Dos de las condiciones que ha exigido Podemos para alcanzar acuerdos de gobierno con alguna de las fuerzas políticas mayoritarias han sido, por un lado, el blindaje constitucional de los “derechos sociales” y, por otro, la reforma del modelo territorial del Estado español para permitir la celebración de referéndums de autodeterminación. El problema de estas dos exigencias es que son incompatibles entre sí y que la resolución de esta contradicción, tanto en la teoría como en la práctica, marcará buena parte del destino de Podemos.

La contradicción

Por “derechos sociales”, Podemos entiende una amplia redistribución coactiva de la renta entre los ciudadanos que componen un Estado. Por referéndum de autodeterminación, cabe entender el derecho reconocido a un conjunto de ciudadanos para secesionarse de un Estado y autoorganizarse políticamente en otro distinto. Nótese la incoherencia irresoluble entre ambos planteamientos: si todo ciudadano del Estado español tienen la obligación de someter su renta y patrimonio a la redistribución en favor del resto de sus conciudadanos, entonces todo ciudadano no puede poseer un derecho absoluto a separarse completamente del Estado español y de las obligaciones que éste lleva aparejadas; si, en cambio, todo ciudadano (o, al menos, una parte de los ciudadanos) posee el derecho a secesionarse políticamente del Estado español y de las obligaciones que éste lleva aparejadas, entonces no podrá sostenerse que, al mismo tiempo, se halla sometido a la obligación de redistribuir su renta y patrimonio entre todos sus conciudadanos, dado que estamos convirtiendo en potestativa la adscripción a un Estado y a sus obligaciones.

Dicho de otra manera, si a mí se me reconoce el derecho a secesionarme del Estado, también se me está reconociendo el derecho a sustraerme de las obligaciones políticas que emanan de ese Estado (entre ellas, la de redistribuir mi renta y patrimonio): por tanto, en realidad la obligación política no es tal (pues basta mi sola voluntad para que no me vea sometido a ella). Si, en cambio, a mí se me impone la obligación de redistribuir mi renta y patrimonio hacia el resto de mis conciudadanos, ello implica que no podré sustraerme de cumplir con esa obligación y, por tanto, que no podré secesionarme completamente del Estado que soberanamente me la impone.

Desde un punto de vista filosófico, pues, Podemos deberá priorizar entre su “agenda social” o su “agenda territorial”: una por necesidad tiene que devorar a la otra. Más derechos sociales es menos derecho de secesión y más derecho de secesión son menos derechos sociales. De hecho, este es el motivo por el que tradicionalmente gran parte de la izquierda ha sido jacobina: maximizar la redistribución requiere de una maximización de la centralización política (cuantos más cuerpos soberanos existen, menor margen para que un inexistente suprasoberano les imponga la obligación de redistribuir la renta). Y, también por eso, el liberalismo ha estado normalmente vinculado a movimientos favorables a la descentralización y la autonomía política (llegando, en muchos casos, a la vindicación de la soberanía individual con su corolario de la libre asociación y desasociación política).

Pero Podemos no sólo se enfrenta ante una disyuntiva filosófica —cómo compatibilizar su incoherente estructura de valores— sino también de estrategia postelectoral. El Estado español es una organización política con fuertes redistribuciones de la renta entre los ciudadanos residentes en distintas partes de su territorio: las balanzas fiscales, calculadas por el propio Ministerio de Hacienda, muestran un intenso flujo financiero desde Madrid, Cataluña o Baleares hacia el resto del país y, muy en particular, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Canarias o Asturias. No por casualidad, uno de los principales argumentos que emplea el independentismo catalán para justificar su voluntad de separación política es el de la “mala financiación de Cataluña” (recordemos que, oficialmente, el propio Artur Mas viró hacia el secesionismo cuando Mariano Rajoy se opuso radicalmente a su propuesta de “pacto fiscal”). Si la actual autonomía catalana se independizara del Estado español, los recursos públicos a disposición de este último para proceder a redistribuir la renta se verían mermados en una horquilla entre 9.000 y 16.000 millones de euros anuales, lo cual repercutiría muy negativamente sobre los fondos a disposición de las regiones con menor renta per cápita (las cuales, no en vano, son las principales receptoras de esos fondos): ¿cómo blindará Podemos constitucionalmente unos derechos sociales a los que, a su vez, está vaciando de financiación toda vez que permite la secesión de una de las regiones más ricas (y, por tanto, más contribuyentes) de España?

Cuadrando el círculo

La contradicción, tanto filosófica como política, es más que evidente. Aun así, desde el punto de vista filosófico podrían intentar salvarse los muebles buscando algún tipo de argamasa intelectual; desde el punto de vista de la estrategia política, por el contrario, veo escasas opciones de éxito en el medio plazo.

Primero, desde un punto de vista filosófico, Podemos podría compatibilizar su discurso a favor de la redistribución de la renta y del derecho de autodeterminación adscribiéndose a la corriente comunitarista: a saber, defender que, si bien existe una obligación política a redistribuir la renta, ésta no emane del Estado, sino de la comunidad nacional en la que uno se inserta (siendo esa comunidad la que tiene derecho a autoorganizarse colectivamente en forma de Estado). Por esta vía, Podemos podría argumentar que un ciudadano catalán tiene la obligación de redistribuir su renta y patrimonio, pero sólo hacia otros catalanes, no hacia el resto de los españoles (al igual que, actualmente, un español no tiene la obligación de redistribuir su renta con un mexicano). La filosofía política del comunitarismo exhibe muy serios problemas de base y conlleva consecuencias inquietantes como negar la existencia de derechos humanos (para una crítica mucho más detallada a la filosofía política del comunitarismo, puede consultarse mi último libro Contra la renta básica). Sin embargo, en el caso de Podemos, lo más relevante de adoptar el comunitarismo es que les generaría una contradicción adicional: la formación morada suele hacer gala de su cosmopolitismo derivado de la universidad de derechos (de ahí su postura favorable a la apertura de fronteras) y el comunitarismo es incompatible con la universidad de derechos (una contradicción visible, por ejemplo, en la incompatibilidad entre la renta básica y la libertad migratoria). Los tres —redistribución obligatoria de la renta, derecho de autodeterminación política y universalidad de derechos— no pueden ser y Podemos deberá explicar a cuál de ellos renuncia (el liberalismo, por ejemplo, renuncia a la redistribución obligatoria de la renta en aras de la libre asociación política y de la universidad de los derechos).

Segundo, desde el punto de vista de estrategia política, Podemos va a tener muy complicado gobernar España: si España se “rompe”, los principales feudos de Podemos desaparecen (si Cataluña hubiera sido independiente, en las últimas elecciones generales, PP y Ciudadanos habrían obtenido mayoría absoluta); si España no se rompe, será muy difícil mantener un equilibrio discursivo entre regiones contribuyentes y receptoras, por lo que tenderá a escorarse victorioso sólo en uno de ambos lados. En las últimas elecciones, el PSOE optó por coronarse victorioso entre las regiones receptoras y Podemos entre las contribuyentes: una tensión que va a mantenerse en futuros comicios y que no será posible resolver sosteniblemente mediante pactos postelectorales (el PSOE, convertido ya de lleno en un partido regionalista andaluz, no puede consentir una mayor autonomía fiscal para Cataluña en perjuicio de la propia Andalucía).

De momento, la indefinición de Podemos le ha permitido sortear estos obstáculos teóricos y prácticos: su populismo ha permitido ocultar sus contradicciones internas sin que demasiados votantes se hayan dado cuenta. Sin embargo, conforme tenga que definirse en la acción política diaria, esas contradicciones saldrán a la luz y ya no serán salvables. Ahora mismo, ya tiene una importante pelota sobre su tejado: o “gobierno de izquierdas” para España (“derechos sociales”) o referéndum de autodeterminación en Cataluña. No será la última ni la mayor de las contradicciones internas a las que tendrá que enfrentarse.