Lo que el gobierno debe prohibir y castigar son las actividades delictivas por su propia naturaleza, siendo tales las que violan derechos de terceros. Por ejemplo: matar (violación del derecho a la vida), secuestrar (violación del derecho a la libertad), robar (violación del derecho a la propiedad).

 

¿Qué sucede cuando el gobierno define como delictivas actividades que, por su propia naturaleza, no lo son, como es el caso de la producción, distribución, venta, compra y consumo de drogas? Quien ofrece y vende drogas, ¿qué derecho, y de quién, viola? Quien las demanda y las compra, ¿qué derecho, y de quién, viola? Y la misma pregunta para quien las consume: ¿qué derecho, y de quién, viola?

 

Ofrecer, demandar y consumir drogas son actividades moralmente cuestionables, por el daño que causan y el vicio que originan, pero no son actividades delictivas por su propia naturaleza, razón por la cual prohibirlas y castigarlas resulta arbitrario, y con consecuencias contrarias a las originalmente buscadas. Y no lo digo yo. Allí están los hechos que lo muestran.

 

Desde que en se inició la guerra contra las drogas, inicio que se puede rastrear a la época de Nixon (el 17 de junio de 1971 el ex presidente usó por primera vez el término guerra contra las drogas), ¿se ha reducido su consumo?, reducción que es el fin último de la prohibición. Hoy, con más de cuatro décadas de guerra contra las drogas, ¿se consume igual, más o menos? ¿Cuál ha sido el efecto de la prohibición sobre la demanda y el consumo?

 

Pero más importante, ¿cuál ha sido el efecto sobre la producción, distribución y oferta de drogas? La prohibición, ¿las ha desincentivado o, por el contrario, verdadero tiro por la culata, ha generado más y mejores incentivos para continuar produciendo, distribuyendo y ofreciendo drogas, y por lo tanto para buscar nuevos consumidores?

 

¿Y qué hay de las actividades, estas sí delictivas por su propia naturaleza (por ejemplo: asesinatos), que la prohibición ocasiona, sin pasar por alto la corrupción?

 

Continuará.