Entre los economistas existe un enconado debate acerca de las consecuencias económicas que conllevaría la independencia de Cataluña: algunos sostienen que sería una catástrofe sin precedentes, mientras que otros (especialmente desde el lado pro-independentista) consideran que podría ser muy beneficiosa para la región. Sobre lo que, en cambio, no existía discusión alguna hasta la fecha es que una independencia tutelada y administrada por las CUP sería económicamente catastrófica.

El propio conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, escribía recientemente sobre las CUP que “son un partido anticapitalista de extrema izquierda (…), de modo que si insisten en que adoptemos desde el gobierno sus inclinaciones y prioridades, el apoyo al proceso entre las clases medias podría verse erosionado. Como miembro del gobierno en estos últimos cinco años, me permito expresar mi inquietud acerca de sus reclamaciones en forma de 54 condiciones, las cuales implicarían echar por tierra algunas de las buenas políticas y de los logros de los últimos años”.

Parece, sin embargo, que estas juiciosas reflexiones en materia económica de Mas-Colell han sido completamente olvidadas con tal de llegar a un acuerdo in extremis con la formación de extrema izquierda. Así, en su última “Propuesta de acuerdo para la independencia”, presentada por Junts Pel Sí a las CUP, se contienen gran parte de esas políticas económicas que tan adversos resultados implicarían, incluso desde la perspectiva de economistas independentistas. No en vano, la oferta de Junts Pel Sí pasa por aumentar los impuestos, incrementar el gasto público en unos 300 millones de euros y, sobre todo, por establecer nuevas regulaciones que socavan las bases del crecimiento económico. Acaso muchos independentistas consideren que se trata de un bajo peaje con tal de avanzar hacia un Estado propio, pero ese peaje implicaría que las nuevas instituciones catalanas se hallarían contaminadas en origen por un ideario refractario hacia la prosperidad.

De esta forma, en el capítulo de gastos, Junts Pel Sí promete un “plan de choque contra la crisis” consistente en incrementar en 100 millones el gasto en sanidad para reducir las listas de espera, en 50 millones el de dependencia, en 70 millones el de rentas mínimas de inserción, en 15 el de educación infantil y primaria, en 10 el de viviendas de protección oficial y en otros 10 millones las inversiones en barrios desfavorecidos. A su vez, se compromete a no recortar los sueldos de los funcionarios y a paralizar toda nueva venta de activos públicos.

Con tal de financiar este conjunto de gastos, la coalición independentista propone incrementar la fiscalidad medioambiental (impuesto sobre la producción de energía nuclear, sobre la emisión de gases a la atmósfera por parte de la industria o sobre la emisión de óxidos de nitrógeno por parte de la aviación comercial), crear un impuesto sobre los depósitos bancarios, luchar no sólo contra el fraude sino contra la elusión fiscal (la elusión fiscal son estrategias de planificación tributaria para reducir la carga impositiva que se encuentran amparadas por la ley) y renegociar los peajes de las concesiones públicas a empresas privadas. Asimismo, y a renglón seguido de esta subida impositiva, Junts Pel Sí promete una rebaja del IRPF para las rentas más bajas, volviendo el sistema mucho más injustamente progresivo contra el personal cualificado.

Sin embargo, no es el capítulo presupuestario el que levanta mayores recelos, sino el regulatorio e institucional. En este caso, Junts Pel Sí se pliega a reivindicaciones antieconómicas que no sólo dificultan la labor de los empresarios para generar riqueza dentro del territorio catalán, sino que añade un manto de innecesaria incertidumbre jurídica al entramado jurisdiccional presente y futuro de Cataluña. Así, y en primer lugar, la coalición independensita promete a las CUP establecer un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros mensuales (un 50% superior al del resto de España), lo que inevitablemente incentivará la deslocalización empresarial. En segundo lugar, se propone crear un banco público orientado a otorgar crédito barato para pymes y grandes proyectos de obra pública, lo que tenderá a degenerar en financiación subprime —al estilo del ICO o de las cajas de ahorros— cuyos agujeros deberán ser cubiertos por todos los catalanes. Tercero, se iniciará una auditoría del déficit de tarifa de las compañías eléctricas con vista a impagar aquella deuda tarifaria que las administraciones consideren “odiosa”. Y, por último, se paraliza arbitrariamente el complejo turístico BCN World hasta que las CUP lo deseen: una muy mala señal de cara a cualquier macro-inversión futura.

De momento, este último ofrecimiento de Junts Pel Sí pende del hilo de las asambleas de la CUP, las cuales bien podrían terminar rechazándolo como han venido haciendo hasta la fecha con el resto de ofertas. Pero, en todo caso, lo preocupante del asunto es la creciente deriva populista del independentismo catalán. Del mismo modo que la política española se ha terminado podemizando, la catalana se está cupeizando a marchas aceleradas. Y eso, sea cual sea el escenario institucional futuro de Cataluña, será un tremendo y pauperizador error.