El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha propuesto la creación de un “banco bueno” que se dedique a adquirir las deudas de 500.000 familias, pymes o autónomos que lleven seis meses en situación de morosidad por su incapacidad económica para afrontarlas. El coste de la propuesta no es ni mucho menos anecdótico: a un importe medio de 100.000 euros por hipoteca o por préstamo empresarial, estaríamos hablando de un coste total de 50.000 millones de euros, más de lo que cuesta financiar la educación pública durante todo un año y aproximadamente lo mismo que recaudamos anualmente por IVA.

El objetivo de IU a la hora de crear este carísimo “banco bueno” es, según proclaman desde la formación, rescatar a las personas y no a los bancos, mostrando así un talante distinto al del actual gobierno cesante. Claro que, a efectos prácticos y dejando de lado la demagoga retórica electoral, no queda demasiado claro cuáles serían las auténticas diferencias entre este banco bueno y el actual banco malo de la Sareb, más allá de que la maldad intrínseca se le presuponga a Rajoy y la bondad natural a Garzón. A la postre, el banco “malo” se denomina coloquialmente así porque se dedica a adquirir activos de mala calidad del sistema bancario: y eso es exactamente lo que haría el banco “bueno” de Izquierda Unida, a saber, comprarles a las entidades financieras españolas aquellos préstamos hipotecarios impagados que éstas, a su vez, están deseosas de quitarse de en medio.

De hecho, en un aspecto el banco bueno sería bastante peor que el banco malo: la Sareb adquiere activos reales y financieros con el propósito de revenderlos, recuperando así parte de la inversión efectuada; el banco bueno de Izquierda Unida, en cambio, se quedaría con las hipotecas impagadas sin proceder al desahucio y posterior venta del inmueble, de modo que jamás recuperaría siquiera una porción de la inversión realizada en adquirir las hipotecas malas. En tal caso, ¿quién asumiría el monstruoso coste de ese banco “bueno”? Pues los mismos que van a hacerse cargo de parte de las futuribles pérdidas del actual banco “malo”: los contribuyentes. De ahí que el rescate ciudadano que propone Izquierda Unida no sea, en realidad, otra cosa que un sádico maltrato fiscal contra los ciudadanos: una masiva socialización de pérdidas a favor de bancos privados e hipotecados insolventes, y en contra de la totalidad de los contribuyentes.