Las elecciones del 20-D arrojaron un saldo de 69 diputados para Podemos y sus socios, los cuales le conceden una enorme influencia en la conformación del próximo Gobierno. Por desgracia, hasta el momento, PSOE y Ciudadanos sólo han trazado una línea roja a un posible entendimiento con la coalición morada: su modelo territorial. Resulta descorazonador que ésta haya sido la única objeción interpuesta por ambos partidos a su eventual alianza con Podemos y sus satélites: pues, al margen de la opinión que cada cual pueda mantener con respecto al derecho de secesión, lo que dos partidos mínimamente responsables deberían reconocer es que la política económica de Podemos nos llevaría al desastre, pese a lo cual no han trazado ninguna línea roja al respecto.

Primero, Podemos y sus socios pretenden disparar el gasto público en 135.000 millones de euros anuales en unos momentos en los que el déficit público sigue ubicándose en cifras insostenibles. En esencia, prometen elevar los desembolsos estatales hasta los niveles más elevados de toda nuestra historia: entre otros, incrementar los sueldos y el número de los empleados públicos, recuperar los Planes E para crear empleo, triplicar el gasto en cursos de formación o instaurar la jubilación voluntaria a partir de los 60 años (propuesta de En Marea).

Segundo, con tal de cubrir parte de este “roto presupuestario”, Podemos propone incrementar absolutamente todos los impuestos (IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, IVA “de lujo”, Sociedades, Especiales, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones…) con la única excepción del IVA de ciertos productos calificados como básicos. Dicho de otro modo, el objetivo tributario de la formación morada es asfixiar la generación privada de riqueza e hipertrofiar la burocracia estatal presuntamente asistencialista: empobrecer a aquellos que están impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo para subsidiar el estancamiento.

Tercero, más allá de la política fiscal, Podemos y sus socios también buscan dar marcha atrás en toda reforma estructural mínimamente liberalizadora para implantar un modelo económico rígido, encorsetado, cerrado y reaccionario. Así, en materia laboral prometen restablecer la negociación colectiva reforzando los privilegios de los sindicatos, incrementar las indemnizaciones por despido, elevar el salario mínimo 1.000 euros mensuales, rebajar la jornada laboral a 35 horas semanales, empujar a los trabajadores a que se tomen un año sabático cada década y media de vida laboral, limitar la contratación temporal, prohibir los despidos colectivos en empresas con beneficios, fijar salarios máximos o proteger las mercancías españolas frente a la competencia exterior. Dicho de otro modo, Podemos y sus socios pretenden recuperar el fallido modelo de relaciones laborales que durante décadas ha condenado a España a padecer una tasa de paro media del 18% y pretenden hacerlo, además, en medio de una crisis económica todavía no superada: el resultado sólo puede ser el de terminar multiplicar los costes laborales (subir remuneraciones y bajar horas trabajadas) y la rigidez interna de las empresas, imposibilitando con ello la creación de nuevo empleo.

Y, por último, Podemos y sus socios también impulsan todo un ramillete de ocurrencias financieras que sólo socavarían la confianza interior y exterior en nuestra economía: por ejemplo, reestructuración a la griega de la deuda pública y privada, recuperación de las cajas de ahorros y de la banca pública y fijación estatal de los tipos de interés.

En definitiva: más gasto, más impuestos, más burocracia, más rigideces y más control estatal de las finanzas. Lejos de aspirar a multiplicar las oportunidades de los españoles para prosperar en un entorno de libertad, Podemos apuesta por penalizar la creación de riqueza y por subsidiar la consecuente pobreza. Una receta para el fracaso.

Contra el contribuyente

El Ministerio de Hacienda ha publicado esta semana su famosa lista de deudores morosos con el Fisco. Se trata de una medida presuntamente ejemplarizante, dirigida a incrementar el grado de cumplimiento tributario de los contribuyentes. Sin embargo, en realidad, lo único que consigue es estigmatizar públicamente a un grupo de personas cuya única “tacha” es no hallarse al día de sus pagos con Hacienda… en muchos casos incluso en contra de su voluntad. A la postre, la mayoría de los contribuyentes morosos que figuran en la lista son empresas al borde de la quiebra tras haber sido incapaces de sobrevivir al colapso de la burbuja inmobiliaria. Asimismo, otro grupo está integrado por personas a las que las inspecciones fiscales les han regularizado una deuda con Hacienda muy superior a la que tienen capacidad de hacer frente con sus ahorros líquidos. En ambos casos, como digo, sólo estamos hablando de meros retrasos con el Fisco: y si tan grave es no pagar a tiempo, ¿con qué cara lo denuncia una Administración Pública que es la principal morosa de toda nuestra economía?

La amenaza

El gobierno del Partido Popular elevará el salario mínimo interprofesional un 1% en 2016. Aunque desde Podemos o el PSOE se reclame incrementarlo hasta los 1.000 euros mensuales —y, por tanto, comparativamente una subida del 1% hasta los 764 euros parezca poca cosa—, no deberíamos olvidarnos de que aumentar el salario mínimo dificulta la creación de empleo en tanto en cuanto reduce la cantidad de desempleados que pueden ser potencialmente contratados. Imaginemos que el gobierno prohibiera trabajar a todos aquellos autónomos que ingresaran cada mes menos de 764 euros: sería una regulación que todo el mundo tacharía de absurda. Pues bien, eso mismo es lo que sucede con las leyes de salario mínimo que afectan a los trabajadores por cuenta ajena. Acaso por ello mismo, el gobierno del estado de Kentucky (EEUU) no sólo se ha negado a incrementar el salario mínimo para 2016, sino que lo ha recortado un 30%. Con voluntad política y con principios claros, también se pueden adoptar políticas económicas sensatas que faciliten la creación de empleo.

Desde el exterior

Según un reciente informe del Pew Research Center, la clase media estadounidense está desapareciendo: si en 1971, el 61% de los ciudadanos de EEUU integraba la categoría de “clase media”, en 2015 menos del 50% de la población lo hace. En apariencia, pues, nos hallamos ante una muy mala tendencia sociológica que valida los peores augurios de quienes afirman que el capitalismo enriquece a los ricos y empobrece a los pobres. Sin embargo, si uno observa más de cerca los datos comprobará que tales temores son infundados: es verdad que el número de estadounidenses estadísticamente categorizados como “clase media” ha menguado, pero ello es así porque la renta de todos los estadounidenses se ha incrementado con respecto a 1971. Es decir, muchos estadounidenses pobres en 1971 han pasado a ser de clase media y muchos estadounidenses de clase media en 1971 han pasado a ser de clase alta. No en vano, la familias que ingresan más de 125.000 dólares anuales ya superan el 20% de toda la población. Los ricos son más ricos, pero los pobres también son más ricos.