Las malas noticias que pueden ser instrumentadas políticamente tienden a sobredimensionarse mediáticamente; las buenas noticias que apenas poseen implicaciones políticas tienden a pasar desapercibidas. Así, durante los últimos años, los desahucios coparon buena parte de las portadas de prensa y de los titulares de los principales noticiarios: se trataba de un auténtico drama nacional que justificaba la emergencia de nuevas formaciones partidistas, la movilización activista de la sociedad civil y la reforma de una parte significativa de la normativa civil española.

Según la estimación más popularizada, en nuestro país se han desahuciado de sus viviendas a casi 600.000 familias entre 2008 y 2014. La cifra procede de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que parece estar sólidamente fundamentada. Pero, en realidad, se trata de un dato que debe ser ampliamente enmendado: primero, porque no todas las ejecuciones hipotecarias terminan en desahucio (técnicamente, en “lanzamiento”, pues el término desahucio se reserva para los alquileres); segundo, porque no todas las ejecuciones hipotecarias recogidas por el CGPJ afectan a la vivienda habitual de personas físicas (el resto se refieren a segundas viviendas, sede de personas jurídicas, locales comerciales, garajes, oficinas, trasteros, naves, solares o fincas rústica).

Por ejemplo, de las 80.749 ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014, sólo 34.681 afectaron a viviendas habituales, según el Banco de España; y, de ellas, sólo la mitad concluyó en la entrega judicial de la vivienda: la otra mitad acabó en una entrega voluntaria del inmueble al banco a cambio generalmente de una dación en pago. Dicho de otro modo, de las 80.749 ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014, únicamente una quinta parte —alrededor de 17.000— implicó el lanzamiento judicial de una vivienda habitual. Si trasladáramos ese mismo porcentaje a todas las ejecuciones hipotecarias acaecidas en España entre 2008 y 2014, la terrorífica cifra de 600.000 familias desahuciadas durante la crisis quedaría rebajada a menos de 125.000.

Hasta aquí, sin embargo, nos estamos moviendo con datos y cálculos bastante conocidos aunque poco divulgados. La novedad ha llegado esta última semana con la publicación por el CGPJ del número de ejecuciones hipotecarias en el año 2015: 68.135 ejecuciones, el menor número desde 2008. De hecho, si solamente tomamos el segundo semestre de 2015, las ejecuciones descienden a 30.520, cifra incluso más baja que la del segundo semestre de 2008, cuando se ubicaron en 34.698.

Pero, de nuevo, la cifra de 68.135 ejecuciones hipotecarias no recoge la auténtica imagen del número de entregas judiciales de una vivienda habitual. Según el INE, sólo 30.334 ejecuciones hipotecarias afectaron en 2015 a una vivienda habitual, de modo que, a falta de conocer los datos definitivos, muy probablemente sólo unas 15.000 familias se vieron afectadas el año pasado por un lanzamiento judicial. Comparadas con las más de 19.300 que lo experimentaron en el año 2012, nos hallamos ante una importante caída del 22,5%.

Estamos, por consiguiente, ante la menor cifra de ejecuciones hipotecarias y de desahucios de toda la crisis económica, incluso inferior en algunos trimestres a las experimentadas en 2008. Pero estas buenas noticias —que, en 2015, hayan perdido sus viviendas menos familias que durante ningún otro año de la crisis económica— apenas ha encontrado eco mediático: las malas noticias se magnifican (600.000 familias han perdido sus hogares durante la crisis cuando, en realidad, han sido menos de 125.000); las buenas noticias (estamos regresando a los niveles de desahucios previos a la crisis) son omitidas.

La amenaza

La recuperación de la solvencia de las familias —plasmada en la caída del número de desahucios hipotecarios— también se está dejando sentir en el mercado de los alquileres. En Barcelona, el precio de los arrendamientos ya acumula varios años de subida y ello ha conducido a su alcaldesa, Ada Colau, a exigir la modificación de la normativa sobre alquileres para poder imponer controles de precios. Semejante medida sería, sin embargo, un absoluto error. La práctica totalidad de la profesión económica coincide en que el control de los precios de los alquileres sólo tiende a agravar los problemas que, presuntamente, pretende solucionar: es decir, en lugar de facilitar el acceso de las familias a un arrendamiento urbano, lo dificulta. Imponiendo límites máximos a los alquileres sólo se consigue que el número de viviendas en régimen de arrendamiento se reduzca todavía más y que dejen de construirse nuevos inmuebles para alquilar: menos oferta y tanta (o más) demanda, sólo conduce o a precios mayores o —si no es posible subir precios— a la cartilla de racionamiento.

Más incertidumbre

Tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, España sigue sumida en una intensa incertidumbre institucional que se refiere no sólo a quién gobernará, sino sobre todo a qué clase de políticas se adoptarán desde el nuevo gobierno. El socialdemócrata acuerdo PSOE-Ciudadanos distaba mucho de ser el programa económico ideal para España: incrementaba el gasto, subía impuestos, machacaba a los autónomos, incumplía el déficit y revertía algunos aspectos clave de la reforma laboral. Sin embargo, tenía una indudable virtud: no era un programa que generara pánico entre los inversores ni que fuera a detener en seco la recuperación. Es decir, aunque podía ser mucho mejor, también podía ser infinitamente peor. Ahora, empero, regresamos a la casilla de salida: la posibilidad de que el PSOE termine pactando con Podemos y alumbre un itinerario populista-socialista para España sigue muy presente y, en tal caso, la incertidumbre política no hará sino incrementarse. Recordemos que la incertidumbre experimentada hasta el momento ya podría habernos costado, según diversas estimaciones, hasta 0,7 puntos del PIB y cerca de 125.000 empleos. Y, por desgracia, todo indica que irá a más.

El buen ejemplo

Mercadona es una de las empresas punteras de España que, a pesar de su ya notable éxito, sigue creciendo. En 2015, la compañía anotó un incremento en sus ganancias del 12%, llevándolas hasta los 611 millones de euros. Se trata de una importante cifra de la que no sólo salen directamente beneficiados sus propietarios, sino también sus trabajadores —la empresa repartió el año pasado primas de 277 millones de euros entre sus trabajadores y contrató a 1.000 personas más— así como sus clientes —la facturación de la compañía creció un 3%, hasta los 20.800 millones de euros, gracias al superior valor que generó para los consumidores frente a sus competidores—. Pero de Mercadona no sólo cabe destacar su excelente desempeño, sino también el atinado juicio de su presidente, Juan Roig, quien durante la presentación de los resultados demostró entender las necesidades de las economías modernas cuando afirmó que “el sector privado gestiona mejor que el sector público” y que “cuanto menos sector público, mucho mejor”. Ojalá tomáramos nota en España.