El triunfo de candidatos independientes en las elecciones del pasado domingo, es de la mayor trascendencia para la vida política de México. Gracias a ellos muchas personas abrirán los ojos respecto a un hecho innegable: los partidos políticos no son necesarios. Y es que aunque en realidad siempre ha sido así, lo cierto es que nos han hecho creer que sí a los ciudadanos no solo en México, sino en buena parte del mundo donde se ejerce el sufragio.

Victorias tan sonadas como las de Jaime Rodríguez “El Bronco” para gobernador de Nuevo León, la de Manuel Clouthier para diputado federal en Sinaloa o la del joven Pedro Kumamoto para diputado local en Jalisco entre otras, no deben ser tomadas a la ligera: podríamos tener un sistema electoral que no significara una carga para el contribuyente. No hay razón que lo justifique.

Veamos por ejemplo que este año el Instituto Nacional Electoral (INE) destinará a los partidos políticos nacionales en total casi 5.5 mil millones de pesos de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, “actividades específicas” (educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales), “la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres” así como franquicias postales y telegráficas. Desde luego, en la práctica poco sabemos de adónde van a parar en realidad gran parte de esos recursos.

Es una pena pero en un país donde el intervencionismo del Estado se encuentra en todas partes –lo que obstruye el libre ejercicio de la empresarialidad de las personas y por tanto el crecimiento y desarrollo económicos-, la política se vuelve un botín, un fast track a la riqueza de manera ilegal. Siempre será más fácil “morder” el presupuesto público que jugársela en libre competencia empresarial por el dinero de los consumidores. Eso tiene que cambiar si lo que anhelamos es crecimiento para México.

La complicidad de la clase política ha hecho que nos den una doble cara: en público condenan la corrupción y hablan de austeridad, pero en la práctica, todos callan y poco cambia porque actúan muchos de ellos de la misma opaca y dispendiosa manera. Saben que si necesitan más dinero –y es lo que siempre quieren, basta estirar la mano al gobierno que ellos mismos controlan en conjunto, para resolver sus problemas de financiamiento con cargo a impuestos y deuda que pagamos todos.

Un sistema electoral en el que los partidos políticos tuvieran que competir por financiamiento privado los obligaría a la austeridad, de entrada, y no implicaría cargos para el fisco o estos serían mínimos. Es importante que para las candidaturas ciudadanas independientes haya una cancha pareja, y para todos, mecanismos de rendición de cuentas de origen y destino de los recursos privados recaudados.

Ahora, si bien los partidos políticos no son necesarios tampoco implica que deban desaparecer pues se tiene que respetar el derecho a la libre asociación. No obstante, el financiamiento público es el que no debería de continuar.

Casos muy destacados como el de Pedro Kumamoto en Jalisco, callan la boca a aquellos que aseguran que en las contiendas electorales siempre gana el que más recursos tiene. Es falso entonces –como se suele argumentar en contra del financiamiento privado de partidos y candidatos, que ese sistema privilegiaría en automático los intereses de los acaudalados. Con dinero o sin él hace falta ganarse el voto de los electores.

Kumamoto por ejemplo, derrotó con holgura a candidatos de los partidos teniendo todo en contra. Según ha revelado él mismo en entrevistas, todos sus activistas fueron voluntarios, contó con solo 18 mil 626 pesos de financiamiento público y gracias al apoyo de “micro-donantes” logró reunir poco más de 250 mil pesos para su campaña. Con el 20 por ciento del tope de gastos de campaña, “Kuma” le da a México una gran lección de cómo debe ser el futuro sistema político-electoral de México: con apertura a ciudadanos en igualdad de circunstancias y donde los partidos políticos compitan por el financiamiento privado. Todos, deberán rendir cuentas de manera pública.

Un sistema electoral transparente, desde luego, no es suficiente. Gobernantes de todos los niveles deben ser ejemplo de austeridad y honradez, y para eso hace falta atarles las manos del gasto público que debe ser siempre equilibrado y el mínimo posible. Son los trabajadores y los empresarios los que deben decidir qué hacer con su dinero y el gobierno no debe confiscárselos por la vía impositiva más allá del mínimo indispensable para sus funciones. Por eso la victoria de los independientes es histórica y representa una nueva oportunidad. No la dejemos pasar.