Políticos y banqueros centrales son una terrible dupla que, con frecuencia –y se supone que con buena intención-, toman decisiones que tienen consecuencias perjudiciales. Un “politburó” –así esté integrado por los más encumbrados notables e intelectuales de un país-, es incapaz de saber todos los gustos, preferencias, necesidades y carencias individuales de millones de individuos que a cada momento, los van cambiando.

Jesús Huerta de Soto, prominente economista catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, abunda al respecto en su “Teoría de la Eficiencia Dinámica”. Huerta de Soto explica que la eficiencia dinámica está unida de forma indisoluble al concepto de función empresarial, “entendida como la principal impulsora de la creatividad y de la coordinación que surgen espontáneamente en el mercado.”

Dicha función empresarial es innata al ser humano, y tienen como características principales la de siempre generar y transmitir nueva información, ser esencialmente creativa, coordinadora, competitiva y la de ser un proceso que jamás se detiene ni agota.

De manera que las decisiones tomadas al estilo de la planificación central socialista, irán siempre a ciegas en la dirección que quiere y debe tomar la producción, distribución y consumo de los bienes. Nadie sabe ni puede saber más que el conjunto de seres humanos actuantes, es por eso que el mercado, donde estos interactúan, debe ser libre para no transmitir mensajes tergiversados a los actores económicos e inducirlos (o forzarlos) a tomar decisiones equivocadas.

Cuando eso último es el caso, el resultado entonces no puede ser otro que el de tragedia. La historia nos ilustra con múltiples ejemplos como el del llamado “Gran Salto Adelante” de la China de Mao. A finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado, se implementaron medidas económicas, políticas y sociales en ese país para dar el “gran salto” hacia la industrialización.

No solo no se logró ese objetivo, sino que la desviación de factores productivos –sobre todo del campo- hacia un experimento “industrializador”, condujo a una catástrofe que se conoce como la Gran Hambruna China. Decenas de millones de personas perecieron de hambre.

Este caso extremo sirve como botón de muestra de los trágicos resultados de querer someter las inmutables leyes de la economía a los caprichos de la política.

Todo lo anterior viene al caso porque en México, está por aprobarse una nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE). Este miércoles se ha celebrado el primer Foro Nacional de consulta sobre esta iniciativa del Ejecutivo, en Tapachula, Chis.

El principal problema con la minuta que se debatirá en el Senado –y que ya fue aprobada por los diputados-, es que de nuevo, los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, aparecen como los grandes protagonistas.

Los empresarios, que son quienes decidirán si arriesgan o no su capital en una ZEE, son los grandes ausentes en la minuta. Sí, es cierto que se les menciona en algunos rincones de ciertos artículos, pero con un rol por completo secundario.

El espíritu intervencionista de la propuesta de Ley se huele desde el primer párrafo del Artículo 1., que dice tener por objeto, “en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de las Zonas Económicas Especiales.” Las palabras planear y regular podría sustituirse por “desarrollar el Sur – Sureste por decreto”. No olvidemos que esta idea presidencial surgió como consecuencia de la presión social derivada de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.

En realidad, como está presentada, la LFZEE contempla que puedan acceder a estas áreas especiales los 10 estados “con mayor incidencia” y “número absoluto” de personas en pobreza multidimensional según el Coneval.

¿Por qué sólo 10 y no 11, 15, 20 o todos? Por ocurrencia política, nada más.

El resto de estados, el número 11 en ese ranking de Coneval por ejemplo, no tendrá acceso a una ZEE. El incentivo pues, es hacia abajo, a “estar peor” para ganar un privilegio del centro.

Este espacio no pretende analizar aquí toda la iniciativa. Sin embargo, lo que se quiere es llamar la atención sobre lo que consideramos la debilidad más importante de las ZEE propuestas: el hacer a un lado al sector privado. Esto podría derivar en la construcción de enormes y costosos “elefantes blancos”.

Una ZEE requerirá un decreto del Ejecutivo, previo al cual, la secretaría de Hacienda elaborará un dictamen que deberá contener entre otros requisitos, una “carta de intención” suscrita por los gobiernos estatales y municipales donde se pretenda establecer.

Habrá un estudio de “prefactibilidad” que incluya una relación de “posibles inversionistas” y se entregará información sobre las necesidades de infraestructura.

Tenga la certeza de que los 10 estados más pobres del país entregarán sus solicitudes cada uno con sus respectivos municipios “estratégicos”. Para eso sólo necesitan entregar una lista de “posibles” (quizá inventados) inversionistas ¡y listo! En la práctica, serán de nuevo factores políticos y no solo económicos como debería ser, los que decidan dónde se establece una ZEE.

Idénticos criterios políticos decidirán, desde más arriba, si conceden el beneficio o no.

Es de esperar que haya una pugna entre estados por lograr una ZEE, pues en particular a los gobernadores poco les importará si tienen éxito. Sabrán que en el fondo para sus fines, eso no tiene importancia alguna. Mientras dure el periodo de inversión en infraestructura que les llagará, gozarán de un artificial impulso económico. Lo que venga después, les tiene sin cuidado.

Por eso lo deseable no es tener una ZEE con temporales ventajas fiscales, administrativas, etc., sino un país que sin excepciones ni privilegios los conceda de manera generalizada y permanente.

No obstante, ya que la aprobación de la LFZEE es inminente, cuando menos debería corregirse su error esencial: quien debe asociarse, comprometerse a invertir y desarrollar una ZEE es el sector privado –nacional y extranjero-, no los gobernadores y presidentes municipales. Son los empresarios los que deben solicitar a la Federación el decreto de ZEE.

Nadie sabe mejor que ellos cuáles son “los sectores industriales que potencialmente puedan instalarse en la Zona”, como exige el numeral IV del Artículo 9 de la minuta de la LFZEE. Además, en vez de indeseables expropiaciones que tendrían que darse, se daría oportunidad a los dueños de los predios de asociarse de manera privada y participar de los beneficios.

No basta con “tomar en cuenta” la opinión del sector privado en la elaboración de los Programas de Desarrollo ni con tener tres representantes de cámaras empresariales en los Consejos Técnicos de las ZEE.

Tampoco debe ser la secretaría de Hacienda la que tenga la atribución de “coordinar, promover y realizar estudios, consultas, análisis y proyectos para el establecimiento de Zonas” (numeral III del Art. 36. Con la propuesta que aquí exponemos, sale sobrando. Lo mismo la “Comisión Intersecretarial” prevista en el Art. 37 para la “planeación, establecimiento y operación de las Zonas.”

Es el capital de los empresarios el que debe arriesgarse, no los cada vez más escasos recursos públicos. Habría así no solo las tres ZEE que ha anunciado el presidente para el Sureste, sino tantas como fueran rentables para el capital privado en todo México.

Luego, las autoridades podrán encargarse de dar todas las facilidades necesarias para el desarrollo de los negocios y sus áreas de influencia. Pretender desarrollar por decreto, terminará en despilfarro de recursos. Un costoso fracaso.

Esperemos que los legisladores, pero en particular el gobierno –que es quien mueve los hilos de su partido-, corrijan a tiempo. Llegó el momento.