, la solución pasará por crear un mayor número de supervisores y de controles ciudadanos sobre la acción de los políticos… como si un mayor número de burócratas no significase un mayor número de ocasiones y oportunidades para que esos burócratas se corrompan.

En cambio, para quienes desconfían del poder absoluto del Estado, la solución no puede pasar por reclamarle a la bestia que se autocontrole, sino por reducir todo lo posible su poder. Por supuesto, siempre habrá empresarios, periodistas, burócratas o electores con ánimo de corromperse: pero si hoy son capaces de corromperse traficando con nuestras libertades, es simplemente porque tienen acceso al BOE, y tienen acceso al BOE porque les concedemos a los políticos la autoridad para colocar en un trozo de papel denominado “BOE” cuantas provisiones normativas consideren oportunas.

Si, en cambio, los ciudadanos no les reconociéramos a los políticos la autoridad para, por ejemplo, otorgar subvenciones, créditos ICO, licencias, concesiones u otros beneficios públicos a los empresarios, no habría empresarios moscardones que se acercaran a ellos para no conseguir nada. Es la casta política la que endógenamente genera la aparición de una casta empresarial con la que trapichear a nuestra costa: son las prebendas estatales las que osifican una oligarquía privada con acceso privado al BOE.

Pero es necesario insistir una vez más en que el verdadero problema no es quién escribe el BOE, sino aceptar servilmente que haya un documento denominado BOE con derecho a hiperregular los más variopintos aspectos de nuestra vida. Siendo así las cosas, ¿cómo no van a aparecer lobbies externos e internos a la Administración Pública deseosos de aprovecharse de él? Nosotros somos los primeros que permitimos que se aprovechen: a partir de esa infraestructura de servidumbre voluntaria, la superestructura de intercambios de favores entre los distintos grupos oligárquicos va de suyo.