El poder del gobierno es, esencialmente, el poder para limitar la libertad individual y la propiedad privada, poder que en manos poco escrupulosas degenera en arbitrario, en limitaciones a la libertad y la propiedad que nada tienen que ver con la legítima tarea del gobierno, garantizar la justicia: prohibir que le hagamos daño a otros y castigarnos si lo hacemos.

 

¿Es válido que el gobierno prohíba que A dañe a B y lo castigue si lo hace? Sí. ¿Es válido que el gobierno prohíba que A se haga daño a sí mismo y lo castigue si lo hace? No. ¿Es válido que el gobierno obligue a A a hacerle el bien a B y lo castigue si no lo hace? No. ¿Es válido que el gobierno obligue a A a hacerse el bien a sí mismo y lo castigue si no lo hace? No.

 

En términos de lo escrito en la primera entrega de esta serie. ¿Es legítima tarea del gobierno hacer valer la justicia? Sí. ¿Hacer valer la prudencia positiva y negativa? No. ¿Y la beneficencia? Tampoco.

 

La justicia (no dañar a los demás) debe ser exigida por la fuerza, y para eso está el gobierno. Por el contrario, la prudencia, tanto en sentido negativo (no hacernos daño) como positivo (hacernos el bien), así como la beneficencia (hacerle el bien a los demás), deben practicarse voluntariamente. Solamente así tienen valor moral.

 

Las únicas acciones que el gobierno debe prohibir y castigar son las delictivas por su propia naturaleza, siendo tales las que violan derechos de terceros (por ejemplo: matar, secuestrar, robar). Sólo en esos casos se justifica limitar la libertad individual y la propiedad privada. Comerciar y consumir drogas, ¿son actividades delictivas por su propia naturaleza? No. Son actividades moralmente cuestionables, pero no delictivas por su propia naturaleza. ¿El derecho de quién violan comerciantes y consumidores de drogas?

 

Confundir conductas moralmente cuestionables (por ejemplo: vicios) con acciones delictivas por su propia naturaleza, ¡y prohibirlas!, genera consecuencias negativas. Lo estamos viendo, ¡y padeciendo!

Continuará.