Sólo el 49% de los españoles posee conocimientos financieros básicos, según se desprende de una reciente encuesta global realizada por la agencia Standard & Poor’s. En concreto, sólo el 49% de nuestros conciudadanos sería capaz de responder acertadamente a, al menos, tres de estas cuatro preguntas: a) ¿es más seguro concentrar todo nuestro ahorro en una sola inversión o diversificarlo en varias?; b) si mañana se duplicara mi salario pero también el precio de todo aquello que compro, ¿vería aumentado mi poder adquisitivo?; c) si pedimos prestados 100 euros, ¿qué nos resulta más costoso: devolver 105 o 100 más un 3%?; d) si tenemos un depósito de 100 euros y el banco nos añade cada año el 10% de nuestro saldo en intereses, ¿tendremos más de 150 euros al cabo de cinco años?

Nótese que no se trata de preguntas que denoten un elevado grado de sofisticación financiera. Al contrario, son cuatro cuestiones elementales para poder gestionar con algún criterio nuestras finanzas personales. Por ejemplo, si un ciudadano desconoce qué es el interés compuesto, tenderá a sobreendeudarse con mucha más facilidad abusando de sus tarjetas de crédito: y es que refinanciar durante diez años una deuda de 10.000 euros a un tipo de interés del 20% anual no eleva nuestra deuda total a 30.000 euros, sino a 62.000.

Para muchos, los tristes resultados de esta encuesta constituirán la más palpable demostración de que los organismos públicos deben proteger a los ahorradores españoles de su propia ignorancia. Incluso algunos suscribirán la opinión del concejal de Hacienda de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, según quien “los ahorros de la sociedad no deben estar en manos privadas”. Para mí, sin embargo, estas cifras ponen de manifiesto lo contrario: a saber, que el principal responsable del analfabetismo financiero de la mayoría de españoles es nuestro Estado paternalista e hiperprotector y, por tanto, que no debemos otorgarle un poder aún mayor sobre las finanzas de nuestra sociedad.

De entrada, es el sector público quien regula los planes de estudio de todas las escuelas españolas. Por consiguiente, ha sido el sector público quien ha marginado del currículo formativo las materias relacionadas con la educación financiera. Al parecer, en los diez años de enseñanza obligatoria decretados por el Ministerio de Educación no existe espacio lectivo alguno para que los estudiantes aprendan conceptos tan básicos como la inflación, la diversificación del riesgo o el interés compuesto.

Pero, además, es el Estado quien ha arrebatado a los españoles la capacidad para gestionar la preparación de la parte crucial de sus vidas financieras: esto es, la jubilación. Los sistemas públicos de pensiones, en tanto eximen al ciudadano de responsabilizarse de la carga de gestionar su patrimonio de cara a la senectud, destruyen uno de los principales incentivos que existen para adquirir cultura financiera. Si el ahorro destinado a mi jubilación lo gestiona por fuerza —y por la fuerza— el Ministerio de Trabajo, ¿para qué informarme sobre las distintas opciones de preparar mi retiro?

La baja cultura financiera de nuestro país se halla en el centro de muchos de los males que lo han azotado: la burbuja inmobiliaria, los fraudes piramidales o los engaños preferentes. Cuanto más quiera protegernos el Estado, más nos estará aislando del mundo real y más dificultades tendremos para poder movernos por él. Ya va siendo hora de recuperar la responsabilidad sobre nuestro ahorro y, por tanto, de aprender a cómo gestionarlo. No más paternalismo estatal sino mucho menos.

La factura del populismo

Este pasado viernes, el Gobierno griego de Alexis Tsipras aprobó una nueva ley hipotecaria que restablece los desahucios en Grecia meses después de que el propio Tsipras los prohibiera de facto. Esta revisión normativa constituye una de las condiciones exigidas por la Troika para que hoy lunes pueda recibir un primer tramo de 2.000 millones de euros dirigidos a recapitalizar la banca del país. Por mucho que recuperar la institución del desahucio sea una medida de sentido común, desde el punto de vista del populismo syriziano no deja de ser un claro ejemplo de cómo las suicidas políticas que emprendieron durante la primera mitad del año les han terminado pasando factura. Y es que fue el corralito bancario decretado a resultas del absurdo referéndum convocado por Syriza el que quebró la banca del país: y ha sido la necesidad de acceder a fondos comunitarios para rescatar a sus bancos de la quiebra lo que les ha obligado a restablecer los desahucios. En su pecado han llevado la penitencia.

Desde el exterior

Japón ha vuelto a caer en recesión por quinta vez desde 2008 y por segunda vez desde que, a finales de 2012, el banco central del país comenzó a comprar deuda pública a manos llenas (una política popularmente conocida como “Abenomics”). Se trata de un sonoro fracaso que todavía retumba en las cabezas de tantos economistas patrios que pronosticaron una fuerte recuperación nipona a raíz de tan exagerados estímulos monetarios. Pero no: Japón no sólo es uno de los países que menos crece de todo el mundo, sino que, en realidad, lleva un cuarto de siglo estancado como consecuencia de su dependencia de las política de estímulo y de su renuncia a las reformas y a los ajustes. España debería hacer todo lo posible por evitar seguir el decadente rumbo del país del sol naciente: las reformas estructurales y los ajustes presupuestarios siguen siendo totalmente imprescindibles para consolidar una recuperación sostenible y para no hiperendeudar a los contribuyentes.

A costa del contribuyente

Por desgracia, estos necesarios ajustes presupuestarios no avanzan a buen ritmo. A finales del tercer trimestre de 2015, el endeudamiento conjunto de las Administraciones Públicas se elevó hasta los 1,06 billones de euros, el 99,4% de nuestro PIB y ya por encima del objetivo del gobierno para el conjunto del año (98,7%). Las cifras son evidentemente preocupantes, sobre todo cuando las ponemos en perspectiva: en 2007, las obligaciones estatales apenas representaban el 35,5% del PIB, y en 2011 el 69,2%. Una deuda pública tan elevada constituye toda una hipoteca para nuestro futuro, dado que los gobiernos venideros perderán margen para reducir impuestos: los recortes de gasto deberán dirigirse a nutrir, en primer lugar, el desproporcionado coste de ese Himalaya de obligaciones financieras y sólo subsidiariamente a aliviar la losa fiscal que padecemos. A estas alturas, nos resulta imposible rectificar el pasado: la deuda ya está emitida y sólo queda pagarla. Ahora bien, sí podemos evitar repetir los mismos errores en el futuro: el ajuste de cuentas que el PP no ha logrado en esta legislatura debe convertirse en la absoluta prioridad de la siguiente.