Los antiguos asirios fueron pioneros en la ampliación de bases imponibles para conseguir los objetivos de su Estado, uno de los primeros de corte moderno hace casi tres mil años. Sus recaudadores decretaron que había que someter a impuestos las cosechas de los años venideros, y que los impuestos se tenían que pagar en el año actual. El objetivo no era otro que obligar a los pueblos conquistados y que iban incorporando a su imperio, a que tuvieran que seguir plantando los campos y produciendo, amén de conseguir liquidez actual para seguir financiando sus continuas campañas de conquista.

No pretendemos darle más ideas al Sr. Montoro, campeón por otra parte de la ampliación de bases imponibles para conseguir financiar el déficit público, pero lo cierto es que los asirios utilizaban los impuestos no sólo para recaudar, sino para destinar el dinero a fines concretos: producción agrícola, financiación de campañas bélicas, etc. Es decir, los asirios entendían que los impuestos tienen que tener un destino específico y por tanto una utilidad social, al margen de que pudieran estar o no equivocados.

Cuando finalizó la Guerra de Secesión americana en 1865, una de las primeras medidas del gobierno yanqui fue someter a tributación los activos inmobiliarios radicados en el Sur, decretando que el dinero confederado no tenía valor y que los nuevos impuestos debían pagarse en dinero yanqui. Muy pocos sudistas tenían acceso a los dólares del Norte, y ello dio pie para que muchos yanquis pudieran quedarse con propiedades sureñas simplemente porque tenían dinero legal y podían acudir a las subastas de bienes embargados. En este caso, los impuestos también tenían una utilidad doble para el Estado: recaudar dinero para financiar la cruenta guerra, y conseguir mezclar sangres al permitir que gente del Norte colonizase parte del Sur, de nuevo al margen de que la medida fuera o no acertada.

Las cosas han cambiado bastante durante estos tres mil años, y especialmente en los países del arco mediterráneo. Ya no se busca la utilidad social de lo recaudado, sino simplemente el cuadre de un balance, o mejor dicho el descuadre, ya que se asume que los ingresos son menos que los gastos, y por la diferencia se emite deuda pública, que siempre habrá quien la compre, incluso sin interés. Cuando se piensa en la utilidad de los impuestos que pagamos, nunca pensamos en un destino concreto. Es simplemente una carga que tenemos que soportar porque si no, nos sancionan o incluso nos meten en la cárcel.

Sin embargo, recientemente, los miembros del Gobierno han hecho una propuesta diferente, más en la línea de los planeamientos primigenios de la teoría de la imposición pública. Simplemente, se han dado cuenta de la inminente quiebra del sistema de la Seguridad Social, y de los cuatro conceptos básicos de las prestaciones sociales (jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad), han propuesto que el segundo de ellos, la viudedad se pague con impuestos en vez de con la recaudación del sistema. La verdad es que no acabo de entender qué diferencia hay entre la viudedad, la orfandad y la incapacidad, para que sea esa la partida que se financie con impuestos. Simplemente creo que han hecho un cálculo de cuál es el importe de las prestaciones y han pensado que si financian esa partida con impuestos, pues a lo mejor les cuadran las cuentas. Una muestra más de improvisación, algo muy habitual en las últimas legislaturas.

En el siguiente cuadro, podemos observar cuál es el déficit real de la gestión gubernamental en función de los tres conceptos básicos:

Realmente, el déficit de la Economía española es del 7,25%, y no del 5,80% como dice el Gobierno, ya que la apelación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social no es otra cosa que contabilidad creativa. La Economía española tiene un déficit de explotación del 2,54%, un déficit por deuda pública acumulada del 3,26% y un déficit por el agujero de la Seguridad Social del 1,45%, y estos dos últimos no van a parar de crecer.

Seamos serios. Con el modelo actual ni se pueden pagar las prestaciones de la Seguridad Social, ni se podrán pagar los intereses de la Deuda Pública cuando haya tipos de interés de mercado (vamos, cuando se jubile el Sr. Draghi). Hemos de ser conscientes de que el déficit público tendrá tres partes: el déficit primario que será la diferencia real entre ingresos y gastos de las Administraciones Públicas, el déficit provocado por los intereses de la Deuda Pública, y el déficit provocado por el Sistema de la Seguridad Social. Y la misión de cualquier Gobierno será conseguir financiar los tres déficits, tomando medidas consensuadas y de  largo plazo. Lo de meter la cabeza bajo tierra como los avestruces no puede ser una alternativa, sobre todo cuando se tiene el segundo mayor déficit de la zona euro, como le ocurre a España.

Ni podemos pagar la Deuda Pública actual, ni podemos financiar el Sistema de la Seguridad Social, ni siquiera somos capaces de equilibrar los ingresos y gastos corrientes. Con estas perspectivas, cada vez resulta más extraño que haya quien compre Deuda Pública española sin interés, aparte del Sr. Draghi, de los bancos españoles (cualquiera le dice que no al Gobierno) y de la propia Seguridad Social española que invierte todo el Fondo de Reserva en Deuda Pública. ¿Qué ocurrirá cuando cambie el viento? Desgraciadamente, no tenemos un paraguas como el de Mary Poppins para cambiar de aires.

Me gustaría conocer cuáles son las propuestas de nuestros partidos políticos en relación con estos temas de cara a la próxima confrontación electoral. Desgraciadamente, no creo que lleguen siquiera a tocar estos temas, y mucho menos el explicarnos a los españolitos de a pie cuál es la utilidad social de los impuestos que pagamos.