El PSOE de Pedro Sánchez ya ha expuesto cuáles serán los ejes de su contrarreforma laboral: elevación del salario mínimo hasta los 1.000 euros mensuales, aumento del poder de los sindicatos en la negociación colectiva y sobrerregulación de la actividad de los autónomos. Tres ejes que apuntan en una misma dirección: obstaculizar y dificultar la creación de riqueza para trabajadores y empresarios en España.

Primero, incrementar el salario mínimo, especialmente en el monto prometido por el PSOE, genera paro. No en vano, si a los mil euros mensuales en catorce pagas le añadimos otras cargas vinculadas a un empleo (cotizaciones a la Seguridad Social, vacaciones pagadas, indemnización por despido…), el coste mínimo de contratar a una persona en España se eleva a más de 20.000 euros anuales. O dicho de otra forma: bajo la propuesta del PSOE, toda persona que sea incapaz de a generar más de 20.000 euros anuales para su empresa, tendrá prohibido trabajar en España.

Lo mismo sucede, en segundo lugar, con la promesa socialista de reforzar el poder de los sindicatos en los convenios colectivos. El problema de otorgar a una camarilla sindical el privilegio de negociar en nombre de todos los trabajadores de un sector o de un área geográfica es que las circunstancias particulares de cada negocio no se toman en cuenta: las mismas condiciones laborales se pactan para la empresa que va viento en popa como para la que se halla al borde de la bancarrota. La reforma laboral vigente, con buen criterio, favorece la negociación colectiva a nivel empresa por encima de la negociación colectiva sectorial o provincial; y, asimismo, habilita un procedimiento —todavía demasiado rígido— para permitir el descuelgue de aquellos convenios que les resulten demasiado gravosos a las pymes. La contrarreforma de Sánchez pretende cargarse estas válvulas de escapa y, por tanto, sólo contribuiría a asfixiar a los empresas más débiles de nuestro país.

Acaso podamos entender mejor los efectos devastadores de estas dos medidas planteadas por el PSOE trazando un paralelismo con los autónomos. Imaginemos que el PSOE estuviera promoviendo una normativa por la cual se prohibiera trabajar a los autónomos que ingresaran menos de 20.000 euros anuales y otra que otorgara a unas pocas centrales sindicales la potestad de establecer unilateralmente las condiciones en las que todos los autónomos deben suministrar sus servicios. Si ese fuera el caso, todos entenderíamos que tales regulaciones impedirían a muchos autónomos seguir ganándose honestamente la vida y que no contribuirían en nada a mejorar su bienestar: pues ese mismo daño es el que les generarían a los trabajadores por cuenta ajena las expansivas leyes de salario mínimo y de negociación colectiva que está promoviendo el PSOE.

De hecho, la tercera pata de la contrarreforma laboral de Pedro Sánchez consiste en someter a los autónomos a las mismas regulaciones laborales de los trabajadores por cuenta ajena: es decir, someterlos al arbitrio y a los caprichos de políticos y sindicatos. El PSOE aspira a suprimir el margen de flexibilidad normativa del que hoy disfrutan los autónomos y gracias al cual han sido el colectivo que mejor ha resistido los achaques de la crisis (sus afiliaciones a la Seguridad Social apenas han descendido un 1% frente a 2007, mientras que las del resto de trabajadores han colapsado un 16%).

En definitiva, las regeneradoras propuestas laborales del nuevo partido socialista de Pedro Sánchez son tan innovadoras como las del viejo partido socialista de Zapatero, responsable de haber destruido más de 2,5 millones de empleos en apenas cuatro años. La economía española no necesita más rigidez y burocratización político-sindical: las consecuencias de ese modelo nos son de sobras conocidas en forma de destrucción masiva de puestos de trabajo. Al contrario, lo que necesita la economía española es mucha mayor flexibilidad y libertad: son las economías más libres y flexibles las que más rápidamente generan empleo de calidad para el conjunto de los ciudadanos.

Pero lejos de liberalizar y flexibilizar el todavía muy encorsetado mercado laboral español, los socialistas se empeñan en repetir las notoriamente fracasadas políticas que nos condujeron hasta aquí. No por casualidad, ellos mismos reconocen que intentarán implantarlas de manera progresiva y sólo en la medida en que la evolución económica lo permita: es decir, ellos mismos admiten que su recetario laboral es nocivo y difícilmente digerible por la economía. Sánchez pretende llegar a La Moncloa prometiendo un empleo de calidad y, con este paquete de medidas, tendrá el mismo éxito que Zapatero prometiendo el pleno empleo.

El dato

El reciente informe sobre la riqueza mundial elaborado por Credit Suisse recoge un dato que ha pasado desapercibido para la mayor parte de la prensa: España es uno de los países occidentales que exhibe una mayor igualdad en términos de riqueza. El discurso populista de que las desigualdades patrimoniales se están disparando en nuestro país —los ricos son más ricos a costa de que los pobres son más pobres— simplemente no se sostiene por ningún lado.

A costa del contribuyente

Durante el mes de agosto, la deuda pública española se incrementó en 9.000 millones de euros, lo que equivale a unos 500 euros más de deuda por familia. Pese a la reducción del déficit estatal que venimos experimentando desde 2010, las Administraciones Públicas siguen gastando mucho más de lo que ingresan, hipotecando con ello el futuro de los españoles. No podemos soslayar el agujero negro del presupuesto: toca recortar el gasto con energía y valentía.

La amenaza

El ex gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ha alertado recientemente contra las políticas de crédito barato que vienen aplicando los bancos centrales desde 2009. Por mucho que los bajos tipos de interés puedan parecer positivos para promover la recuperación, en realidad son una bomba de relojería que termina estallando en forma de burbujas y de exceso de endeudamiento.

Desde el exterior

El Parlamento griego aprobó la semana pasada el primer paquete de reformas necesario para obtener los primeros 2.000 millones de euros comprometidos por el tercer rescate de la Troika. Entre las medidas apoyadas por Syriza se encuentra la elevación de la edad de jubilación a los 67 años: al parecer, la edad que Podemos considera inaceptable para España es la que implantan sus hermanos ideológicos en Grecia.