Fue a comienzos de 2014 cuando el Gobierno del PP se comprometió a remitir una carta a los casi 18 millones de cotizantes a la Seguridad Social. El motivo de la misiva era el de proporcionarles una información que, pese a que debería ser transparente y de fácil acceso, constituye un indescifrable arcano para la inmensa mayoría de trabajadores españoles: a saber, su edad estimada de jubilación y la cuantía esperada de la pensión que percibirán. Los mayores de 50 años debían recibirla a lo largo de 2014, la gente entre 40 y 50 años en 2015, y el resto en 2016.

Pero ninguno la ha recibido. El gobierno ha incumplido su promesa y ha optado por no enviarla. A la postre, el contenido de la carta no iba a ser demasiado feliz para sus receptores, sobre todo a raíz de los últimas “reformas” del sistema aprobadas por PSOE y PP de las que los futuros pensionistas todavía no son plenamente conscientes (dado que, en parte, no han entrado aún en vigor). Se trataba, pues, de un movimiento innecesariamente arriesgado, sobre todo en plena pre-campaña electoral: ¿para qué comunicar malas nuevas a sus potenciales votantes? ¿Para qué arrancarles la venda de los ojos y mostrarles lo insostenible del sistema público de pensiones al que están obligados a contribuir mensualmente con un tercio de su sueldo y que, pese a ello, no es capaz de proporcionarles más que unas rentas cicateras e indignas? Finalmente se ha preferido que cundiera el ocultismo con tal de no enfadar al votante y no perder algunos sufragios claves. Maquiavélicamente lógico, socialmente desastroso por dos motivos básicos.

Primero: es imprescindible que los españoles sean conscientes de qué pensión se espera que les va a abonar el sistema público para que puedan empezar a planificarse financieramente en consecuencia. Si es verdad que la Seguridad Social va a experimentar serias dificultades estructurales que le impedirán abonar unas pensiones medias apreciables, entonces habrá que informar de ello a los futuros pensionistas para que vayan preparándose para un retiro no tan satisfactorio como el que hoy anticipan: esto es, para que puedan tratar de incrementar su ahorro presente con tal de aumentar su consumo futuro por encima del rácano nivel permitido por las exiguas pensiones públicas.

Segundo: si seguimos generando falsas expectativas acerca de los frutos del sistema público de pensiones, la sociedad española continuará sin caer del guindo y, por tanto, se negará a abrazar reformas que solventen algunos de los problemas esenciales de la Seguridad Social. Al cabo, si todo funciona estupendamente, ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué reemplazar —o, como mínimo, complementar— el sistema público de reparto por un sistema privado de capitalización? Ciertamente, no parece haber ningún motivo. Pero, claro, el problema es que el las pensiones públicas no están funcionando estupendamente, y para poder reaccionar hoy —tanto en el ámbito personal como en el institucional— necesitamos conocer de primera mano cuán mal está funcionando.

Pero nada de ello será posible, al menos en esta legislatura. Todos los partidos políticos parecen haber suscrito un pacto de silencio acerca de la insostenibilidad de las pensiones públicas: todos prefieren que la información veraz sobre su situación real permanezca fuera del alcance de los españoles. No sólo ninguna formación de la oposición ha criticado el flagrante incumplimiento gubernamental de no enviar la carta, sino que cuando hace unos meses el gobernador del Banco de España se limitó a recomendar a los españoles que ahorraran para preparar su jubilación, todos ellos se lanzaron en tromba para censurar sus admoniciones. ¿Por qué tanto celo político en ocultarnos una realidad que ellos conocen perfectamente? Acaso sea porque todos los partidos políticos han estado defendiendo durante décadas ese fallido sistema cuya acta de defunción ahora se resisten a levantar: su complicidad pasada ha sido imprescindible para postergar cualquier reforma sensata del sistema y, por ello, prefieren seguir huyendo hacia adelante.

Mas no se engañe: por mucho que nos mientan, las pensiones públicas futuras van a seguir reduciéndose (como mínimo, con respecto al salario medio futuro). Que un partido político en el gobierno renuncie a enviar una carta oficial a todos los españoles en plena precampaña electoral debería hacer saltar todas las alarmas, pues ello significa que esa carta sólo puede contener muy malas noticias de las que no quepa extraer el más mínimo rédito electoral. Por sus actos, no por sus palabras, los conoceréis.