La tranquilidad financiera en España del año 2014 y la del 2015 (salvo el atragantón de la crisis griega, finalmente solucionada de forma conveniente para los que creen que el BAU es la única alternativa) me hicieron albergar esperanzas de que los problemas en el CSIC quedarían en suspenso hasta que la siguiente e inevitable oleada recesiva a escala mundial, un jalón más de esta crisis que no acabará nunca, destroce la precaria recuperación económica española. Sin embargo, el discurso oficial, triunfalista en lo económico, que se realiza en este año electoral en España se compadece muy mal con el trato que está recibiendo la ciencia pública (la privada es casi inexistente). Y tenía que ser en este verano que, una vez más, tuviéramos que verle de cerca los dientes al lobo; más cerca que nunca pero al tiempo mejor disfrazado debajo de una piel de cordero de pulcritud administrativa y transparencia en la gestión, con la que será presentado a la opinión pública cuando seamos presa de sus inevitables dentelladas. Vivimos una campaña de destrucción premeditada del tejido científico español que será presentada como el resultado de nuestros errores, los de los científicos, y como un necesario saneamiento de una gestión negligente e ineficiente.

Les pongo brevemente en los antecedentes generales de esta situación: después del primer susto del año 2012 y pasar un annus horribilis el 2013, el año 2014 supuso una tregua relativa, en la que en realidad el CSIC seguía una pendiente descendente, particularmente en ingresos competitivos y en personal. Pero por fin los gastos del CSIC se equipararon prácticamente con sus ingresos, gracias a la drástica reducción de personal (un 30%) y a otros ajustes, y a que el Gobierno dejó de reducirnos su aportación directa al ritmo del 10% anual (aunque tampoco la aumentó). La viabilidad de la institución parecía a salvo, aunque las caídas de ingresos de contratos con la industria y proyectos todavía proyectaban ciertos nubarrones sobre el futuro. Pero lo peor estaba por venir...

A principios de 2014 el Ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba que se realizaría una auditoría completa al sistema de ciencia español, tanto de la parte científica (con la ayuda de expertos internacionales) como de la económica (a cargo de una empresa que resultó adjudicataria de la licitación asociada). Tal interés por auditar las cuentas de la ciencia española, anunciada a bombo y platillo, no deja de ser curiosa por dos motivos. Uno, porque las cuentas de proyectos y contratos ya se auditan regularmente, y no una sino dos veces (la primera por parte de las instituciones que ejecutan el proyecto o contrato, puesto que somos administración pública, y la segunda por parte de la institución que concede la subvención, en el caso de los proyectos). Y dos, porque tampoco hay tanto dinero en juego si se compara con otras actividades financiadas con fondos públicos mucho más lucrativas (por ejemplo, la financiación competitiva captada por el CSIC cada año, unos 150 millones de euros, equivale al coste de construcción de unos 10 kilómetros del AVE Madrid-Barcelona).

En fin, el caso es que cuando se publicitó que se realizaría una auditoría a "la ciencia española" se resaltó mucho que habría expertos internacionales y que se la compararía con otros cinco países. Los resultados de esa parte de la auditoría ya se conocen, al igual que el resultante informe (bastante sensato) con recomendaciones para mejorar el sistema de ciencia español. Se habló bastante menos del precio que tenía la adjudicación a la empresa auditora del contrato para fiscalizar las cuentas. Y lo que no he visto publicado en ninguna parte es una interesante cláusula de ese contrato de adjudicación: la empresa auditora se quedará con el 40% del dinero que consiga demostrar que está "mal justificado".

Qué se considera "mal justificado" es el aspecto clave del embrollo actual. Con el incentivo perverso que da ese 40% del dinero que la empresa se embolsa se buscan los tres pies al gato, en algunos casos solicitando justificaciones ya imposibles en proyectos acabados hace más de 10 años. Por ejemplo, te pueden preguntar si realmente ese investigador fue a aquel congreso: si no tienes un documento que lo acredite (requerimiento no usual hace unos años), la página web donde se anunciaba su ponencia ya no existe y el investigador no tuvo la precaución de guardar las actas del congreso con su contribución impresa en ellas, seguramente está en un problema. También puede pasar que te pregunten por qué tal investigador fue a tal reunión si su nombre no figura en la lista de los investigadores del proyecto, a pesar de que su participación en él fue decisiva y que en realidad sí se le comunicó su incorporación al Ministerio pero no con el formulario al uso. Llegando ya al paroxismo del absurdo, pueden preguntarte cuánto te costó en realidad el taxi que cogiste para ir a aquel aeropuerto o el precio del billete del tren de cercanías, porque 10 años después la tinta del ticket ya se ha borrado, y dado que no puedes justificar un coste concreto te reclaman toda la cantidad. Y que no haya un problema administrativamente más complejo y de mayor cuantía: si es así, date por perdido. En ésas estamos.

Ésta es la visión general. Particularicemos para mi instituto, el Instituto de Ciencias del Mar, uno de los mayores institutos del CSIC. A principios del mes de Julio, en una reunión general de los investigadores del centro, el Director nos comunicó que teníamos 10 días de plazo para abonar una cantidad de varios centenares de miles de euros cuya devolución por errores de justificación nos exigía, mediante requerimiento, el Ministerio de Hacienda; una situación que sin duda se estaría repitiendo en muchos institutos del CSIC. Desde que fui jefe de departamento (un breve - y poco fructífero para mis compañeros - período que acabó a principios de 2013) tengo cierta idea del estado de cuentas del centro, y de acuerdo con mis (completamente heurísticas) estimaciones la cantidad que nos requieren es aproximadamente igual a los ahorros que nos quedan en el centro...

Quizá podamos evitar la bancarrota este año, pero me parece inevitable que caigamos en ella el año que viene. Una de las cantidades cuya devolución exige el Ministerio la ha originado la actividad de investigación de mi propio grupo, fruto de un convenio de cooperación con la Universitat Politècnica de Catalunya. En su momento se firmó este convenio, aprobado por las máximas instancias del CSIC y de la UPC, y en las justificaciones anuales de los gastos del proyecto se informó al Ministerio de Educación (la entidad financiadora) sobre el uso del dinero, con todas las facturas detalladas y presentadas, incluyendo las de los gastos ejecutados por la UPC en virtud de ese convenio. Pero, diez años más tarde, ha resultado que se tenía que haber solicitado una autorización previa y expresa al Ministerio de Hacienda. Ninguna de las altas instancias que firmaron el convenio repararon en ese detalle, ni tampoco el Ministerio de Educación, que aceptó los informes anuales sin poner reparos. Y ahora que el dinero escasea el Ministerio le reclama al CSIC ese dinero mal justificado, y el CSIC se lo reclama a mi instituto. ¿Y a quién se lo puede reclamar mi instituto? De momento la administración de mi centro se ha puesto a rebuscar en todos los rincones y hemos abonado el dinero reclamado en el plazo previsto, pero no tenemos garantías de que todos los gastos pendientes de ejecución del resto de año se puedan hacer de la manera prevista...

Habrán notado que este último año he escrito bastante menos en este blog. Aparte de mi trabajo de investigación, me he pasado el año haciendo mil equilibrios para asegurar la continuidad de mi grupo de investigación. Y tras muchas peripecias la continuidad parecía asegurada, hasta que este iceberg ha aparecido justo delante de nuestra proa. Lo peor es que sé que el año que viene habrá nuevos requerimientos (en particular, otro y de mayor cuantía originado por mi propio grupo) y ahí sí que la bancarrota está asegurada.

La bancarrota de un instituto del CSIC no es algo que esté previsto en la manera de funcionar del CSIC. Para empezar, los institutos no tienen entidad jurídica propia, sino que en cierto modo son departamentos o subdivisiones administrativas del organismo. Su autonomía presupuestaria es limitada: ciertas parte de la contabilidad se llevan localmente, pero hay otros aspectos (sueldos del personal fijo y funcionario, dotación de infraestructuras generales) que se fijan desde la organización central en Madrid. Como no está prevista la bancarrota, el problema se planteará cuando nos encontremos ante la imposibilidad de pagar algunos gastos. Al final, estos gastos serán asumidos por la organización central (pues jurídicamente es el único ente existente) y ésta de algún modo asumirá la gestión del centro y forzará una serie de cambios estructurales: venta de equipos, no renovación de contratos o incluso despidos, etc. La cosa, por supuesto, se desarrollará de una forma previsiblemente penosa, con cruces de reproches y de acusaciones entre investigadores, la administración de mi instituto y la organización central del CSIC. En suma, entre las víctimas de una disposición que sin duda será legal, pero que también es profundamente injusta.

Viendo como van las cosas, estoy convencido de que la mayoría de la población española, harta de oír día sí y día también, acerca de los continuos casos de corrupción, aceptará la versión que se precocinará desde los medios de que el problema de fondo es algo parecido a la corrupción pero en los "medios científicos", usando en su provecho la creciente indignación popular contra el enriquecimiento personal ilícito. Nadie entrará a indagar que aquí no se ha enriquecido nadie; se repetirá hasta la saciedad en las pantallas de las televisiones el caso más doloso que se pueda encontrar, y con una opinión pública convenientemente moldeada se aplicarán, implacables, más y más recortes, destrozando lo poco que se pueda mantener en pie. Doy por hecho los despidos masivos, el cierre de algunos centros y en general el agostamiento de los que sobrevivan, donde los funcionarios que queden intentarán mantener la actividad al mínimo para evitar meterse en más problemas administrativos mientras sueñan en jubilarse o en marcharse a otras tierras menos montaraces. La caída en picado del dinero competitivamente captado por el sistema de ciencia español se mostrará como un ejemplo de la mala praxis de los científicos y una justificación para reducir aún más los fondos públicos destinados a la ciencia.

Tal y como yo lo veo, el sistema científico español seguirá una curva de colapso y degeneración paralela a la que seguirá la sociedad en su conjunto. A mi me parece natural que si los recursos son menguantes lo tengan que ser para todas las áreas de la actividad económica y social, y la ciencia no iba a ser una excepción. Además, como la ley de los rendimientos decrecientes también se aplica a los frutos de la ciencia, y la simple búsqueda del conocimiento no ha sido nunca del agrado de los gestores, es también lógico y natural que se trate a la actividad científicamente públicamente subvencionada como un lujo (no en vano repetidamente los adalides del libre mercado dicen que la ciencia debería autofinanciarse). Puesto que la ciencia no es per se un sector productivo y sus retornos no siempre son burdamente monetarizables (y los que sí que lo son llevan muchos años para materializar el beneficio) es natural que, en época de escasez, sea un sector donde preferentemente se quiera recortar la asignación de recursos. Sin embargo, la ciencia tiene cierta aura de respeto social en España: la de científico se encuentran entre las profesiones mejor valoradas, y delante de los muchos problemas de mera viabilidad económica, social y ambiental a los que se enfrenta España muchas veces se oyen voces reclamando un mayor y mejor asesoramiento científico. Por eso mismo, para acometer los inevitables recortes en esta actividad en la que no creen nuestros gobernantes, y que muchas veces resulta incómoda para los intereses económicos dominantes, se hace necesario no sólo recortar los fondos asignados a la ciencia, sino hacerlo de tal manera que se extienda una mancha de desprestigio sobre ella, para que así la ciudadanía no exija que no se atropelle al sistema científico español sino que, al contrario, convertida en turbamulta, jalee el linchamiento hacia el cual se nos está llevando. Ésta es, a mi parecer, la explicación más plausible para lo que está pasando.

Cuando uno escribe sobre el cenit de nuestra sociedad, sobre el inevitable y progresivo declive de la civilización industrial, uno tiende a hacerlo en abstracto, en tercera persona, explicando aquello que pasa sin verse realmente a uno mismo como actor de los penosos procesos que describe. Y sin embargo tarde o temprano esos mismos procesos de decadencia y declive tienen que alcanzarle a uno, a su lugar de trabajo, a su renta disponible, a sus condiciones de vida. Por eso no puedo decir que me sorprenda nada de lo que pasa, de lo que nos pasa, de lo que me pasa... pero me apena ver la forma tan mezquina que va tomar el descenso particular de mi sector. Muchas veces digo que el decrecimiento de nuestra sociedad es inevitable, y que lo único que podemos escoger es si pilotamos el proceso y lo hacemos lo más humano y soportable posible, o bien si dejamos que evolucione espontáneamente y se desarrolle de manera caótica y posiblemente dejándonos en un nivel inferior al que de otro modo podríamos conseguir. Hemos escogido todos, pero particularmente mis colegas científicos, no pilotar este proceso: éstas son las lamentables consecuencias. Quizá lo que más me duele, después de todo, es cargar con la parte del oprobio colectivo que probablemente se nos asignará a los científicos, no por mi, sino por la vergüenza que podrían llegar a sentir mis hijos.