La presentación oficial de la proposición de ley “25 de emergencia social” por parte de Podemos ha traído algunas novedades en materia de vivienda y endeudamiento familiar que, imagino, habrán sorprendido y causado indignación entre sus militantes, simpatizantes y fieles.

Recordemos que, en la carta que remitió Pablo Iglesias a los diputados para explicarles el propósito de la ley 25, figuraba la siguiente propuesta: “regulación de un procedimiento de reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primeras viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales”. Es decir, Podemos reivindicaba, por enésima vez, ese tema tan omnirrecurrente en su campaña electoral y pre-electoral: a saber, la dación en pago y la reestructuración de las deudas privadas. Hasta este punto, pues, nada de lo que extrañarse.

Pero hete aquí que, una vez registrada la correspondiente proposición de ley, la promesa de dación en pago y de reestructuración de deudas privadas no figura por ningún lado: ningún artículo de la proposición de ley la recoge. Simplemente ha desaparecido de la urgentísima agenda política de la formación morada, como si aquello que constituyó una inaplazable prioridad antes del 20 de diciembre —no sólo para Podemos, sino también para En Comú Podem, cuya lideresa se hizo famosa justamente por reclamar la dación en pago y la reestructuración de la deuda familiar desde la PAH— ahora se tornara en un asunto menor, secundario, grisáceo y prescindible.

Pero no, la realidad es mucho más sencilla. Tal como ya denunciáramos algunos hace varias semanas, todas las propuestas nucleares de Podemos a propósito de la dación en pago y de la reestructuración de deuda familiar ya fueron aprobadas por el gobierno del PP en la ley 25/2015 que justamente llevaba por título “ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social”. Más en concreto, la normativa vigente aprobada por el PP ya contempla que aquellas familias sin ingresos y en situación de quiebra podrán ver exoneradas sus deudas insatisfechas mediante una resolución judicial, pudiendo tal exoneración abarcar la totalidad de la deuda hipotecaria a cambio de la entrega del inmueble que actuaba como garantía (dación en pago).

Por tanto, en realidad había muy poco a añadir a la legislación vigente pese a lo que tan machaconamente nos estuvo repitiendo Podemos en campaña. Su propósito con tales mensajes no era el de promover una mejora efectiva de la situación financiera de miles de personas —pues esa mejora efectiva ya se hallaba implementada— sino simplemente azuzar el resentimiento social para capitalizarlo en forma de votos. En eso, no por casualidad, consisten todas las campañas electorales: y a ello se ha dedicado muy eficazmente Podemos durante los últimos meses.

Mas no creamos que la única novedad de la Ley 25 es ésa: otra inesperada sorpresa que, de haber sido adoptada por otro partido, habría provocado la ofuscación de los cuadros de Podemos es la regulación de la garantía de realojo a las personas desahuciadas. La ley 25 contempla que o bien se les ofrecerá un alquiler social o bien se les asignará una ayuda pública de hasta el 70% del importe de un alquiler convencional, dando preferencia al arrendamiento de aquellas viviendas de las que han sido desalojados. Dicho de otro modo: según la normativa vigente modificada por la proposición de Podemos, los bancos pueden quedarse con los inmuebles de los hipotecados quebrados (dación en pago) para posteriormente alquilárselos sin riesgo alguno con cargo al presupuesto público. El flujo de caja hacia el banco no se reduce —el pago incierto de la hipoteca se sustituye por el pago cierto de la renta del alquiler sufragada por el contribuyente— y, además, la entidad se apodera del inmueble. No me negarán que esta normativa no posee los mimbres para haber sido calificada por Podemos como un segundo rescate de la banca a costa del pueblo sufriente: tan sólo sucede que ahora es el propio Podemos quien la promueve.

En definitiva, en materia de desahucios, la ley 25 de Podemos presenta muy escasas novedades con respecto al marco jurídico en vigor y acaso la más reseñable sea ese regalo escondido a la gran banca para que siga recibiendo dinero del contribuyente. Sí, claro que se puede.