Los laboristas británicos ya cuentan con un nuevo líder tras el descalabro de Ed Miliband en las elecciones de mayo. Se trata de Jeremy Corbyn, perteneciente al ala más radicalmente liberticida de la formación. Corbyn apuesta por subidas generalizadas de impuestos (especialmente a las empresas y a las rentas altas); por renacionalizar los ferrocarriles y el sistema eléctrico; por incrementar un 50% el salario mínimo y por reforzar el papel de los sindicatos en la negociación colectiva; y por invertir en vivienda, transporte o energía mediante la impresión de nuevas libras por parte del Banco de Inglaterra.

El recetario de Corbyn bien podría ser calificado de homeopatía económica: las subidas de impuestos al ahorro y a la inversión erosionan la base del crecimiento futuro; la renacionalización de las “industrias estratégicas” solo coloca bajo la dirección de los burócratas estatales unas actividades económicas que deberían estar abiertas a la libre competencia y sometidas a las necesidades de los ciudadanos; el alza del salario mínimo y los privilegios estatales a la negociación sindical generan paro, especialmente entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad; y la manipulación monetaria dirigida a que el Estado invierta irracionalmente en vivienda o infraestructuras es sólo una forma de exacerbar una nueva burbuja inmobiliaria y de multiplicar los desastrosos planes E por todo el Reino Unido.

Pero lo verdaderamente inquietante de Corbyn es que aspira a implantar un control mucho más férreo sobre la sanidad y la educación de los británicos. El nuevo líder laborista no se contenta con que la sanidad sea dominada y dirigida por el Estado a través del National Health Service, sino que pretende cancelar cualquier tipo de gestión o financiación privada de hospitales públicos; tampoco tolera la existencia de universidades o de colegios concertados autónomos, por lo que pretende someterlos a una amplia planificación estatal mediante la creación de un National Education Service.

No es que Corbyn carezca de razón al señalar que la educación y la sanidad británicas necesitan de profundas reformas: al igual que sucede en toda Europa y en EEUU, estos sectores básicos funcionan cada vez peor por su nula adaptabilidad a las cambiantes y crecientemente complejas necesidades de una sociedad cada vez más dinámica y heterogénea. Pero a buen seguro la solución a estos problemas no pasa por sumirlos a una reglamentación estatal incluso mayor a la actual. Sin ir más lejos, el iluminado planificador Corbyn es un abierto defensor de incorporar la homeopatía dentro del sistema sanitario público, esto es, de obligar a todos los ingleses a costear y plegarse a la pseudociencia.

La educación y la sanidad necesitan escapar de las garras del hiperburocratizado Estado y regresar a la sociedad, es decir, necesitan privatizarse y liberalizarse. En plena era de la revolución de la información, debería resultar inconcebible que un señor desde Downing Street o desde La Moncloa pueda imponerles a todos los ciudadanos su particular y errático modelo de educación o sanidad al más propio estilo de los albores socialistas del s. XX y no de la revolución digital del s. XXI.

Por fortuna, no todo son defectos en el nuevo líder laborista. Corbyn ha abanderado durante años la defensa de numerosas libertades civiles (por ejemplo, la igualdad jurídica de los homosexuales), es un destacado antimilitarista que se opone a intervenciones bélicas de carácter no defensivo y se opone a la ola de xenofobia que recorre buena parte del país manifestando una visión tolerante, positiva e integradora de la inmigración. El riesgo, claro está, es que los conservadores aprovechen la coyuntura para reafirmarse en sus señas menos liberales (militarismo y anti-inmigración) al tiempo que se acercan a los planteamientos económicos laboristas para fagocitar parte del electorado socialdemócrata moderado que se asuste con Corbyn.

No en vano, ese enconamiento antiliberal de las fuerzas políticas mayoritarias es la misma preocupante tendencia que estamos observando en otros puntos del planeta: en EEUU, el republicano Donald Trump —xenófobo y mercantilista— y el demócrata Bernie Sanders —un calco de Corbyn al otro lado del Atlántico— están cada vez mejor posicionados para lograr la nominación; y en España, PSOE-Podemos y PP se reparten el espectro político compitiendo por ver quién se entromete más en nuestras vidas. La crisis económica ha reavivado el populismo de izquierdas y de derechas en la mayor parte del mundo: si no lo evitamos, ése será su más devastador legado.

El sablazo 

El ayuntamiento de Madrid ha anunciado una reducción del IBI para las inmuebles residenciales compensado por el incremento de otros impuestos: un aumento del IBI para algunos inmuebles no residenciales y del Impuesto sobre Actividades Económicas y la creación de un nuevo tributo para grandes generadores de residuos y de una nueva tasa a cajeros automáticos.

La estrategia de Ahora Madrid es clara: aprobar una masiva subida impositiva concentrada en unos pocos sectores combinada con una buena noticia fiscal para la mayoría de madrileños. Pero aunque redoblar la tributación sobre las empresas madrileñas no nos afecte directamente, sí lo hace indirectamente: dificulta la creación de riqueza y, con ella, la creación de empleo.

La amenaza

La deuda pública del conjunto de las Administraciones alcanzó en junio la cifra de 1,052 billones de euros: una media de 58.000 euros por familia española. En 2007, apenas superaba los 23.000 euros por familia, es decir, menos de la mitad que la actual.

Ahí podemos observar en todo su esplendor el resultado de ocho años de déficits públicos ininterrumpidos por parte de PSOE y de PP: consolidar la burbuja de gasto público a costa de hiperendeudar a las generaciones presentes y futuras.

Desde el exterior

La semana pasada, la deuda pública de Brasil fue degradada a la categoría de bono basura por parte de Standard and Poor’s. Tras años de crecimiento económico impulsado por el crédito barato global y por el tirón de la demanda china, Brasil está comenzando a desmoronarse debido a la acumulación de desequilibrios interiores, a la desaceleración de sus socios comerciales y a la corrupción institucional generalizada. Pero no se preocupen: en 2016 acogerá los Juegos Olímpicos, algo que, según afirman los economistas keynesianos de todo cuño, supondrá un fortísimo estímulo para su economía. Seguro que sí.

El dato

El IPC español volvió a terreno negativo en agosto: durante el último año, los precios de los bienes de consumo han descendido un 0,4%. La tan temida deflación lleva con nosotros desde 2013 sin que ello haya perjudicado nuestra capacidad de crecimiento: en contra de lo que auguraban muchos economistas inflacionistas, las sociedades pueden crecer sin necesidad de que el aumento de precios erosione el poder adquisitivo de consumidores y ahorradores. La mayor amenaza al crecimiento económico no es la deflación, sino el intervencionismo estatal que promueven muchos de esos mismos economistas.