La presentación del proyecto de presupuestos de 2016 le ha servido a Mariano Rajoy para hacer balance de la gestión económica de su gobierno durante esta primera legislatura. En apariencia, los excelentes datos macroeconómicos avalan las medidas adoptadas por el Partido Popular desde su llegada a La Moncloa: crecimiento económico por encima del 3%, creación de empleo a un ritmo de más de 500.000 trabajadores en un año, exportaciones en máximos históricos y prima de riesgo en unos niveles completamente manejables.

Ahora bien, lo que ciertamente no nos indican estos datos es si este buen comportamiento económico se produce gracias a la actuación del gobierno o a pesar de ella. A la postre, es evidente que quienes crean directamente el empleo, colocan sus productos en los mercados internacionales o aumentan la productividad de sus negocios son los empresarios, no los políticos o los burócratas. Como mucho, a un equipo político podrá atribuírsele el mérito de haber eliminado obstáculos —como impuestos y regulaciones— que impiden a los empresarios con buenas ideas crear riqueza en beneficio de toda la sociedad.

De ahí que la pregunta que debemos efectuarnos es si las normas y reformas promovidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy han contribuido a crear ese marco institucional favorable dentro del cual los empresarios nacionales e internacionales se ven mucho menos maniatados por la Administración para desarrollar su fundamental labor. Y la respuesta a esta cuestión sólo puede ser negativa: este gobierno ha sido el que más impuestos ha subido en toda nuestra historia, no ha aprobado liberalizaciones de calado que hayan facilitado el emprendimiento (con la muy parcial y timorata excepción de la reforma laboral) y, para más inri, deja sin resolver el gravísimo problema del déficit público, uno de los principales asuntos en los que debería haber centrado su actividad.

Es verdad que el PP llegó al poder en una coyuntura verdaderamente crítica, con un Estado y un sistema financiero mucho más al borde de la quiebra de lo que somos capaces de imaginar. Pero ninguna de ambas lacras se solucionó gracia a la actuación del gobierno, sino al auxilio de las instituciones comunitarias: el sistema financiero español fue recapitalizado mediante un préstamo blando del Fondo de Rescate Europeo Permanente que deberemos amortizar los contribuyentes en el futuro; y la bancarrota estatal fue evitada por la actuación del Banco Central Europeo, primero prometiendo que “haría todo lo posible para salvar el euro” y más tarde ejecutando un ambicioso y arriesgado programa de compra de deuda pública.

En definitiva la estabilización macroeconómica dentro de la cual se ha restablecido el crecimiento provino de Europa, no de La Moncloa. Por supuesto, Rajoy podría haberlo hecho muchísimo peor, por ejemplo desfilando por la suicida senda populista al estilo de Syriza en Grecia o de Podemos en España. Pero también podría haberlo hecho mucho mejor, pinchando la burbuja de gasto público en la que todavía estamos sumergidos, bajando impuestos con audacia y liberalizando completamente la economía. Eso fue, de hecho, lo que prometió que iba a hacer durante la campaña electoral y lo que, agotada la legislatura, todavía no ha hecho. Las mieles del crecimiento no deberían llevarnos a olvidar las hieles del incumplimiento.