Ada Colau ha accedido a la Alcaldía de Barcelona, un ayuntamiento que cerró 2014 con un exiguo superávit de 22,2 millones de euros y que espera terminar 2015 con uno de 14 millones. A diferencia del Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, el de la Ciudad Condal apenas acumula una deuda de 871 millones de euros, de modo que Barcelona en Comú tendrá un amplio margen para endeudarse incurriendo en déficit con el propósito de sufragar todos sus nuevos programas de gasto y de soportar la merma de ingresos derivada de su alocada paralización de actividades económicas.

Aumento del gasto público. Al igual que en el caso de Ahora Madrid, Ada Colau también plantea un plan de rescate ciudadano consistente en una notable inflación presupuestaria: 20 millones de euros para la adquisición de alimentos, 25 millones para crear una renta mínima de inserción social, 50 millones para un Plan E local que cree 2.500 empleos, cinco millones para combatir la pobreza energética (del que se beneficiarían 25.000 familias frente a las 250.000 a las que quiere llegar Ahora Madrid), cinco millones adicionales para reforzar los servicios de salud y otros cinco millones para subvencionar el transporte municipal. En total, 110 millones de euros.

A su vez, Barcelona en Comú también propone usar 50 millones de euros para convertir toda la ciudad en una zona de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento, es decir, para que éste disponga de prioridad a la hora de adquirir los inmuebles privados que salgan a la venta. Y, al igual que Ahora Madrid, propone remunicipalizar los servicios externalizados, lo que en caso de encarecerlos en un 20% supondría un sobrecoste de cerca de 100 millones de euros.

En conjunto, por consiguiente, estamos hablando de una hinchazón inicial de los gastos superior a los 260 millones de euros, lo que acabaría con el diminuto superávit de 14 millones y generaría un déficit de 250 millones. Ahora bien, hasta alcanzar la deuda de Madrid de 6.000 millones de euros, Colau cuenta con un amplio margen para arruinar a sus conciudadanos. Pan para hoy y hambre para mañana.

Ofensiva contra el turismo. Barcelona es la ciudad española con un mayor número de turistas y la tercera urbe europea con más gasto turístico. En concreto, y según el estudio de MasterCard, la Ciudad Condal recibe alrededor de 7,6 millones de turistas que gastan 12.313 millones de euros (cinco veces más que todo el presupuesto anual del Ayuntamiento). Absurdamente, Barcelona en Comú pretende restringir la actividad turística en la ciudad mediante una batería de medidas conducentes a prohibir la creación de nuevas infraestructuras hoteleras, ampliar el cuerpo de inspectores para sancionar a todos aquellos particulares que destinen sus pisos al alquiler turístico sin ajustarse a la totalidad de las regulaciones y revisar la celebración de congresos internacionales como el Mobile World Congress que congregan anualmente a casi cien mil personas.

Encorsetamiento del mercado inmobiliario. Ada Colau saltó a la fama como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es natural, por tanto, que las medidas relativas al mercado inmobiliario ocupen una posición singular dentro de su programa. Por desgracia, todas ellas se dirigen a limitar la inversión y, por tanto, a encarecer su precio. En concreto, Barcelona en Comú pretende sancionar a los bancos que desahucien a los hipotecados que hayan dejado de hacer frente a sus obligaciones financieras (lo que limitará el acceso de los barceloneses a los préstamos con garantía hipotecaria). Asimismo, propone la expropiación de locales “injustificadamente” vacíos para destinarlos a usos comunitarios variados, esto es, una legalización de la okupación. Y, por último, obligará a reservar el 20% de techo en las nuevas promociones y rehabilitaciones a colectivos “especialmente vulnerables”, lo que encarecerá muy sustancialmente el coste del 80% restante de la promoción.

En definitiva, tal como sucede con Ahora Madrid, Barcelona en Comú exhibe una frontal desconfianza hacia la iniciativa privada como motor generador de riqueza: su programa se basa, por un lado, en hipertrofiar el gasto y la deuda pública para crear empleo dependiente de la administración mientras, por otro lado, se machaca inclemente al sector privado con impuestos y regulaciones que dificultan la expansión de su actividad. La motivación última no es otra que la de asfixiar al autónomo y al empresario al tiempo que se sobredimensiona el Estado. Ya lo dijo premonitoriamente hace un par de años Ada Colau: “Para hablar de democracia y de derechos humanos, hemos de cuestionar el capitalismo”. Los torcidos prejuicios ideológicos siempre por delante: por mucho que ello acarree una significativa pérdida de libertades y un intenso empobrecimiento de la población.