La situación financiera griega no ha parado de agravarse en los últimos meses. La combinación de una economía destrozada, de un Estado insolvente y de un gobierno kamikaze constituye un polvorín de cuasi imposible solución.

Si Syriza se niega a bajar el gasto, si el mortecino sector empresarial no será capaz de proporcionar ingresos y si ya nadie confía en prestarles un solo euro, es obvio que la solución resulta insostenible a menos que los contribuyentes europeos sigamos costeando la burbuja estatal de la península helénica tal como hemos hecho hasta la fecha.

Sin embargo, y en contra de lo que uno hubiese sido capaz de imaginar, hasta el momento los dirigentes europeos no parecen dispuestos a bajarse enteramente los pantalones para evitar que Grecia quiebre y, consiguientemente, salga del euro. Farol o no farol, en esta ocasión no se ha extendido un cheque en blanco a los gobernantes griegos y, por tanto, el tic-tac de los números rojos sigue avanzando. De ahí que actualmente no quepa descartar el escenario de una bancarrota total del país.

Ante ello, Syriza tiene dos opciones principales: o regresar a la dracma para sufrir depreciaciones de hasta el 80% en el valor de su divisa; u obligar a sus ciudadanos a que compren la apestada deuda pública nacional que nadie quiere adquirir en los mercados financieros globales.

Justamente, esta última opción es la que, desde hace varios días, el propio Banco Central Europeo y varios medios de comunicación internacionales están contemplando como más probable… al menos durante los próximos meses. Bajo este esquema, el Gobierno griego pagaría a sus funcionarios, pen- sionistas y proveedores no con euros, sino con pagarés (deuda pública), a los que se convertiría en moneda de curso legal para todas las transacciones internas.

Aunque la medida pueda parecer enrevesada, en realidad es muy simple: Syriza impondría coactivamente una moratoria de sus pagos a funcionarios, pensionistas, proveedores y ciudadanos en general. Pagar retrasando el pago y huyendo hacia adelante. Así, diríase que, por fin, el Ejecutivo griego ha encontrado a su referente intelectual: el peronismo argentino. No en vano, fueron las administraciones públicas argentinas las que en 2001 y 2002 recurrieron a esta misma infamante técnica para financiar sus desembolsos a costa de la población.

Los pagarés empleados por el peronismo para estafar a su población recibieron muy distintas denominaciones según la administración emisora -Lecop, Lecor, Cecacor, etc.-, si bien probablemente el más conocido fueran los patacones de la provincia de Buenos Aires. En este caso, pues, podríamos hablar de patacones griegos o de dracmacones.

Sea como fuere, lo que todos estos pagarés estatales tienen en común es que el riesgo de impago se traslada sobre los hombros de la población. Si Grecia abona las pensiones con un “pagaré 800 euros” y, en los próximos meses, el país sale del euro, ese pagaré no podrá honrarse y los pensionistas sufrirán las consecuentes pérdidas. Acaso ésa sea la estrategia que está ambicionando Syriza: usar como rehén a su población para negociar un rescate europeo sin condiciones durante los próximos meses. “O nos rescatáis, o el pueblo sufrirá enormemente”.

Al final, pues, el hiperEstado termina devorando a sus hijos. Cuando cebas sin control la maquinaria estatal, alguien debe terminar cargando con los costes. El problema de los gobiernos griegos y de parte de su población ha sido que, hasta la fecha, habían vivido de prestado gracias a décadas de sobreendeudamiento público: el Estado gastaba, pero los ciudadanos no costeaban ese gasto, de modo que disfrutaban de un almuerzo aparentemente gratuito.

Ahora les ha tocado descender a los infiernos de la realidad: para financiar la disparatada burocracia intervencionista griega sólo queda sablear fiscalmente a su población hasta límites confiscatorios o forzarles a que compren una deuda pública que muy probablemente jamás será amortizada. O robar o robar. Eso es, al fin y al cabo, el Estado.