Se nos suele decir que el Estado es un títere de los ricos y que, en realidad, los políticos no tienen poder alguno por lo que no responden al mandato del pueblo. Sin negar la influencia de todos los lobbies a la hora de determinar la letra del BOE, planteemos el siguiente ejercicio mental:

Imaginemos que sacamos a subasta el Gobierno de España (con todas sus atribuciones actuales) y que restringimos la puja en esa subasta a los españoles con más de diez millones de euros en patrimonio. Si creemos que los ricos controlan el Gobierno, deberíamos pronosticar que el resultado de esa subasta será cero o cercano a cero: ¿para qué va a pagar el rico por algo que de facto ya tiene? Si, en cambio, creemos que el resultado de esa subasta es mayor que cero (y mi predicción es que sería extraordinariamente mayor que cero), entonces es que los ricos no están controlando hoy ampliamente el Gobierno”.

¿Por qué creo que la narrativa de que el Gobierno está controlado por los ricos es tan atractiva? Porque si consideráramos que el Gobierno actúa en contra de los ciudadanos sin necesidad de hallarse capturado por una oligarquía, tendríamos que admitir que:

– Los intereses del Estado no coinciden con los de los ciudadanos.
– Los políticos y burócratas tienen agendas propias distintas a las de sus representados.
– Los políticos y burócratas ignoran cuáles son las necesidades del “pueblo” y tampoco están interesados en conocerlas.
– Los ricos no son una clase homogénea con intereses alineados y compartidos frente a los “no ricos”. En toda la sociedad hay intereses enfrentados y, por tanto, el Estado jamás podrá representar una única voluntad general.

Más cómodo pensar que el problema es de captura del regulador (que en parte sí lo es) para no afrontar la naturaleza de fondo del Estado.