España es uno de los países europeos con mayor población en riesgo de pobreza: el 29,2% de las familias se halla en semejante situación, seis puntos más que antes de que estallara la crisis. No se trata de que —tal como suele malinterpretarse o manipularse desde ciertos partidos políticos o medios de comunicación— el 29,2% de las familias españolas sean pobres, sino de que se encuentran en un contexto socioeconómico desde el cual podrían terminar siéndolo (la tasa de pobreza real se ubica en el 6,4%, por debajo de la media europea y de países vecinos como Italia o Reino Unido).

Ahora bien, el importante incremento del riesgo de pobreza en España no se debe —tal como también suele afirmarse desde ciertos partidos y medios de comunicación— a que los ricos se hayan vuelto más ricos a costa del empobrecimiento de los pobres: desde 2007, los ingresos reales del 20% más pobre de la población han caído un 25%, pero los del 20% más rico lo han hecho un 15%. Es decir, aunque es verdad que las rentas bajas se han empobrecido relativamente más que las rentas altas, todas ellas han perdido durante la crisis: y es que una crisis es eso, un dramático y duro proceso de empobrecimiento generalizado de la sociedad.

Con todo, es necesario plantearse lo siguiente: ¿por qué los ingresos de las rentas bajas se han reducido relativamente más que los de las rentas altas? El reciente informe de Funcas, Un balance social de la crisis, arroja luz al respecto basándose en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Lo que ha sucedido es que las rentas bajas han sido las más afectadas por las dos lacras que explican la práctica totalidad de nuestra elevada tasa de riesgo de pobreza: el desempleo y la precariedad laboral.

Así, mientras que la tasa de riesgo de pobreza entre los trabajadores con contrato indefinido apenas asciende al 6% del total (y no ha aumentado durante la crisis), entre los trabajadores con contrato temporal se eleva al 26% y entre los parados al 47%. Es decir, la pobreza —y el riesgo de verse abocado a ella— es en España un problema esencialmente laboral: su causa cabe ubicarla en la masiva destrucción de empleo y en la precariedad de una parte significativa de los puestos de trabajo. Por eso, además, el aumento de la tasa de riesgo de pobreza se ha concentrado durante la crisis en aquellos colectivos más afectados por el paro y la temporalidad, a saber, los jóvenes y los inmigrantes: los primeros exhiben una tasa de pobreza del 32% (casi 10 puntos más que los mayores de 25 años) y los segundos una del 51% (31 puntos más que los nacionales, quienes apenas han padecido incremento alguno en su tasa de pobreza durante la crisis).

Por consiguiente, si la pobreza en España es esencialmente un problema laboral, la forma de atajarla deberá ser también laboral y no a través de mayores subsidios gubernamentales que cronifiquen esa sobrevenida situación de pobreza. Más en concreto, necesitamos una profunda liberalización de nuestro mercado de trabajo —siguiendo la estela de países como Dinamarca o EEUU— para, por un lado, acelerar la creación de empleo y, por otro, facilitar y abaratar la contratación indefinida. Si queremos reducir la pobreza, necesitamos más libertad de mercado: no muchas más regulaciones, muchos más impuestos y mucho más gasto público, tal como suicidamente proponen todos nuestros desnortados partidos políticos.

El dato

El paro registrado en enero aumentó en 57.247 personas, el menor incremento desde 2004. A su vez, la afiliación a la Seguridad Social se redujo en una media de 204.043 personas, un mal dato que, no obstante, mejora de manera apreciable cuando eliminamos los efectos puramente estacionales: en tal caso, el número de afiliados no sólo no cae sino que crece en 24.601. Las cifras, por mucho que hayan tratado de ser descalificadas por la oposición, son globalmente buenas y demuestran que, de momento, la economía española mantiene su intenso ritmo de crecimiento. Ahora bien, lo anterior no significa que las inercias de crecimiento heredadas de los últimos dos años vayan necesariamente a proseguir en el futuro próximo: a la incipiente desaceleración global se le une el parón interno en la corrección de nuestros principales desequilibrios económicos (déficit público, encorsetamiento regulatorio, altos impuestos, etc.). Un país con casi cinco millones de desempleados debería tomarse muy en serio las reformas para intentar consolidar la actual creación de empleo y riqueza.

La amenaza

La incertidumbre política podría costarle a España hasta 8.000 millones de euros y 126.000 empleos, según los últimos cálculos de los economistas Jesús Fernández Villaverde y David López Salido. A juicio de estos dos académicos, el principal elemento que paraliza la inversión presente —y, por tanto, el crecimiento futuro— de nuestro país no es tanto las dudas sobre la identidad concreta del futuro presidente del gobierno, cuanto sobre el tipo de políticas que terminarán aplicándose en España durante los próximos años. Tal como ya hemos explicado en muchas ocasiones, las administraciones públicas deberían proseguir con su consolidación presupuestaria y proceder a liberalizar la economía si queremos seguir prosperando. De ahí que el verdadero riesgo sea justamente ése: que el próximo gobierno nos castigue con una violenta contrarreforma económica consistente en hiperregular el sector empresarial y en multiplicar los impuestos. Esa posible contrarreforma económica es la fuente de la incertidumbre que ya nos está empobreciendo a todos… mientras los líderes políticos continúan repartiéndose sillones y debatiendo sobre cómo complicarles la vida a los españoles.

El despropósito

La gala de los Goya del pasado sábado se saldó, como ya es habitual, con una invectiva contra el gobierno del PP. La principal queja del lobby del cine sigue siendo su oposición al IVA del 21% que grava las entradas a espectáculos cinematográficos: y es que, según los principales representantes de esta industria, el incremento del mal llamado IVA cultural a partir de 2012 ha provocado un empobrecimiento generalizado del sector. Y aunque las cifras de espectadores e ingresos de los últimos años se ubican por encima de las que se alcanzaban antes de 2012, sí es cierto que una subida de impuestos contribuye a empobrecer a aquel sector que la padece. Lo paradójico del caso es que la mayoría de asistentes a los Goya suelen apoyar ideológicamente a aquellos partidos políticos que abogan por multiplicar los impuestos sobre el resto de españoles. Mas si han experimentado en sus propias carnes cómo el IVA los empobrece, ¿acaso les resulta tan complicado entender que tales incrementos tributarios empobrecerían al resto de la economía? ¿Es lo que pretenden?