España suele enorgullecerse de ser “un país de pymes”: no en vano, el 73% de los trabajadores está ocupado en una pyme, mientras que en la Unión Europea ese porcentaje desciende al 66%. Nuestros políticos enfatizan en todo momento la necesidad de discriminar positivamente a las pequeñas empresas mediante todo tipo de ventajas fiscales o regulatorias frente a las grandes empresas. Ningún mandatario osa hoy defender la “libre empresa” en general, como si dejar de complicarles la vida por igual a grandes y pequeños equivaliera a establecer extractivos privilegios en favor de las élites corporativas españolas.

Pero lo cierto es que no tenemos nada de lo que vanagloriarnos por ser un país mayoritariamente de pymes. Sin ir más lejos, las grandes empresas crearon 34.000 empleos durante el crítico período 2012-2014, mientras que el resto de la economía (pymes y autónomos) perdió 1,1 millones de puestos de trabajo. No sólo eso: el conjunto de las grandes empresas elevó ininterrumpidamente los salarios durante ese mismo período, mientras que las pymes lo redujeron.

Semejante asimetría no es fruto de la casualidad: las pequeñas empresas exitosas terminan convirtiéndose en grandes empresas, de modo que las compañías estancadas en el tamaño de una pyme son, en términos generales, las que no han sido lo bastante buenas como para crecer. Ahora bien, lo que no es tan normal es que la densidad de pymes en España sea más alta que en Europa y, sobre todo, que nuestras pymes sean como media bastante menos productivas que las de nuestros pares europeos. Por ejemplo, el número de microempresas (compañías con menos de 10 trabajadores) asciende en España al 40,5% de total, mientras que en Alemania es menos de la mitad (19,5%). Más preocupante todavía, sin embargo, es que la productividad de un trabajador en una microempresa alemana es en promedio un 70% superior al de una española, mientras que entre las grandes empresas la brecha es inferior al 30%. ¿A qué se debe semejante rémora de eficiencia entre nuestras pymes?

Justamente, la Fundación BBVA publicó hace unos días un pequeño informe analizando esta cuestión: las pymes españolas carecen de capital humano y de capital financiero suficiente como para enfocarse en sectores de alto valor añadido, crecer aprovechando las economías de escala y resistir las fluctuaciones de una crisis. O dicho de otra forma, en España se crean tantas empresas como en nuestras economías vecinas, pero se crean en sectores de muy bajo valor añadido, con escaso potencial de expansión y con una estructura de financiación muy frágil. Todos estos factores provocan que, durante la fase expansiva de un negocio, la pyme apenas crezca e incremente sus contrataciones; y que, a su vez, durante las fases recesivas, muchas de ellas terminen desapareciendo (el 60% de las microempresas se volatilizan antes de cinco años).

Revertir esta situación, más allá de liberalizar la economía y dejar de penalizar absurdamente a aquellas personas que se lazan a crear riqueza para todos, requiere solucionar de raíz esas dos deficiencias de que adolecen nuestras pymes: insuficiente capital humano e insuficiente capital financiero. El remedio a la primera carencia pasa por abrir la educación a la empresa, esto es, permitir que nuestros centros de enseñanza se gestionen con visión empresarial y que se acerquen y cooperen con otras compañías instaladas en el mercado. El remedio a la segunda carencia consiste en potenciar el ahorro interno de los españoles para que puedan autofinanciar en mayor medida sus planes de negocio; y para ello nada mejor que adoptar esa mediada a la que todos los partidos son alérgicos: bajar impuestos. Si lo hacemos, nuestras pymes —y nuestro bienestar— florecerán.

Alza salarial

Los salarios medios crecieron en España un 1,7% durante el año 2015, lo que sumado a una deflación del 0,3% implica que los trabajadores vieron incrementar su poder adquisitivo en un 2% durante el pasado ejercicio. En otras palabras, España no sólo creó medio millón de empleos en 2015, sino que además los empleados vieron mejorar su calidad de vida. Ciertamente, la imagen estadística sobre nuestro país se aleja bastante de aquella que pretenden trasladar ciertos partidos políticos o medios de comunicación; mas no convendría echar las campanas al vuelo olvidando los riesgos que esta revigorizada alza salarial implica. Y es que lo habitual y deseable en toda economía es que los salarios medios se incrementen sosteniblemente una vez se ha alcanzado la situación de pleno empleo: nuestro país, por el contrario, todavía arrastra cifras de paro escandalosamente elevadas, lo que implica que cuanto más se incrementen los salarios, más se complicará la creación de nuevos puestos de trabajo. La crisis está lejos de haberse superado y, por agradables que puedan ser las alzas salariales, no habría que abusar de ellas.

A costa del contribuyente

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se incrementó durante 2015 en 37.000 millones de euros. Se trata del menor aumento de toda la crisis económica y, sobre todo, del primer año desde 2007 en que la ratio de deuda pública sobre el PIB se reduce gracias al crecimiento de nuestra economía: en concreto, pasó del 99,3% a finales de 2014 al 99% en 2015. Con todo, deberíamos ser cautos con estas aparentes buenas cifras. Primero, porque España sigue cargando con uno de los mayores déficits públicos de Europa; segundo, porque es dudoso que en 2016 logremos recortar ese déficit en línea con nuestros compromisos con Bruselas (debido a que son necesarios recortes presupuestarios adicionales de 10.000 millones de euros y ningún partido va a adoptarlos en la actual coyuntura); y tercero porque la deuda autonómica continúa incrementándose incluso en relación al PIB (no en vano, el año pasado casi el 70% de toda la deuda emitida fue autonómica), lo que coloca a muchos gobiernos regionales en una situación de asfixia financiera.

La amenaza

La nueva artillería de política monetaria impulsada por el BCE parece que no termina de convencer ni a propios ni a extraños. Por un lado, la agencia de rating Moody’s alertó a mediados de la semana pasada que las medidas del banco central únicamente contribuirían a debilitar y estrangular todavía más la rentabilidad del sistema financiero sin fomentar con ello un mayor concesión de crédito. Por otro, el presidente del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Jens Weidmann, también ha manifestado recientemente sus reticencias al respecto. Según el alemán, el problema fundamental de Europa es la ausencia de reformas estructurales, y nada de ello se solventa con una política monetaria más agresiva. Desde España deberíamos tomar buena nota: en lugar de esperar que todo impulso adicional a la salida de la crisis provenga de fuera, deberíamos estar ahora mismo profundizando en las liberalizaciones que permitirían apuntalar y reforzar nuestro crecimiento económico.