Como le conté el lunes, la calificadora de riesgo crediticio Moody’s rebajó la calificación de Pemex al mínimo grado de inversión, un escalón antes del nivel de bono “basura”. Al mismo tiempo, rebajó la perspectiva de la nota del gobierno federal a “negativa” desde “estable”.

Criticamos aquí que una vez más, Moody’s llega tarde. A decir verdad, un bono de Pemex debería ser considerado ya como basura (junk) porque es una empresa que tiene más pasivos que activos y su situación empeora con el paso del tiempo. Está más que quebrada.

De seguir por este camino, parece cuestión de tiempo para una inevitable rebaja en la calificación del gobierno. Los riesgos fiscales se siguen sumando.

Por ejemplo, el lunes la misma calificadora puso también en perspectiva negativa a Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y a Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Aseguró que este cambio “refleja la perspectiva negativa de la calificación de bonos soberanos de México”. No hay duda.

Y es que la banca de desarrollo ha hecho un préstamo a Pemex por 15 mil millones de dólares para pagar a proveedores, que como le digo, no resuelve la situación de la petrolera, pero sí debilita en última instancia la fortaleza fiscal del gobierno.

Es como sacar dinero del bolsillo izquierdo del pantalón para que se meta en el derecho, que resulta que tiene un enorme agujero –Pemex-, por lo que entre más le ponga dinero el dueño de esa prenda –el contribuyente mexicano-, mayor será su pérdida.

Debería pues de dejarse de quemar dinero y todos los acreedores, sin excepción, asumir las pérdidas correspondientes a una empresa en quiebra.

Eso no sucederá por razones políticas, desde luego. El priismo no querrá enterrar a Pemex por el costo electoral que eso le significaría, pero a cambio, habrá otro coste: la posición financiera del gobierno se seguirá comprometiendo. Hasta las calificadoras lo saben.

Ahora bien. Se ha anticipado en los llamados Pre Criterios de Política Económica para 2017 que habrá un recorte adicional al gasto público por 175.1 mil millones de pesos. Qué bueno que lo haya, pero de nuevo, más allá de que será insuficiente para equilibrar el balance federal, no resuelve el agujero en el bolsillo que seguirá abierto. Son dos temas –el desbalance fiscal y el de la petrolera-, no uno solo, por más que la secretaría de Hacienda se empeñe en hacer como que el segundo tuviera remedio. Pemex es el tema de fondo, el más grave, y seguirá sin resolverse.

Por lo anterior, el juego de la debilidad financiera de México se llama “empresa productiva del Estado”, y entre más tardemos en atenderlo el costo será más alto. Por más que se reniegue, todos los caminos pasan por alguna forma de impago a acreedores, despido masivo de personal, eliminación de privilegios y por una carga adicional para nosotros los contribuyentes en el largo plazo, por desgracia.

Al final por decisión de los políticos, todavía quedará algo de Pemex, pero nunca volverá a ser lo que fue.

Así que de hecho, la calificación de Moody’s o cualquier otra de las “Tres Grandes”, es lo de menos. Siempre van tarde. El “bolsillo roto” es y seguirá siendo un enorme lastre que deberíamos soltar.