Desde este sábado, Manuela Carmena ocupa la alcaldía de Madrid gracias al apoyo del PSOE de Antonio Miguel Carmona. Acceden así a un Ayuntamiento hiperendeudado con casi 5.900 millones de euros —el doble que la deuda municipal conjunta de Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza— pero también en una etapa de progresivo saneamiento —cerró 2014 con un superávit de 1.389 millones de euros y el superávit presupuestario programado para 2015 asciende a 734 millones—. O dicho de otra manera, el Ayuntamiento de Madrid sigue estando en una situación financiera extremadamente delicada, pero a su vez goza de un notable superávit que constituye toda una tentación para cualquier político manirroto que aspire a extender redes clientelares durante los próximos cuatro años.

Atendiendo a sus promesas electorales y al acuerdo programático suscrito con los socialistas, de momento ya sabemos que Ahora Madrid prepara una batería de gasto público para fagocitar el actual superávit. Pero las propuestas de Ahora Madrid no concluyen en un muy sustancial aumento del gasto, sino también en subidas de impuestos y activo intervencionismo económico.

Aumento del gasto público. Los concejales de Ahora Madrid ya han anunciado que destinarán un mínimo de 200 millones de euros a su “plan de rescate ciudadano”, consistente en pagar la factura de los suministros básicos a 250.000 familias madrileñas (el 20% de todos los hogares de la capital), adquirir alimentos para más de 100.000 personas y paralizar los desahucios abonando el alquiler o la hipoteca de los afectados. A su vez, Ahora Madrid también propone tres otras medidas dirigidas a disparar el gasto.

La primera es poner en marcha un Plan E municipal para facilitar la reinserción urgente de parados jóvenes y de largo duración: a un reducido coste por trabajo de 20.000 euros (apenas llegaría a cubrir el salario mínimo de un parado y el coste del equipamiento que necesitaría), se podría recolocar a 10.000 parados (un 4% del total de parados) con un coste de 200 millones de euros.

La segunda es una “remunicipalización” de los servicios públicos externalizados a empresas, con independencia de si estas concesionarias son capaces o no de prestar el servicio en términos más competitivos que las empresas municipales. Si esta prejuiciosa decisión ideológica encareciera los servicios apenas un 20%, el sobrecoste de esta medida ascendería a 300 millones de euros.

Por último, Ahora Madrid también plantea la necesidad de incrementar el número de empleados públicos municipales. Actualmente, los alrededor de 30.000 empleados públicos acarrean un coste de 1.130 millones de euros: dicho de otro modo, si Ahora Madrid optara por incrementar la contratación pública en apenas 5.000 personas, el coste salarial se incrementaría en 200 millones de euros.

En suma, únicamente con las medidas publicitadas hasta la fecha, Carmena podría incrementar el gasto en 900 millones de euros, arramblando con todo el superávit actual y arrastrando al consistorio de nuevo al déficit. Otra forma de verlo —y de sufrirlo— es pensar que las nuevas medidas de Ahora Madrid equivaldrán a un coste de 720 euros por familia.

Incremento de impuestos. Ahora Madrid también ha anunciado su intención de restablecer el Impuesto de Actividades Económicas para las empresas y de incrementar el IBI a los hogares madrileños: esto es, o bien el precio de pisos y alquileres tenderá a subir o bien la inversión en el mantenimiento y renovación de esos inmuebles se reducirá. Asimismo, Carmena también ha propugnado multiplicar las tasas por el uso privado del espacio público, es decir, aumentar las tasas a las terrazas, a los repetidores de telefonía o a los cajeros automáticos: las consecuencias de semejante exacción serán, nuevamente, que o bien estas empresas encarecerán el coste de prestación de sus servicios o bien reducirán su prestación (menores terrazas y cajeros). Más tributos, más pobreza.

Activo intervencionismo económico. Carmena también ha defendido revisar y paralizar todos aquellos proyectos urbanísticos que caprichosamente ella y los suyos consideren “especulativos”. La amenaza resulta inquietante por dos razones: la primera es que extiende un manto de absoluta incertidumbre sobre cualquier proyecto inmobiliario (incluidas reformas de edificios existentes) que, como es lógico, ya está llevando a muchos inversores a congelar sus proyectos para la ciudad; el segundo es que restringe artificialmente la construcción de nueva vivienda, lo que contribuye a encarecer su precio (o a frenar su abaratamiento).

En definitiva, los impuestos y las intervenciones de Ahora Madrid contribuirán a frenar la constitución de nuevas empresas, encarecer muchos de los servicios que proporcionan las ya existentes, paralizar o cancelar inversiones, constreñir la oferta de nuevo empleo privado y aumentar el coste de la vivienda. Todo ello mientras apuestan por disparar el gasto público bajo el pretexto de combatir la pobreza que sus medidas contribuirán a generar y de crear el empleo que sus propuestas contribuirán a destruir. Acaso así se entienda mejor la frase del nuevo concejal de Hacienda de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato: “Los ahorros de la sociedad no deben estar en manos privadas ni ser gestionados por ellas”. La Administración Pública nos reconforta con una mano al tiempo que nos estrangula con la otra.