La inmensa mayoría de andaluces dictaminaron el pasado domingo que la región, tras más de 35 años de predominio socialista, no necesita de un cambio de gobierno ni, lo que es verdaderamente importante, de un cambio de política económica. Ninguna de las tres fuerzas políticas más votadas —PSOE, PP y Podemos— ofrecía nada que fuera sustancialmente distinto a lo que los andaluces han venido recibiendo desde hace décadas: impuestos, gasto público, subsidios, burocracia e hiperregulaciones.

Las diferencias entre los candidatos apenas aparentaban ser formales pues en el fondo Susana Díaz, José Manuel Moreno Bonilla y Teresa Rodríguez están cortados por un mismo patrón ideológico: el patrón de pensar y actuar como si los andaluces fueran incapaces de prosperar sin el paternalista aliento y el asfixiante control del dirigismo de la Junta. Y, a la luz de los resultados electorales, es obvio que muchos andaluces se han creído —o se han querido creer— tan reconfortante narrativa: no son ellos, sino los providentes políticos enchufados a la carísima subvención de la “solidaridad interterritorial” del resto de España, quienes han de sacarles las castañas del fuego redoblando las mismas políticas pauperizadoras que los han condenado al estancamiento más absoluto.

Basta atender a los datos para comprobar que los males de Andalucía no están vinculados a la actual crisis económica, sino que son endémicos al desastroso régimen económico instaurado por el parasitario régimen político: como es bien sabido, la región tiene hoy una tasa de paro del 34,2%, más alta que la de ningún otro país en el mundo; sin embargo, lo verdaderamente grave y descorazonador es que su tasa media de desempleo durante los últimos veinte años ha sido de casi el 25%, a saber, ocho puntos por encima de la tasa media española y el doble que otras autonomías como Madrid o el País Vasco. Dicho de otra forma: la tasa de paro excepcionalmente alta de una Grecia en bancarrota y con perspectivas de salir del euro es la tasa de paro normal de Andalucía.

Una perspectiva similar nos la proporciona su renta per cápita de apenas 16.600 euros, menos del 75% de la media nacional (22.300 euros) y menos del 60% de la renta per cápita madrileña (28.900 euros)  o vasca (29.900 euros); porcentajes idénticos, para más inri, a los que ya exhibía la región hace 20 años: es decir, en dos décadas, Andalucía no ha convergido nada con el resto de España ni tampoco con sus regiones más ricas. Acaso se alegue que los ricos siempre cuentan con más recursos para crecer, pero semejante razonamiento sería engañoso: durante los últimos 20 años, las áreas del planeta que han crecido con una mayor intensidad han sido las más pobres, no las más ricas: Andalucía bien podría haber optado por convertirse en un foco nacional e internacional de atracción de capitales, pero, en su lugar, la Junta prefirió especializarse en captar subsidios de los contribuyentes españoles.

Así, según las últimas balanzas fiscales publicadas por el Ministerio de Hacienda, la Junta recibe cada año una transferencia de 7.500 millones de euros del resto de españoles: una media de 900 euros anuales por andaluz. Extraordinaria transferencia costeada, en esencia, merced a los 16.700 y 8.500 millones que anualmente les son arrebatados a madrileños y catalanes (2.200 euros por madrileño y 1.300 euros por catalán) para ser arrojados al viciado sistema de financiación de burocracias autonómicas.

Es, de hecho, ese viciado sistema de financiación burocrática el que ha destruido cualquier incentivo institucional a permitir que la región andaluza se enriquezca al margen del controlador paraguas estatal: sin ir más lejos, el 19,5% de todos los trabajadores andaluces son empleados públicos, dos puntos más que en Madrid (donde se reúnen la gran mayoría de funcionarios de la Administración Central) y siete puntos más que en Cataluña. Ahí tienen el disparate: la burocracia que vive de los impuestos de madrileños y catalanes se sobredimensiona por encima de las propias burocracias madrileñas y catalanas. ¿Cómo van sus élites extractivas a permitir el desarrollo de la economía andaluza si, manteniéndola en la pobreza, han conseguido acrecentar su poder burocrático más que en cualquier otra región rica de España? No sólo eso: ¿cómo van la mayoría de andaluces a renunciar a compartir las mieles de este cómodo sistema de extracción de rentas si han terminado por adaptarse y aclimatarse a él?

Andalucía podría y debería haberse desarrollado en estos últimos 40 años convirtiéndose en una tierra de oportunidades: oportunidades para para los ahorradores, para los inversores, para los autónomos, para las pymes y para las multinacionales. En su lugar, se ha convertido en una tierra de oportunidades para burócratas, políticos y conseguidores. Por eso, que su renta per cápita se halle por debajo de la de Grecia y su tasa de paro por encima es irrelevante: no son argumentos de peso para motivar un cambio radical en la fracasada política económica socialista aplicada durante décadas. Lo que importa es mantener el pesebre extractivo del que, en última instancia, se ha acostumbrado a vivir buena parte de su población.