Hablar de “IVA cultural” se ha convertido en un lugar común en esta precampaña electoral. El último en hacerlo ha sido Pedro Sánchez, quien se comprometió a rebajarlo al 10% en su reciente visita a la Academia del Cine. También Podemos e IU han realizado promesas en esta misma dirección. Sucede, sin embargo, que el tan mentado IVA cultural no existe: el IVA grava bienes o servicios y no hay un único bien o servicio al que quepa identificar en exclusiva como “la cultura”.

Al contrario, con lo que nos encontramos es con diversos bienes o servicios que guardan cierta relación con la cultura: el cine, el teatro, la ópera, los conciertos, los espectáculos deportivos, las academias, los museos, las pinacotecas, los libros, las revistas, ciertos canales de televisión por suscripción, los DVDs de películas o los CDs de música. Sólo si todos estos productos estuvieran gravados al mismo IVA podríamos hablar simplificadamente de IVA cultural. El problema es que no lo están: es verdad que las entradas de cine o teatro soportan un tipo general del IVA del 21%, pero los libros y las revistas están sometidas al tipo superreducido del 4%. Y, a su vez, los museos, las galerías, las pinacotecas o los espectáculos deportivos de aficionados pagan el 10%.

¿Por qué se habla entonces de un IVA cultural del 21% cuando tal categoría no existe y cuando otros productos culturales tan significativos como el libro —que concentra el 40% de toda la demanda nacional de “cultura”— están gravados al 4%? Pues porque al lobby cinematográfico le interesa elaborar una sinécdoque tramposa identificando su problemática sectorial con la problemática de todo el mundo de la cultura. A la postre, no empatizas igual exclamando un “bájame a mí el IVA” que proclamando un “bájale el IVA a la cultura”: lo primero se asocia con una vindicación de parte interesada, mientras que lo segundo se identifica con una petición desinteresada en pos del conjunto de la sociedad.

Pero si de verdad desean defenderse imparcialmente los intereses del conjunto de los consumidores —y no los intereses crematísticos de un determinado subconjunto de empresarios y productores—, el único camino pasa por reclamar una reducción general del IVA de todos los productos: y, para ello, habrá qué identificar qué partidas de gasto público van a tener que recortarse debido a la consiguiente menor recaudación. ¿Van a empezar a defender recortes presupuestarios los actuales defensores de rebajar el IVA cultural?