La podemización de la vida política española avanza imparable. El discurso de que España es un paraíso fiscal para los ricos ha calado ampliamente en nuestra sociedad y todos los partidos se apresuran en prometer nuevos impuestos sobre la riqueza para que las grandes fortunas “contribuyan equitativamente” al mantenimiento de nuestro Estado sobredimensionado. UPyD se ha mostrado favorable a la generalización del Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones, incluso en aquellas comunidades que, como la de Madrid, carecen de ambos; el PSOE ha prometido recientemente nuevos impuestos sobre la riqueza (eliminación de exenciones y del límite conjunto en Patrimonio e IRPF o aumento del gravamen en sicavs y fondos de inversión) para que las grandes fortunas paguen más; e incluso Ciudadanos se ha desmarcado de su discurso habitual pidiendo el restablecimiento de Sucesiones en Madrid.

Pero, ¿es verdad que España es un paraíso fiscal para los ricos? ¿Es verdad que otros Estados europeos pueden desarrollar una redistribución de la renta mucho más intensa porque gravan de un modo más decidido la riqueza? Pues no, no es verdad. Si acudimos a Eurostat, descubriremos que en 2012 España fue el sexto país de la Unión Europea que más recaudó por impuestos sobre la riqueza: en concreto, el equivalente al 2,8% del PIB…el doble que países a los que supuestamente muchos quieren emular como Finlandia o Suecia.

Otra métrica que podríamos emplear para comparar la importancia de los impuestos sobre la riqueza en España frente al resto de países europeos es el peso de su recaudación sobre el conjunto de ingresos fiscales del Estado. Al cabo, un Estado puede recaudar mucho de la riqueza en términos absolutos pero poco en términos relativos: por ejemplo, un país donde la presión fiscal sea del 50% del PIB y el 5% del PIB provenga de impuestos sobre la riqueza trata relativamente mejor a sus ricos que uno donde la presión fiscal sea del 4% del PIB y la mitad de esa recaudación (el 2% del PIB) procede de gravar la riqueza.

Así pues, ¿cambia el ranking anterior cuando medimos la recaudación por impuestos sobre la riqueza con respecto a la recaudación total? Sí, sí cambia y para peor: según esta métrica, España es el cuarto país de Europa con una mayor fiscalidad sobre la riqueza. En concreto, el 8,6% de todos los impuestos proceden de ahí… casi tres veces más que en Suecia o Finlandia.

En otras palabras, dada la sobrerrepresentación de los impuestos sobre la riqueza dentro de la recaudación global de la Hacienda española, incluso aquellos partidos que desean incrementar los ingresos del Estado deberían optar por subir otros impuestos distintos a los que gravan la riqueza. ¿Cuáles? Pues aquellos en los que recaudamos más poco comparado con el resto de la Unión Europea, por ejemplo en los impuestos sobre el consumo: España es el país de toda la Unión Europea que menos recaudó en 2012 por tributos sobre el consumo.

Evidentemente no estoy abogando por una subida de los impuestos sobre el consumo porque, en esencia, no estoy abogando por ningún tipo de subida de impuestos y sí por enérgicas reducciones del gasto público. Ahora bien, aquellas personas que promuevan un Estado mayor deberían, en coherencia, impulsar subidas de los gravámenes sobre el consumo. Si ello no sucede, si a pesar de que todos los partidos ambicionan más gasto público y todos reclaman renovadas subidas de impuestos, ninguno se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato de la tributación sobre el consumo, es básicamente porque la competición electoral se ha convertido en un modo de aunar el apoyo de las mayorías para explotar y laminar a las minorías. Dado que la mayoría de la gente no quiere pagar más impuestos pero egoístamente sí quiere que los demás los paguen, resulta electoralmente suicida proponer impuestos que afecten al grueso de la población: los impuestos han de concentrarse en las minorías irrelevantes desde un punto del recuento de votos.

Pero si, al final, todo pasa por defender redistribuciones de la renta que me beneficien a mí personalmente (“no quiero pagar ningún impuesto y quiero recibir el mayor gasto público posible”), si la fundamentación última de la razón pública de los tributos es mi interés personal camuflado bajo el manto de la falsa autoridad estatal para el ejercicio de la violencia, entonces digámoslo sin ambages: “nos da igual que España sea uno de los países europeos que más maltrata la acumulación de capital; lo que de verdad nos importa es quedarnos con tú riqueza”. Sin más. Así, al menos, iremos siendo cada vez más conscientes de la verdadera naturaleza del Estado.