El Massachusetts Institute of Technology (MIT), la tercera mejor universidad del mundo, ha comenzado a reconocer validez oficial a algunas de las asignaturas que imparte cuasi gratuitamente a través de internet. La enseñanza online no sólo está revolucionando el método docente, sino que inevitablemente va a revolucionar la relación que existe entre el Estado y la educación.

En la actualidad, la mayoría de españoles aceptan que los políticos les arrebaten fiscalmente una ingente porción de sus ingresos con el propósito de sufragar una educación estatalizada que presuntamente les garantiza la “igualdad de oportunidades” a todos ellos. En unos años, sin embargo, este panorama podría cambiar de forma radical: si las mejores universidades del planeta se lanzan a ofrecer grados oficiales online a precios muy asequibles, las hiperburocratizadas facultades españolas serán incapaces de competir con sus excelentes pares internacionales. Y entonces, ¿qué sentido tendrá ambicionar un título mediocre (ninguna universidad española se halla entre las 150 mejores del planeta) cuando, desde casa, de manera mucho más flexible y por un coste modesto, podrá graduarse en una de las mejores universidades del mundo?

En tal escenario, quedará totalmente claro que el cobro de impuestos por parte del Estado no incrementa sino que socava las oportunidades reales de las personas, y especialmente las de aquellas con una renta más baja: si los españoles empezamos a disponer de una educación global de alta calidad y a muy bajo coste, ¿cómo seguir justificando una universidad pública sin alumnos y financiada a costa de la extracción coactiva de recursos a los contribuyentes (incluido a aquellos con menores rentas)? Por necesidad, terminarán siendo los propios ciudadanos quienes exijan la libertad de gestionar su propio dinero para escoger entre un muy amplio abanico global de títulos de enseñanza privados.

En este contexto, las únicas opciones de supervivencia de las facultades españolas, sean públicas o privadas, pasarán por adaptarse a las nuevas tecnologías, por modificar su anquilosada metodología y por ofrecer estudios muy especializados y adaptados a las nuevas necesidades de los estudiantes. Por desgracia, ninguno de nuestros políticos está pensando en preparar al sistema público para afrontar este cambio copernicano: todos ellos insisten en la necesidad de seguir (mal)invirtiendo dinero del contribuyente en mantener un esquema formativo caduco. Como suele suceder, sólo algunas de las partes más innovadoras y disruptivas del sector privado (como, por ejemplo, el centro de estudios OMMA) están organizándose para afrontar estos nuevos tiempos. Afortunadamente, el futuro de la educación pasa por la libertad.