Venezuela se está desmoronando por momentos: su economía se contrajo más de un 10% en 2015 y se estima que, como poco, podría caer otro 8% en 2016. En total, pues, el PIB del país se habrá hundido en un trienio tanto cómo lo ha hecho el de Grecia desde que arrancara la crisis. Pero, evidentemente, los problemas del régimen chavista son mucho mayores que los de nuestro socio europeo: no ya porque la inflación en Venezuela esté absolutamente fuera de control —sólo este año, el FMI prevé que su IPC alcance la demoledora cifra del 720%—, sino porque la fortísima depreciación de su divisa, unida a los arbitrarios controles de capitales y de precios por parte de su gobierno, ha provocado un desabastecimiento generalizado de productos de primera necesidad.

Al final, la revolución bolivariana no era más que la revolución del petrodólar en manos de la oligarquía bolivariana: tan pronto como el precio del crudo ha pinchado desde sus máximos históricos, el caos económico y social se ha generalizado. La supervivencia del régimen con un precio del barril por debajo de 30 dólares se antoja harto complicada sin institucionalizar la violencia y la represión incluso más de lo que ya lo están en la actualidad.

Pese a esta concluyente evidencia, todavía son legión quienes, sin embargo, sostienen que el legado económico del chavismo no es tan negativo. A la postre, bajo el mandato de Chávez, la renta per cápita creció y la pobreza o la desigualdad se redujeron. Acaso, pues, el comatoso estado actual de Venezuela se deba más a un transitorio pinchazo del petróleo que a una destrucción política de los fundamentos económicos del país. A largo plazo, alegan los más pertinaces y ciegos defensores del caciquismo bolivariano, los logros económicos y sociales de Chávez serán evidentes para todos.

Mas no parece que el chavismo haya beneficiado en lo más mínimo a los venezolanos ni siquiera durante la época de los pujantes precios del crudo. Así, en su reciente ensayo The Economic Consequences of Hugo Chávez [Las consecuencias económicas de Hugo Chávez], los economistas Kevin Grier y Norman Maynard demuestran que la influencia de las políticas bolivarianas ha sido nefasta para el desarrollo del país. Para probarlo, recurren a un análisis de enorme interés: dado que no podemos conocer directamente cómo habría sido una Venezuela sin Chávez, estos dos economistas generan estadísticamente una “Venezuela simulada” a partir de los datos de países con características similares a las de Venezuela (en esencia, países latinoamericanos y de miembros de la OPEP). Antes del chavismo, la evolución de esta “Venezuela simulada” es prácticamente calcada a la de la Venezuela real en variables como la renta per cápita, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la pobreza y la desigualdad. Pero una vez llega Chávez al poder, ambas Venezuelas comienzan a divergir… y lo hace para mal.

Así, mientras que la Venezuela chavista no logra mejorar en nada el comportamiento de la esperanza de vida, de la mortalidad infantil, de la pobreza o de la desigualdad con respecto a la Venezuela simulada (es decir, Chávez no influyó ni para bien ni para mal en estas variables), sí empeora muy sustancialmente en cuanto a renta per cápita: en concreto, los venezolanos eran en 2011 un 33% más pobres de lo que lo habrían sido sin Chávez. Y recalco que este estudio abarca hasta 2011: ni siquiera tiene en cuenta, pus, el hundimiento actual del régimen. La realidad del socialismo bolivariano terminará siendo, por desgracia, muchísimo peor.

El buen dato

La economía española creó en 2015 alrededor de 530.000 puestos de trabajo, cifra que asciende al millón si contabilizamos también la sana evolución experimentada en 2014. Se trata de un acelerado ritmo de generación de empleo que revierte radicalmente la tendencia de destrucción media de 600.000 empleos anuales experimentada entre 2008 y 2013. Ahora bien, haríamos muy mal en dormirnos en los laureles de estos buenos datos. El mercado laboral español exhibe tres importantes problemas que habrá que solucionar a medio plazo mediante una mayor liberalización de nuestra economía so pena de regresar a las andadas: a saber, su elevada temporalidad (el 60% de todo el empleo nuevo es temporal); su alta dependencia de la hostelería (el 25% de toda la ocupación generada en 2015 depende del turismo, un sector cuyo volumen de empleo ya es superior al nivel previo a la crisis); y la expansiva evolución que marca el empleo público (el número de empleados de las Administraciones Públicas ha vuelto a superar los tres millones de personas, por encima de la cifra alcanzada en 2007).

El mal dato

El déficit público de la Administración Central, de las autonomías y de la Seguridad Social ascendió en noviembre del año pasado al 3,9% del PIB, muy cerca del objetivo del 4,2% marcado para el conjunto del ejercicio. A falta de conocer el dato definitivo del cierre de 2015, parece más que evidente que España volverá a no cumplir con sus compromisos de reducción de su desequilibrio presupuestario. No en vano, las estimaciones más optimistas auguran que el déficit aumentará casi un punto del PIB sólo en diciembre, ubicándonos muy cerca del 5% y, por tanto, muy lejos del objetivo del 4,2%. El incumplimiento no sólo es grave en sí mismo, sino que además augura que serán necesarios muchos más recortes del gasto en el año 2016, cuando deberíamos alcanzar un déficit del 2,8% del PIB. Es decir, España necesitará aplicar este año un recorte del déficit de más de 20.000 millones de euros para cumplir. La cuestión, claro, es que ninguno de los cuatro partidos mayoritarios tiene la menor intención de impulsarlo: todos se contentan con seguir endeudando intensamente a los españoles.

A costa del contribuyente

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo falló la semana pasada anular la compra de acciones de Bankia en la oferta pública de suscripción que llevó a cabo la entidad en 2011. Eso significa que todos aquellos inversores que acudieron a la misma recuperarán su inversión, después de haber visto cómo se volatilizaba con la quiebra del banco en 2012. Y, por mucho que para estos accionistas pueda tratarse de una buena noticia, nos hallamos ante un nuevo ejemplo de masiva socialización de sus pérdidas con el contribuyente. Al cabo, quien sufrirá el coste de esta devolución del capital a los accionistas será, en esencia, el sector público, esto es, el conjunto de los contribuyentes españoles. La sentencia del Supremo conllevará un coste para el erario de 1.575 millones de euros que soportaremos entre todos: un guarismo, por cierto, que sólo se suma a las ya milmillonarias pérdidas que ha experimentado el Estado como consecuencia del generalizado rescate de las cajas que ha venido realizando desde 2010.