Las empresas tienen dos vías para competir: una, tratando de generar un mayor valor para el consumidor; la otra, cabildeando al poder político para que les otorgue privilegios o para que destruya a sus rivales. La mal llamada “legislación en defensa de la competencia” es uno de esos viles mecanismos instituidos por el Estado para que unas empresas logren en la trastienda política lo que han sido incapaces de lograr en la gran tienda del mercado libre: desde sus orígenes, un eufemismo para enmascarar la extorsión política de las compañías triunfadoras.

La última proeza de la Comisión Europea a este respecto no se sale de tan deplorable guion histórico. Bruselas amenaza con sancionar a Google por abuso de posición dominante en la promoción de su plataforma de compras, Google Shopping. Sí, Google Shopping. Un servicio de compras a través de internet donde el gigante de Mountain View goza de un dominio tan absoluto que usted probablemente ni lo conozca ni, mucho menos, lo haya usado en su vida para efectuar adquisición alguna.

Para sonrojo de Europa, huelga constatar lo obvio: que en el mercado de ventas por internet, los monarcas absolutos son Amazon y Ebay, no Google. Acaso porque, justamente, ofrecen un mejor servicio a este respecto. ¿Por qué entonces cebarse contra el Google Shopping? Según la Comisión, porque el buscador de Google -que sí es mayoritariamente usado en Europa por ser mucho mejor que sus rivales más conocidos- privilegia los resultados arrojados por Google Shopping frente a los de sus competidores directos. ¡Anatema! Una empresa buscando aprovechar las sinergias entre sus distintos productos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué será lo siguiente? ¿Que esRadio dé prioridad en sus programas a las noticias de Libertad Digital frente a las de El País o El Mundo?
La acusación, no por disparatada, tiene menores visos de triunfar. Tal vez más. No en vano, por ejemplo, Microsoft ya sufrió en sus carnes una multa de 500 millones de euros en 2004 por la muy predatoria práctica de llevar instalado gratuitamente de serie con el Windows XP ese programa de reproducción audiovisual tan poco funcional como es Windows Media Player. La lógica y el sentido común entran en suspenso cuando tratamos de políticas de defensa de la competencia: y por eso Google bien podría ser sancionado con hasta 6.000 millones de eurospor el mero hecho de reservarse las mejores posiciones en su serviciogratuito de búsqueda.

Sí, subrayen: “su” servicio (porque, de momento, no ha sido nacionalizado por la Comisión Europea) y “gratuito” (porque no olvidemos que Google presta su buen servicio de búsquedas en internet de manera gratuita para el usuario). Pero ninguna de ambas razones parecen ser suficientes como para exonerar a la compañía de la voracidad recaudatoria de Bruselas: por lo visto, no sólo has de otorgar el servicio gratuitamente, sino que además has de hacerlo bajo las arbitrarias directrices de los eurócratas.

Al final, el asunto es muy simple. La competencia no debería ser entendida como la inexistencia de “poder de mercado” ante la multiplicidad de alternativas igualmente valiosas: por definición, la empresa que ofrezca un mejor servicio a los consumidores gozará de “poder de mercado”(poder otorgado por los propios consumidores), en tanto en cuanto éstos estarían en posición de alegar que se encuentran maniatados por “cadenas de oro”. Lo que caracteriza la verdadera competencia, en cambio, es que los consumidores gocen de “libertad de salida” (que no estén obligados a contratar con ninguna empresa concreta) y que los rivales gocen de “libertad de entrada” (que nadie les prohíba ejercer la competencia contra una empresa determinada).

Justamente, ambos requisitos se cumplen de manera viva en internet, donde ni siquiera existen costes relevantes para que el usuario cambie al instante de proveedor: si a éste no le agrada cómo Google le “amaña” los resultados, dispone de Bing, Yahoo o DuckDuckGo a un click de distancia. Nada más. Si así lo desea, no es necesario que regrese jamás por el manipulador portal de Google. Pero, precisamente porque todo usuario ya dispone de semejantes opciones, resulta inadmisiblemente liberticida que los eurócratas quieran controlar cómo proporciona Google sus servicios so pena de expropiarle 6.000 millones de euros.

No se equivoquen: la denuncia contra Google por parte de la Comisión Europea escapa a cualquier racionalidad económica y jurídica. Es una simple inquisición política para sablear a la compañía, para contentar a sus incompetentes competidores y, sobre todo, para poner de manifiesto quién manda en Europa: no los ciudadanos, sino los burócratas.