La sustracción de 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca ha permitido que los medios de comunicación revelen la existencia de miles de sociedades offshore ubicadas en los mal llamados “paraísos fiscales” cuyo presumible propósito es el de evadir las obligaciones tributarias en sus países de origen. La condena a semejante “ingeniería fiscal” ha sido cuasi unánime desde las tribunas políticas y periodísticas: todos se han rasgado las vestiduras por el escándalo que implica la existencia de acaudalados compatriotas que defraudan sus impuestos y que no contribuyen equitativamente al sostenimiento de los desembolsos consustanciales al Estado de Bienestar. Al final, pareciera que la única moraleja que cabe extraer de los papeles de Panamá se reduce a condenar la evasión tributaria: “los ricos”, como clase homogénea y compacta, no pagan lo que debieran y eso nos afecta a todos.

Sucede que este tipo de conclusiones amarillistas no sólo presupone demasiados axiomas discutibles (por ejemplo, que la inmensa mayoría de ricos se comportan de tal guisa o incluso que la objeción de conciencia tributaria no merece ningún tipo de encaje dentro de nuestro ordenamiento jurídico), sino que, sobre todo, contribuye a enmascarar la que sí debería constituir la principal lección a extraer de la noticia: que la mayoría de élites políticas están usando corruptamente las instituciones estatales para lucrarse a costa de sus ciudadanos, procediendo a lavar semejante expolio a través de testaferros interpuestos en las sociedades offshore.

Entre los papeles filtrados hasta el momento figuran jefes de Estado y de gobierno en el cargo (el presidente ucraniano, el Rey de Arabia Saudí, el presidente argentino o el presidente de los Emiratos Árabes Unidos), jefes de Estado y de gobierno pretéritos (el reciente ex presidente de Islandia, un ex presidente de Sudán y ex primer ministros de Georgia, de Irak, de Jordania, de Moldavia, de Qatar y de Ucrania), ministros y políticos variados (el ministro de Industria de Argelia, el ministro del Petróleo de Angola, el alcalde de Lanús en Argentina, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Botswana, el presidente del Congreso de los Diputados de Brasil, un ex presidente del Tribunal Supremo de Brasil, el ministro de Justicia de Camboya, el ministro de I+D de la República del Congo, el gobernador del Banco Central de Ecuador, un ex ministro de Hacienda francés, el ministro de finanzas islandés, el ministro de Sanidad de Malta, un ex ministro de Economía de Palestina, el director del centro de inteligencia de Perú, un antiguo alcalde de Varsovia, el ministro del Interior de Arabia Saudí, un ex jefe de las fuerzas armadas de Venezuela, un ex director de la empresa pública venezolana de PDVSA, un ex embajador de EEUU en Zambia y diputados brasileños, congoleños, húngaros o ingleses), y amigos o familiares de políticos (un asesor político de los Kirchner, el contratista más cercano a Peña Nieto, la familia del presidente de Azerbayán, el marido de un diputado canadiense, un cuñado del presidente chino, una hija del ex premier chino, un hijo de Mubarak, un hijo de un ex presidente de Ghana, la viuda de un ex presidente de Guinea, un hijo de un vicepresidente de Honduras, un nieto del presidente de Kazajistán, un hijo del primer ministro de Malasia, el secretario personal de Mohammed VI, varios nietos del primer ministro de Pakistán, el amigo personal de Putin, un sobrino del presidente de Sudáfrica, un hijo de un ex presidente de Corea del Sur, una hermana del Rey emérito de España, la esposa de Arias Cañete, el padre de David Cameron o el hijo de Kofi Annan).

Evidentemente, no todos los que figuran en este listado no exhaustivo tienen por qué haber obtenido su fortuna de manera ilícita (robando a sus compatriotas), pero su cercanía y complicidad con el poder político sí debería extremar todas las alarmas (especialmente, en aquellos casos de inexplicable enriquecimiento exponencial, como sucede con el entorno de Putin). Meter en un mismo saco a todas aquellas personas que hayan usado el poder político del Estado para robar a sus conciudadanos —ya sea con la burda práctica de “meter la mano en la caja” o con estrategias más elaboradas como “venta” de concesiones legales— y a aquellas otras personas que, habiendo obtenido su fortuna de un modo totalmente lícito, han tratado de protegerla de la voracidad tributaria de nuestros Estados hasta el punto de acaso incurrir en un delito contra hacienda, es un error que sólo sirve para trasladar el foco del debate desde el parasitismo generalizado al que nos someten las actuales instituciones estatales extractivas a la mucho menos relevante problemática del fraude fiscal (ejecutado en muchos casos por los mismos hipócritas que no dudan en perseguir con toda la potencia del aparato represor del Estado a los ciudadanos particulares que osan desafiar su autoridad tributaria).

Lejos de preocuparnos por cómo podemos extraerles sus recursos a quienes los han generado lícitamente deberíamos tratar de evitar que los políticos nos los extraigan a nosotros. La lucha contra el fraude fiscal es la cortina de humo: la verdadera sangría, como los papeles de Panamá demuestran, es el vampirismo político.