Una de las piezas que mantiene el actual e inestable equilibrio de la economía griega durante estos días la proporciona el BCE. A través del mecanismo ELA (Emergency Liquidity Assistance) éste provee de liquidez a los bancos griegos. Una liquidez que se entrega contra la garantía de cierto colateral. Liquidez para poder seguir funcionando.

El BCE, a través de su Consejo, puede modificar las condiciones de esta asistencia: aumentar su cuantía, mantenerla, retirarla. También puede elevar o bajar el nivel de haircut aplicado a los colaterales. Es una herramienta poderosa.

En relación a la economía griega, el actual nivel de asistencia vía ELA está congelado desde el anuncio del referendum. Esta situación ha sido el detonante efectivo que ha provocado que el gobierno heleno debiera anunciar medidas de control de capitales (¡corralito!). Y es que los bancos se quedan sin caja. Las salidas de depósitos ya antes del cierre bancario eran intensas. Pero tras la convocatoria del referendum, la población ha percibido que el riesgo de accidente financiero crecía de forma súbita. De forma que en ausencia del cierre bancario hubiéramos podido tener conatos de ‘pánico bancario’ ante la perspectiva de un #Grexit o de un evento de ‘sabor chipriota’ (bail-inpara depósitos). Los efectos se están dejando sentir de forma notable en el día a día de los griegos y su economía.

El posicionamiento del BCE en cuanto al ELA ejerce una presión política de tanto peso y poder como el que el propio PM Tsipras ha asignado a su referendum, pero del lado de la troika. Tanto que el BCE podría provocar la implosión del sistema griego de forma súbita.

En relación a este poder han aparecido voces que han hablado de decisiones ilegítimas del BCE. Voces que han hablado de un organismo que, sí, se ha ceñido a la legalidad, pero que sus decisiones son técnicas y carentes de legitimidad. Y que en este sentido sus acciones no pueden condicionar el debate político.

En mi opinión, el BCE goza de toda la legitimidad necesaria para poder tomar decisiones en aquello que le compete.

El BCE es (¡debe ser!) independiente del poder político. Pero su diseño compete a éste. Debe integrarse en el marco institucional al que sirve. Bueno ahí está el artículo 108 del Tratado de la CE para el caso de nuestro banco central. Independecia no es sinónimo de libre albedrío, ni viene a restar legitimidad a las decisiones del BCE. El BCE se expone a través del control de sus decisiones a la supervisión pública. Por ley.

Recomendamos leer el documento siguiente del propio BCE (muy anterior en el tiempo a los acontecimientos que hoy vivimos): ‘El Banco central Europeo. Historia, misión y funciones’ de Hanspeter K. Scheller. Del mismo simplemente tres pinceladas en relación al tema comentado.

• El BCE goza de legitimidad en ‘virtud de los procedimientos’ (es elegido conforme a reglas democráticas por parte de los representantes elegidos democráticamente de cada Estado miembro).
• También goza de ‘legitimidad en virtud de los resultados': tiene objetivos que cumplir y, por ahora, los ha cumplido de forma satisfactoria.
• El BCE rinde cuentas porque es independiente: explica y justifica sus decisiones en el ámbito del marco de actuación del que goza. Rendir cuentas en un modo claro, sencillo y transparente forma parte esencial de la vía hacia la legitimación.
• El BCE tiene la obligación de mantener contactos regulares con los representantes de los ciudadanos: el Parlamento. Y del mismo modo, se promueve el diálogo y la interacción con otros poderes decisorios en el marco de la UE.

Cuando el BCE decide dentro de sus competencias, su diseño nos asegura que es una institución que goza de plena legitimidad. ¿Se puede diseñar de otra forma su funcionamiento? Por supuesto, pero que no nos guste la actual fórmula no le resta un ápice de legitimidad a sus decisiones. No nos dejemos engañar por las tendencias asamblearias, de representación directa sin límite. El BCE ya ha demostrado que es capaz de estar al servicio de los ciudadanos. Simplemente recordemos el …whatever it takes…