Hace unos días, el Ministerio de Educación publicó su anuario estadístico de “Las cifras de la educación en España”, correspondiente al ejercicio 2013. Pese a la diversidad de información que contiene dicho informe, la mayoría de medios de comunicación ha optado por señalar un solo dato: entre 2007 y 2013, el gasto por alumno en la enseñanza no universitaria se ha reducido un 15,5%, desde los 6.207 euros a los 5.231 euros. El tijeretazo llegaría hasta casi el 26% si tuviéramos en cuenta la inflación.

En apariencia, estamos ante un recorte muy considerable, capaz de desmantelar la educación pública tal como se ha denunciado desde numerosos colectivos sindicales, partidos políticos o tribunas periodísticas. Sin embargo, sería deseable que buceáramos un poco más entre los datos para conocer la magnitud del recorte real en prestaciones educativas que se ha producido durante la crisis.

Empecemos con el número de centros públicos: éste se ha incrementado desde 20.436 en 2007 hasta 21.518 en 2013. Asimismo, la plantilla de profesores no universitarios también crece desde 466.674 hasta 475.516 (el profesorado universitario, por su parte, también aumenta desde 105.035 hasta 115.071).

En lo que se refiere a las dotaciones de estos centros, también mejoran notablemente: el número de centros con comedor se ha expandido desde el 52,8% del total al 58,7%. A su vez, el número de ordenadores por alumno se ha duplicado (en 2007, había un ordenador personal por cada 5,3 alumnos; en 2013, uno por cada 2,7 alumnos) y la conexión a internet alcanza al 99,8% de los centros (además, con una mayor calidad: en 2007, sólo el 28,4% de los centros contaba con banda ancha de más de 2 megabytes por segundo; en 2013, el 77,1%). Sólo los servicios de transporte escolar experimentan una pequeña reducción en términos relativos: en 2007, el 37,4% de los centros contaban con esta prestación; seis años después, el 36,9%.

En materia de becas (tanto en la enseñanza no universitaria como en la universitaria), sí ha disminuido el número de becarios desde 2,33 millones hasta 1,97, pero el gasto total en becas ha crecido incluso descontando la inflación: en 2007, era de 1.333 millones de euros (beca media de 572 euros por beneficiario), mientras que en 2013 ascendía a 1.899 millones (beca media de 963 euros por beneficiario). Menos becas pero más cuantiosas: supuestamente, para ayudar más a los estudiantes con menores recursos.

Así las cosas, ¿dónde están los tan exagerados recortes que han desmantelado una educación pública que hoy cuenta más recursos que en el pico de la burbuja? Muy sencillo: aunque el profesorado ha aumentado, lo ha hecho menos que el número de alumnos, pasando de una media de 10,3 alumnos por profesor a una de 11,3. A su vez, el coste salarial medio de un profesor no universitario (incluyendo cotización a la Seguridad Social) ha caído un 5,1% en términos nominales, desde 41.493 euros en 2007 a 39.372 en 2013. Si incluyéramos la inflación, el recorte salarial medio sería del 16,1%.

He ahí la clave de las mediatizadas protestas de los funcionarios: en 2013, el profesorado tenía una mayor carga de trabajo y cobraba menos que en 2007. Lo que se nos ha vendido como un desmantelamiento de la educación pública es, fundamentalmente, un conflicto laboral entre el Ministerio (y las Consejerías) de Educación y los empleados públicos del ramo, los cuales tratan de asociar en el imaginario colectivo sus (algo peores) condiciones laborales con un desmantelamiento de la educación pública. No se ha producido tal cosa: si las mareas verdes quieren reclamar mayores sueldos y menores horas de trabajo a pesar de la crisis, sólo tienen que publicitarlo sin camuflarlo como una destrucción de la educación pública. Claro que entonces probablemente no cosecharían tantas simpatías ni se generaría tanto alarmismo populista a su alrededor.

El pacto: más impuestos y más gasto

Probablemente, la noticia económica más destacada de la semana pasada fue el pacto PSOE-Ciudadanos, el cual en materia económica nos ha deparado escasas sorpresas agradables. Por el lado tributario, ambos partidos han acordado retrasar el cumplimiento de los objetivos de déficit público para así poder incrementar significativamente el gasto: aparte del importante incremento en las dotaciones presupuestarias a la I+D+i, el pacto también impulsa la renta mínima garantizada del PSOE y el complemento salarial de Ciudadanos, cuyo coste agregado puede rondar los 20.000 millones anuales (salvo que ambos programas sean mucho menos generosos de lo que ambos prometieron en campaña). Frente a todo ello, el inflado ahorro de 5.000 millones de euros derivado de cerrar las diputaciones se antoja más bien escaso. Acaso por eso, PSOE y Ciudadanos también reclamen más impuestos: rejonazos en Sociedades, en Sucesiones y Donaciones, en Patrimonio y en la tributación medioambiental. Cuando tu política fiscal consiste en incrementar impuestos, gasto y deuda, algo estarás haciendo mal.

El pacto: sablazo a los autónomos

Pero si hay un colectivo que saldrá especialmente perjudicado del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, éste será el de los autónomos. El pacto de gobierno entre ambas formaciones políticas contempla modificar el actual régimen de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos. Hoy en día, un autónomo puede escoger la base por la que desea cotizar, con un mínimo de 10.717 euros anuales. De aquellos autónomos que ingresan por encima de esa suma, el 70% escoge cotizar por tal base mínima: señal inequívoca de que o no confían o no valoran los servicios ofrecidos por la Seguridad Social. El cambio que promueven PSOE y Ciudadanos implicará subidas muy sustanciales en la cuota mensual que abonan los profesionales autónomos: por ejemplo, una persona que ingrese 15.000 euros anuales pasará de pagar 265 euros mensuales a abonar 372, un incremento de 1.300 euros al año en cotizaciones sociales. Parece evidente que la mejor forma de promover la creación de empleo no es castigando desproporcionadamente a los autónomos.

El pacto: contrarreforma laboral

Por último, el pacto PSOE-Ciudadanos también contiene algunas importantes enmiendas a la reforma laboral. Quizá la más significativa sea la de devolverles a las centrales sindicales el derecho a determinar las tablas salariales y la jornada laboral de todas las compañías insertas en un determinado sector económico. Desde 2012, las condiciones laborales de una empresa se negocian entre los representantes de los trabajadores de esa empresa y el propio empresario (convenio de empresa), de manera que éstas se adaptan a la realidad específica de la propia compañía. Es justamente eso lo que ha dotado de flexibilidad suficiente a parte del tejido productivo como para atravesar la crisis sin destruir tanto empleo como el que, en otro caso, habrían destruido. Con la contrarreforma de PSOE-Ciudadanos, las centrales sindicales recuperarán el control y podrán imponer irresponsablemente sus exigencias al conjunto de empresas de un sector (convenio sectorial), haciendo que nuestra rígida economía se vuelva aún más rígida. Acaso lo único positivo del acuerdo sea que muchas otras disposiciones razonables de la actual reforma laboral se mantienen.