En una reciente entrevista, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, declaraba que el sistema de pensiones español es sostenible más allá de toda duda razonable: “Sí, rotundamente, el sistema de pensiones es sostenible”. Con tal de acreditar su fanática fe en ese fraude piramidal llamado Seguridad Social, Báñez añadió que no necesitaba un plan privado de pensiones porque confiaba en el sistema público: “No tengo plan privado de pensiones. Yo confío plenamente en el sistema público, respetando lógicamente a aquel que tenga un sistema complementario privado”.

La estructura argumental de Báñez es bastante sencilla: justifico lo que hago (no reformar las pensiones públicas), en función de lo que creo (las pensiones públicas no corren peligro) y demuestro que verdaderamente creo en lo que digo creer exhibiendo lo que tengo (confío en las pensiones públicas porque ni siquiera me preocupo por ahorrar de cara al futuro). La realidad, sin embargo, es mucho más cruda: aunque Báñez creyera sinceramente que las pensiones públicas son sostenibles, bien podría estar equivocándose; pero, además, existen serios motivos para pensar que no está siendo sincera y que nuevamente está engañando a los españoles.

La insostenibilidad del sistema de reparto

Todo sistema contributivo de reparto se basa en una fórmula muy sencilla:

Salario medio * nº de trabajadores * cotización a la Seguridad Social = pensión media * nº pensionistas

A saber, los ingresos del sistema (que dependen de las cotizaciones cobradas sobre la masa salarial) han de ser igual a los gastos del sistema (la masa de pensiones pagadas), y si algún año existe déficit, éste ha de ser compensado con los superávits de otros años.

A la luz de esta fórmula, existen tres formas de afrontar un gasto creciente en pensiones: o incrementar la productividad del trabajo (esto es, los salarios), o aumentar el número de trabajadores, o aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social. Y, evidentemente, la forma complementaria de capear unos ingresos decrecientes pasa o por reducir el número de pensionistas (retrasando la edad de jubilación, por ejemplo) o por recortar las pensiones.

La evolución demográfica de España en los próximos 30 años apunta a que el número de trabajadores se va a reducir drásticamente (siendo optimistas, conservaremos unos 16 millones) y a que, en cambio, el número de pensionistas va a crecer muy considerablemente (en torno a 15 millones de pensionistas y más de 16 millones de pensiones). En consecuencia, estamos hablando de que, a lo largo de las próximas tres décadas, un trabajador va a tener que mantener como media a un pensionista (probablemente a más de uno), y para ello las vías son limitadas:

Si no queremos aumentar la cotización a la Seguridad Social, tendremos que incrementar los salarios, pero esto no es ni mucho menos algo automático ya que depende de la evolución de la productividad del factor trabajo (y la productividad depende de la acumulación sana de capital, para lo cual necesitamos ahorro y libertad económica). Es más, aun cuando lográramos incrementar la productividad y por tanto los salarios, lo que sí es obvio es que la pensión media no podrá aumentar tanto como el salario medio, de modo que la tasa de reemplazo del sistema (qué porcentaje del último sueldo se sigue cobrando en pensiones) por necesidad tendrá que caer. El salto en el nivel de vida entre trabajadores y pensionistas irá in crescendo… en el mejor escenario concebible.
Si no logramos aumentos significativos en la productividad del trabajo, habrá que aumentar muy significativamente las cotizaciones a la Seguridad Social para conservar las pensiones medias actuales, lo cual minará todavía más el nivel de vida de unos trabajadores ya asfixiados fiscalmente.
Y si no queremos aumentar las cotizaciones y tampoco logramos incrementar de manera sustancial la productividad, el único remedio será el de recortar las pensiones medias.

Sigamos el camino que sigamos, es evidente que el futuro del sistema público de pensiones no está ni mucho menos asegurado. Más bien se halla repleto de incertidumbres. Pero la ministra de Trabajo y Seguridad Social insiste en que está tan convencida de su sostenibilidad que ni siquiera se ha preocupado por complementar su jubilación futura al margen de la propia Seguridad Social. ¿Es así?

El patrimonio de Fátima Báñez

Es verdad que la ministra de Trabajo y Seguridad Social no posee personalmente ningún plan privado de pensiones. Pero tampoco lo necesita. Si acudimos a su última declaración de bienes, descubriremos que el patrimonio de Báñez está compuesto por: seis viviendas, un solar, dos fincas de secano, 325.000 euros en bonos del Tesoro, y una cartera de acciones y participaciones valorada en unos 150.000 euros. Es decir, con un patrimonio personal mínimo de entre 1 y 1,5 millones de euros (más lo que siga acumulando hasta su jubilación), la ministra de Trabajo y Seguridad Social tiene el descaro de decirnos que “no tengo plan privado de pensiones. Yo confío plenamente en el sistema público”. ¿Cómo que confía en el sistema público? Aunque mañana colapsara la Seguridad Social, la ministra del ramo seguiría disfrutando de una jubilación dorada merced al patrimonio que ha ido amasando a lo largo de su vida laboral.

El caso podría parecer anecdótico, pero no lo es. Dejando de lado que, nuevamente, un político intente tomarnos descaradamente el pelo, la ministra Báñez está descuidando sus obligaciones de reformar un sistema que sabe insostenible porque a corto plazo sus intereses electorales desaconsejan abandonar el mensaje populista pro-pensiones públicas y, a largo plazo, su bienestar futuro no depende en absoluto del estado de salud de la Seguridad Social. Los incentivos para que obre recta y responsablemente se hallan, pues, del todo deformados: a corto plazo, cuanto más deje pudrir la Seguridad Social sin abrir el impopular melón de reformarla, tanto mejor para ella; a largo plazo, cuanto más podrida se halle la Seguridad Social, tanto más indiferente para ella, pues ni seguirá en política ni la calidad de su jubilación se verá afectada en lo más mínimo.

Lo peor de todo, sin embargo, ya no es el tacticismo electoral de mentir sobre lo que se tiene, para engañar sobre lo que se dice y así justificar lo que no hace. A poco que uno entienda la política tal cual es —una lucha encarnizada por el poder a costa de lo que sea y de quien sea—, puede comprender perfectamente la actitud de Báñez y de su partido. Lo gratuitamente ruin no es eso, sino que transmita a los españoles el mensaje de que ni siquiera es necesario que se preocupen por ahorrar: “confíen en la Seguridad Social. Yo lo hago y sé de qué hablo”. ¿Tanto le habría costado a la ministra recomendar y fomentar el ahorro de cara a la jubilación aun cuando siguiera mintiendo con descaro acerca de la sostenibilidad futura de nuestras pensiones? ¿Tanto le habría perjudicado electoralmente sugerir que, aquellos españoles que tengan la oportunidad, se comporten como ella está haciendo (acopiando activos reales y financieros)? ¿Qué necesidad había de desalentar el ahorro personal colocándose a ella misma como falso ejemplo de la esterilidad de planificación financiera?

Incomprensible: parece que nuestros políticos no sólo aspiran a engañarnos en masa para seguir pastoreándonos, sino que además desean vernos empobrecidos, arruinados y ultradependientes del Estado en el futuro para controlarnos mejor. O eso o que la ministra de Trabajo y Seguridad Social desconoce el abecé de la Seguridad Social, que tampoco es descartable: ¿para qué salir de su zona de confort e informarse sobre el negro futuro de la Seguridad Social?