La triste realidad de los desahucios familiares en España ha copado el debate social, mediático y político de nuestro país durante años. En parte era comprensible, ya que arrebatarle a una persona la propiedad privada de su casa constituye uno de los procesos civiles más duros que podemos contemplar. Sin embargo, como sucede siempre que los partidos políticos (o los embriones de partidos políticos) se convierte en adalides de alguna causa social, existe un más que cierto riesgo de aprovechamiento electoralista del problema y, por tanto, de politización manipuladora.

En el caso de los desahucios en España, hubo una clara intención de inflar las cifras de familias desahuciadas para magnificar un drama que en sí mismo no debería haber requerido de ninguna magnificación. A este respecto, hemos escuchado insistentemente la cifra de que 600.000 familias perdieron su vivienda entre 2007 y 2014 como consecuencia de los desahucios bancarios. La cifra parece sólida y veraz, ya que procede de una fuente tan oficial como son las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, si uno se detiene a estudiar mínimamente la cuestión comprobará que lo es mucho menos de lo que parece.

El propio CGPJ reconoce que sus estadísticas versan sobre ejecuciones hipotecarias que pueden haberse resuelto sin pérdida de la vivienda (por ejemplo, si el deudor hipotecario regulariza su situación financiera) y, sobre todo, sobre ejecuciones que, aun concluyendo en lanzamientos (desahucios), incluyen no sólo viviendas principales, sino también secundarias e incluso otro tipo de inmuebles: “[la estadística ofrecida] facilitaba el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, resueltas y en trámite, pero sin ningún detalle sobre los bienes objeto de la hipoteca ni la naturaleza de sus titulares. También facilita el número de lanzamientos cuya práctica se ha solicitado a los servicios comunes de actos de comunicación y ejecución. No distingue si el lanzamiento era en una vivienda, principal o secundaria, u otro bien inmueble”.

La cifra del CGPJ siempre debió tomarse cum grano salis: como una estimación máxima —probablemente muy inflada— de las cifras reales de desahucios de vivienda familiar. No obstante, por motivos injustificables pero perfectamente explicables, la cifra de 600.000 terminó convirtiéndose en el guarismo oficial de familias que habían perdido sus hogares en España como consecuencia de la crisis económica. ¿Acaso no disponemos de una estadística algo más precisa?

Sí, afortunadamente desde el año 2012 disponemos de una estadística elaborada por el Banco de España mucho más detallada que la del CGPJ, donde no sólo se distingue entre viviendas principales y secundarias, sino también entre las circunstancias que han rodeado la pérdida del inmueble (entrega voluntaria al banco o desahucio/lanzamiento judicial). Hace unas semanas, el Banco de España publicó las cifras correspondientes a 2014, de manera que ya disponemos de los datos completos del trienio 2012-2014, en el que según la estadística del CGPJ se han producido 255.051 procesos de ejecución hipotecaria: casi la mitad de los presuntos 600.000 desahucios que han tenido lugar durante esta crisis.

Pues bien, atendiendo a las cifras del Banco de España, entre 2012 y 2014 los procesos de ejecución hipotecaria han concluido en las siguientes pérdidas de vivienda principal:

Ejecuciones hipotecarias con pérdida de vivienda principal en España en 2012, 2013 y 2014

Fuente: Banco de España

Varios comentarios al respecto:

Primero, la cifra agregada de viviendas familiares perdidas a raíz de un proceso de ejecución hipotecaria (110.140) es menos de la mitad de todos los procesos de ejecución hipotecaria recogidos por el CGPJ durante ese período (255.051).

Segundo, de todas las viviendas pérdidas durante este período (110.140), casi la mitad (46.633) implicaron una dación en pago, que es la medida de “justicia social” que recurrentemente reclamaban los distintos partidos políticos y plataformas de afectados por la hipoteca. Otras 10.312 viviendas fueron entregadas de mutuo acuerdo entre el banco y el hipotecado, en condiciones que algún tipo de ventaja le acarrearían a este último. Son el resto (53.195) las que sí fueron seguidas por un desahucio (o, más técnicamente, un lanzamiento judicial). Por tanto, sólo el 20,8% de todos los procesos de ejecución hipotecaria recogidos por las estadísticas CGPJ concluyeron en un desahucio de vivienda familiar.

Tercero, durante estos tres años, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sólo tuvieron que intervenir en 380 desahucios, esto es, en el 0,15% de todos los procesos de ejecución hipotecaria. Sin embargo, en el imaginario colectivo español ha terminado asimilándose “ejecución hipotecaria” con “desahucio policial” gracias a la incansable labor de unos medios de comunicación que, a tenor de los datos, debieron retransmitir en directo la práctica totalidad de los desahucios policiales que se produjeron en España durante esos años.

Por último, desgraciadamente no contamos con estas mismas estadísticas detalladas para el período 2007-2011. Pero si trasladamos los mismos porcentajes del trienio 2012-2014 al período 2007-2014, obtendremos que el número de viviendas principales perdidas a raíz de procesos de ejecución hipotecaria no fueron 600.000, como se predica desde numerosos ámbitos, sino 261.000: de ellas, 110.000 familias entregaron su vivienda beneficiándose de una dación en pago, algo menos de 25.000 lo hicieron con algún otro tipo de acuerdo con el banco, y 126.000 fueron desahuciadas. Si incrementamos un poco esta última cifra para cubrirnos conservadoramente las espaldas frente a cualquier margen de error, podríamos decir que alrededor de 150.000 familias fueron desahuciadas de su vivienda principal entre 2007 y 2014.

¿Son 150.000 familias muchas? En términos absolutos, desde luego: son 150.000 unidades familiares que se han visto privadas de su hogar como consecuencia de desatender la devolución del crédito con el cual la adquirieron. Pero en términos relativos estamos hablando de cifras bastante modestas: en España hay alrededor de 18,1 millones de viviendas familiares, de las cuales 5,8 millones retinen algún tipo de carga hipotecaria. Por tanto, durante una de las crisis económicas más devastadoras de la historia de España han sido desahuciadas de su vivienda el 0,8% de todas las familias españolas o el 2,5% de las familias con hipoteca sobre su vivienda principal. O por leerlo a la inversa: el 99,2% de las familias españolas y el 97,5% de las familias hipotecadas no han sido desahuciadas de sus hogares.