En enero dedicamos dos artículos a “El Estado policíaco y la guerra contra el efectivo”. Explicamos que el poder intervencionista estatal tiende cada día más a controlar todo en la vida de sus ciudadanos, y que para ese fin, era indispensable “evolucionar” hacia métodos de pago que le quitaran a estos la confidencialidad en sus operaciones. El pretexto perfecto es el combate a la minoría que se dedica al crimen organizado y al lavado de dinero –aunque los delincuentes sigan operando siempre a pesar de las restricciones, pero en el fondo de lo que se trata es de ampliar la vigilancia sobre la absoluta mayoría de ciudadanos. Esa tendencia es global.

Así, el dinero fíat –la misma moneda de curso legal de cada país, pierde valor por decreto para determinadas transacciones y montos. Por ejemplo, en México la llamada “Ley Antilavado” de dinero establece perniciosos límites y prohibiciones al uso de efectivo en actividades que considera “vulnerables”. A propósito, en el Senado la legisladora Blanca Alcalá encabezó las negociaciones para presentar una iniciativa que permitiera aflojar esa camisa de fuerza. Sin embargo, aunque ya está en comisiones no se ve para cuando pueda caminar en el Congreso.

De modo que el círculo de complicidad Estado-banqueros se cierra: entre menos operaciones haya fuera del sistema electrónico bancario, habrá más control sobre los ciudadanos, registro sobre sus gastos, lugares y hábitos de compra, pago de impuestos, etc. Mientras tanto, gracias al sistema de reserva fraccionaria, entre más recursos cautivos tienen los bancos más dinero pueden crear para su lucrativo negocio. El sueño de ambos es un mundo en el cual todo movimiento financiero pase por los ojos y manos de estos “Big Brothers”.

Pues bien, esta guerra contra el efectivo –que en esencia es una lucha contra la libertad individual, parte de que todo aquel que lo utilice puede ser sospechoso de la comisión de un delito, de “atentar” contra el Estado o alguna de sus instituciones. Claro está, el criterio a partir de cuánto se considera “mucho” queda a consideración de legisladores, funcionarios oficiales y banqueros.

El problema que el uso de efectivo representa –conforme la siguiente etapa de la crisis financiera mundial se aproxima, los está orillando a proponer, de plano, su abolición.

Por ejemplo, Bloomberg dio a conocer hace unas semanas cómo Willem Buiter, de Citi, aseguró en un artículo que el efectivo se vuelve una piedra en el zapato de los banqueros centrales, pues impone un límite de hecho a su política de reducir las tasas de interés para “estimular” la economía. Y es que como aquí también hemos explicado, las políticas laxas de los bancos centrales propician el aumento en la especulación, encarecimiento de los bonos y que las tasas de interés se proyecten a terreno negativo. Algunos de ellos ya hasta cobran esa penalización por tener depósitos. Ante eso, los inversores se preguntan: ¿para qué tener estancado el dinero prestándoselo a alguien que nos devolverá menos? Retirarlo y ponerlo en un lugar seguro se convierte poco a poco en una mejor opción que ya está comenzando a suceder.

Para evitarlo, Buiter propone: abolir el efectivo, remover el tipo de cambio fijo entre éste y los depósitos bancarios y gravarlo con impuestos. Los tres, son focos amarillos que los ciudadanos no debemos perder de vista, pues nos están adelantando lo que podrían hacer: robarnos en un nuevo frente con todas las de la ley. La abolición del efectivo, aunque difícil, podría hacerse en algunos años en países desarrollados, pero en uno como México sería imposible todavía. Eso significa que las naciones en desarrollo, en caso extremo, podrían preferir las opciones dos y tres de la propuesta Buiter.

Su conclusión es que, aunque sí hay desventajas para lo que pretende, estas son “débiles” en comparación con los supuestos beneficios que se obtendrían. Aunque no lo digan, lo que quieren es presionarnos para gastar nuestro dinero en “beneficio” de la economía, y que su política monetaria funcione como se supone debería hacerlo.

En este sentido, no sorprende la nota del medio suizo SRF, que en marzo informó cómo un fondo de pensiones pensó evitar la tasa negativa que impusieron en ese país sobre los depósitos, simplemente retirándolos. Un administrador estimó que así, aun descontando los costos, por cada 10 millones se ahorraría unos 25 mil francos. No obstante, el equipo de investigación de SRF corroboró que ese “gran banco suizo” se negó a hacer la entrega del efectivo en montos tan grandes.  El presidente de la asociación de fondos de pensiones, Hanspeter Konrad, se queja de la influencia que el Banco Nacional Suizo está ejerciendo sobre los bancos privados. Según SRF, dicho banco central ha expresado su “recomendación” a los privados para que “tomen las solicitudes de retiro de manera restrictiva”.

Como aquí hemos explicado, las políticas de los banqueros centrales nos seguirán llevando a aguas inexploradas de las tasas de interés negativas en cada vez más países y mercados. De confirmarse, en lo que respecta a la guerra contra el efectivo, aún no hemos visto nada.