Luis María Linde, gobernador del Banco de España, se ha convertido en el objeto de las iras de todos los partidos por constatar una realidad que sólo el más ramplón, prejuicioso y cortoplacista maquiavelismo político puede negar: que las actuales condiciones de jubilación en España no van a poder garantizarse durante los próximos años y que, por tanto, aquellas personas jóvenes que no quieran ver cómo su nivel de vida se deteriora abruptamente al jubilarse deberían empezar a amasar hoy mismo un patrimonio con el que complementar su pensión pública futura.

Como digo, las palabras de Linde no son vaticinios, sino meras constataciones de la realidad demográfica. Baste echarle una ojeada a las proyecciones demográficas que efectúa el Instituto Nacional de Estadística para el año 2052 (año en el que se jubilarán quienes hoy cuenten con 30 años). Así, podemos comprobar que, actualmente, hay algo más de 30 millones de españoles entre 16 y 64 años que, por consiguiente, estarían en edad de trabajar: esos más de 30 millones de españoles en edad de trabajar sustentan a 8,6 millones de personas con más de 65 años. En cambio, en 2052 habrá 23 millones de personas con edades entre 16 y 66 años para financiar la jubilación de 15,5 millones de individuos mayores de 67 años. Por tanto, pasaremos de una ratio de 3,5 adultos en edad laboral por persona en edad de jubilación a una de 1,5 adultos en edad laboral por persona en edad de jubilación.

Las cifras, en realidad, son más preocupantes de lo que ya parecen, en esencia por dos motivos: uno, no toda la población en edad de trabajar estará empleada; dos, las únicas pensiones que se abonan no son las de jubilación. Por ejemplo, actualmente en España trabajan 17,4 millones de personas: es decir, el 57,5% de las que podrían hacerlo. Asimismo, el número de pensiones que está abonando la Seguridad Social son 9,3 millones, esto es, un 8,5% más que el número de personas en edad de jubilarse. Por consiguiente, hoy contamos con 1,8 trabajadores por cada pensión a pagar. Si trasladamos estos mismos porcentajes a 2052, nos encontraríamos con 13,2 millones de trabajadores para hacer frente a 16,7 millones de pensiones: a saber, 0,8 ocupados por pensión a abonar.

Acaso se replique que las condiciones laborales actuales son excepcionales y que, sin necesidad de ser especialmente optimistas, es bastante previsible que el empleo se normalice al alza. Muy bien. Supongamos que en el año 2052 trabajen en España el 70% de los adultos en edad de hacerlo (el mayor porcentaje de nuestra historia): en tal caso, contaríamos con 16,1 millones de trabajadores para financiar 16,7 millones de pensiones, esto es, 0,95 trabajadores por cada pensión a abonar.

No hace falta ser un lince para darse cuenta de que tenemos un muy importante problema en ciernes. Un problema que Linde sí ha señalado mientras todos los demás burócratas prefieren seguir obviando.

Algunas objeciones frecuentes

El ser humano suele intentar protegerse negando la realidad. De ahí que, cuando se exhiben tales tendencias demográficas, la reacción habitual de muchos españoles sea recurrir a un conjunto de lugares comunes con objeto de tranquilizarse a sí mismos:

Es imposible prever qué sucederá en 2052: Es verdad que hacer pronósticos a muy largo plazo suele ser una receta abocada al fracaso, pero la demografía constituye una clara excepción a esta regla general. Los nuevos españoles que deban estar trabajando en 2052 o ya han tenido que nacer o van a tener que nacer en los próximos años. Y, de momento, no se otea ninguna revolución demográfica en el horizonte. La única salvación demográfica que podría venir en el futuro es la de la inmigración: si España abriera sus fronteras, sí podríamos incrementar sustancialmente nuestras cifras de población laboral, pero no deja de ser altamente irresponsable confiar el futuro de las pensiones en el año 2052 a un radical cambio en la política migratoria que, por desgracia, no parece que vaya a darse. Por tanto, la admonición de Linde sigue siendo válida: si no empezamos a ahorrar ahora mismo, nos jugaremos nuestra pensión a la improbable carta política de una apertura generalizada de las fronteras.
Si la economía crece, las pensiones se podrán seguir pagando: Si la economía española creciera un 2% anual entre 2015 y 2052, el PIB actual pasaría de 1,05 billones de euros a 2,2 billones. Por consiguiente, si estabilizáramos el gasto en pensiones en el 11% del PIB, éstas podrían pasar de contar con un presupuesto de 115.000 millones de euros en 2015 (una media de unos 12.500 euros por pensión) a uno de 240.000 millones en 2052 (una media de 14.500 euros por pensión). Por consiguiente, sólo es necesario crecer para mantener las pensiones futuras con independencia de cuál vaya a ser la evolución demográfica. El razonamiento es válido —si bien será necesario verificar si podemos crecer un 2% anual en un entorno de decrecimiento poblacional— pero acarrea un problema que no suele tenerse en cuenta: en la actualidad, la renta per cápita española es de 22.500 euros, de manera que una pensión media de 12.500 representa el 55,5% de esa renta per cápita. Si el PIB crece un 2% al año, la renta per cápita en 2052 será de 50.500 euros, de modo que la pensión media de 14.500 euros representaría el 28,5% de esa renta per cápita. Dicho de otro modo: sí, con un notable crecimiento económico lograremos mantener (o incrementar ligeramente) las pensiones actuales en el año 2052, pero sólo a costa de que los jubilados de entonces sufran una merma muy significativa en su nivel de vida. O dicho de otra forma todavía más clara: imaginen un trabajador que, antes de jubilarse en el año 2051, esté cobrando un salario medio de entre 50.000 y 60.000 euros; pues bien, un año después sus fuentes de renta se reducirían a una pensión pública inferior a 15.000. La admonición de Linde sigue siendo válida: o empezamos a ahorrar, o la jubilación implicará una brutal reducción de los estándares de vida que se mantengan en el año 2052.
El pronóstico de que las pensiones no podrán pagarse siempre ha fallado: Los economistas llevan décadas advirtiendo contra la quiebra de la Seguridad Social y, en apariencia, siempre se han equivocado. Las pensiones continúan pagándose con normalidad a pesar de los habituales pronósticos agoreros del pasado. Sucede que, en realidad, los economistas han acertado más de lo que muchos querrían creer: en los últimos 30 años, la Seguridad Social ha sido sometida a continuadas reformas/recortes (las más importantes, 1985, 1997 y 2011-2012) cuya misión ha sido garantizar la sostenibilidad del sistema reduciendo las prestaciones que prometía. Comparemos simplemente las prestaciones de la Seguridad Social en 1984 con las prestaciones de 2015: jubilación a los 65 años (1984) frente a jubilación a los 67 (actualmente en implantación progresiva); cálculo de la base reguladora a partir de los dos últimos años de salario (1984) frente a cálculo de la base reguladora a partir de los últimos 25 años de salario (2015); exigencia de 10 años cotizados para cobrar el 100% de la base reguladora (1984) frente a requisito de 37 años cotizados para cobrar el 100% de la base reguladora (actualmente en implantación progresiva); sanidad pública pagada de los fondos de la Seguridad Social (1984) frente a sanidad pública no pagada de los fondos de la Seguridad Social (2015). Si la historia nos sirve como guía, un recorte en las condiciones de jubilación resulta más que previsible durante los próximos años. Por tanto, la admonición de Linde sigue siendo válida: cuando la Seguridad Social sea incapaz de pagar las pensiones que actualmente promete, las recortará… como ha hecho siempre en el pasado.

El populismo de todos los partidos

Las advertencias de Linde tiene todo el sentido del mundo: simplemente está avisando a los jóvenes actuales de que tienen que esforzarse por ahorrar si quieren mantener sus estándares de vida futuros. La Seguridad Social no podrá hacerse cargo de ellos por una simple cuestión demográfica. Linde no ha pedido privatizar la Seguridad Social ni siquiera reformarla (que es lo que debería haber hecho): apenas se ha limitado a animar a los jóvenes a que ahorren ante el muy incierto futuro de las pensiones públicas. ¿Y cómo han recibido este mensaje los distintos partidos políticos?

El PSOE ha acusado a Linde ser comportarse como un comisario político que se limita a dar mítines y a reírse de los españoles. Izquierda Unida, a través de Alberto Garzón, lo ha criticado por generar miedo con el propósito de favorecer a los planes privados de pensiones. UPyD, por boca de Rosa Díez, lo ha fustigado por estar provocando un estallido social e insultando a la gente que ha cotizado durante toda su vida. Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le ha replicado que las pensiones sí están absolutamente garantizadas para el futuro.

Todos mienten y todos saben que mienten. Su cobardía política y su ambición de poder es tan extrema que ninguno de ellos se atreve a abrir hoy un debate esencial como es el de las pensiones futuras: saben que la inmensa mayoría de españoles no entendería los términos de ese debate y que les retirarían el voto; saben que si abrieran semejante debate se convertirían en presas fáciles de otros políticos que optaran por recurrir a la demagogia; saben que prometiendo reformas/recortes en las pensiones públicas no se ganan elecciones. Por eso todos callan. Por eso todos escurren el bulto. Por eso todos niegan la realidad.

De ahí que no puedan admitir que alguien como Linde les recuerde que están siendo una banda de irresponsables populistas con el único objetivo de aferrarse a la poltrona. Si han negado durante años el problema por intereses electorales, ¿cómo reconocer ahora ante los españoles que han puesto y siguen poniendo en peligro su jubilación por un mero tacticismo electorialista? No pueden hacerlo. Son rehenes de su irresponsabilidad pasada. Y por eso no les queda otra que dirigir duros descalificativos contra una persona que se ha limitado a constatar la realidad y de aconsejar a los jóvenes españoles que empiecen a prepararse contra ella.

Así de vil es la política: quien miente medra; quien dice la verdad es vapuleado. Nuestros gobernantes no sólo nos imponen un fraudulento sistema piramidal de pensiones al estilo Madoff, sino que pretenden mantenernos engañados hasta que colapse. No les preocupa lo más mínimo: ellos no pagarán las consecuencias de su propagandística mascarada generalizada. En el año 2052, muy pocos de los políticos actuales que hoy mienten deliberadamente seguirán vivos y menos todavía continuarán en activo. Su obscena imprudencia actual será un problema de las generaciones futuras que no los votarán: por eso esas generaciones futuras les resultan del todo irrelevantes aun cuando se les llena la boca de improperios contra Linde por, presuntamente, estar ahora mismo insultándolas. Pero los únicos que las insultan y las estafan son la casta y neocasta política que antepone su ambición de poder al bienestar de los españoles.

Si usted no quiere ser víctima de la falaz sostenibilidad de las pensiones públicas, hágale caso a Linde: empiece a ahorrar y a preparar su futuro. No hace falta que ahorre en fondos de pensiones —en general, están pésimamente gestionados en España y apenas constituyen un sacacomisiones bancario—, pero sí es harto recomendable que indague acerca de los muy diversos instrumentos que existen para protegerse financieramente ante la jubilación. Si no lo hace, lo lamentará y ya no podrá reclamarles responsabilidades a aquellos que hoy le están mintiendo con absoluto descaro.